México.- La dirigencia nacional de Morena envió este domingo una carta al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en la que le notifican la decisión de renunciar al 50 por ciento de las prerrogativas que recibirá durante el ejercicio presupuestal 2020, lo que equivale a 785 millones de pesos.

El dirigente del instituto político, Alfonso Ramírez Cuellar, detalló que el propósito es que esos recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación y posteriormente canalizados a la adaptación y equipamiento de hospitales, así como a la adquisición de medicamentos y de equipo de seguridad personal para la atención tanto de pacientes infectados por el Covid-19.

En este contexto, Ramírez Cuellar propuso un esquema para superar los estragos económicos y sociales que dejará la emergencia sanitaria por el coronavirus, mismo que incluye apoyos a las empresas con suspensión de algunas de sus responsabilidades y devolución de impuestos, para evitar su cierre y con ello pérdida de la planta productiva.

Esta medida se acompañaría con apoyos en efectivo a trabajadores no asalariados o que han perdido su empleo, y fortalecimiento a programas sociales que implican entrega de dinero a los sectores vulnerables.

En el Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional, Ramírez Cuéllar admitió que es necesario apoyar a las empresas, para mantener los empleos, pues según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), para enfrentar la crisis se requerirán recursos superiores a los incluidos en el Presupuesto 2020 por 16 mil millones de pesos, es decir, 0.06 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por eso propuso la suspensión de las aportaciones obrero patronales por tres meses, siempre que no haya ningún despido en la empresa que se adhiera a esa medida. Indicó que para el gobierno la caída de esos ingresos representaría 168 mil 097 millones de pesos (0.64 por ciento del PIB) y el gobierno tendría que absorber esa falta de ingresos.

Por ello, propuso la “devolución acelerada del IVA” a las empresas, con el fin de que tengan liquidez. Esto podría representar 553 mil 981 millones de pesos, cifra de 2019, según la Secretaría de Hacienda, pero se trata de un proceso anual que ya se encuentra contemplado, por lo que no implicaría una carga extra al gobierno.