Guerrero.- Ante la presunción de un quebranto financiero y el desorden administrativo al sistema educativo en Guerrero y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), diputados de Morena propusieron que se realice una investigación exhaustiva a partir de los años 1999 a 2019.

En la sesión de ayer, los diputados Norma Otilia Hernández Martínez, Luis Enrique Ríos Saucedo y Mariana Itallitzin García Guillén presentaron un punto de acuerdo turnado a comisiones para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y la Secretaría de la Función Pública realicen una investigación exhaustiva en el tema al sector educativo en Guerrero.

En tribuna, el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo sostuvo que las malas prácticas en el sistema educativo en Guerrero tienen su origen en el sexenio 1999-2005 (de René Juárez Cisneros), “caracterizado presuntamente por la irresponsabilidad en el manejo y control de las finanzas públicas, y por presuntos actos de corrupción, por prácticas de nepotismo, cohecho, influyentísimo y opacidad para favorecer con plazas o ascensos dentro del sector educativo de Guerrero”.

Las malas prácticas del gobierno de René Juárez, dijo, derivó en la mala distribución de los servicios magisteriales y dejó en ese periodo de gobierno un total de 7 mil 418 plazas y 25 mil 529 horas, sin techo presupuestal, “lo que puso y mantiene ahora, en situación de precariedad financiera al gobierno de Guerrero para ser oportuno en el pago de salarios de una gran cantidad de maestros”.

“El gobierno de esa época (de René Juárez) fue el que heredó a la administración entrante siete mil 418 plazas y 25 mil 529 horas sin base presupuestal”, afirmó.

El diputado sostuvo que al final del gobierno de Zeferino Torreblanca, en julio de 2011, una auditoría federal arrojó faltantes por ocho mil 200 millones de pesos sólo en el sector educación y salud, y la autorización de otras tres mil plazas para maestros sin techo financiero, según lo declaró el propio titular de la Contraloría de ese gobierno.

De acuerdo con el diputado durante la administración del gobierno interino de Rogelio Ortega, el entonces secretario de Finanzas y Administración declaró que había un faltante financiero por trece mil cincuenta millones de pesos.

“Destacando que el origen de este millonario pasivo venía desde el año 2001, cuando creció la cifra de plazas docentes a 12 mil 326 sin presupuesto. Problema financiero y presupuestal catalogado como histórico, al registrar un déficit de 13 mil cincuenta millones de pesos, de éstos, ocho mil millones correspondían a la SEG por las plazas autorizadas sin techo presupuestal”.

Debido a las irregularidades, dijo, ninguno de los funcionarios o servidores públicos de la época fue sancionado, “siguen impunes y peor aún, haciendo política e incrustados en el quehacer público”.

 Por lo que es necesario solicitar una investigación exhaustiva de lo sucedido, “dando muestra de congruencia a los principios que decidimos defender y promover: el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, que sirva como lección a los corruptos que nadie evadirá a la justicia”.

El exhorto a las secretarías federales para que realicen las investigaciones no fue presentado como asunto de urgente y obvia resolución por lo que fue turnado a comisiones unidas para su análisis.