El Consejo General del INE determinó sancionar al PVEM con 64 millones 380 mil pesos, al atender la queja interpuesta por los partidos de la Revolución Democrática y Morena por la difusión de propaganda a través de los denominados “cineminutos”.

De acuerdo con la resolución del consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dicha propagando podría representar un beneficio y donación en especie por entes prohibidos.

La falta expuesta en el proyecto consiste en que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibió de la empresa Rabokse una aportación por un monto de 21 millones 460 mil pesos.

Dicha aportación fue al contratar y pagar dicha cantidad de recursos a los cines en favor del partido político, lo que dio lugar a una sanción de 300 por ciento del monto involucrado al considerar que la falta fue grave y existió dolo en la conducta.

El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que al no acreditarse el flujo de dinero del PVEM hacia Rabokse, se está ante la aportación en especie de una empresa mercantil, ente prohibido expresamente por la ley.

“Lo que tenemos delante de nosotros es la acreditación de una donación en especie de un ente expresamente prohibido en la legislación electoral mexicana desde 1996, que es la prohibición que tienen las empresas de carácter mercantil de hacer donaciones a los partidos políticos”, enfatizó.

Posteriormente, en acatamiento a una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del INE ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral iniciar un procedimiento de investigación a los miembros del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

El procedimiento ordenado tendrá como objetivo analizar la conducta de los miembros del Consejo General del organismo electoral de Chiapas que convalidaron los registros de candidaturas pese a que resultaba evidente que los partidos políticos incumplían con los estándares constitucionales y legales de paridad de género.

El acuerdo aprobado ordena a la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto, para que durante la sustanciación del procedimiento, rinda un informe bimestral al Consejo General, a efecto de que el órgano colegiado dé cumplimiento a la sentencia.

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