México.- La reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, logró la madrugada de hoy los votos necesarios de los ayuntamientos del estado para avanzar hacia su publicación en el Periódico Oficial local.

Así, la norma legislativa regresará esta misma semana al Congreso para ser dictaminada y se turnará al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien de acuerdo con el último párrafo del artículo 34 de la Constitución Política de Baja California, no está facultado para hacer observaciones, y por lo mismo negar o vetar la publicación de la reforma constitucional aprobada en los términos del artículo 112 de la misma ley suprema del estado, tal y como el mandatario lo anunció ayer.

De acuerdo con abogados consultados  que pidieron anonimato, el artículo 112 ordena que la Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados, y por la mayoría de votos de los ayuntamientos.

Pero aclaró que, en beneficio de la participación ciudadana, las reformas o adiciones efectuadas a la Constitución “podrán ser sometidas a referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.”

Esa ley, precisaron los especialistas, es la de Participación Ciudadana de Baja California, que determina que el referéndum, proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a una acción de gobierno, en el caso aplica por tratarse de una reforma a la Constitución del estado que trasciende para la vida pública de la entidad.

Así, de acuerdo con la Facción II del artículo 29 de la citada ley, el 1.5% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del estado, que representaría la cantidad mínima de 42 mil 166 personas –el listado es de dos millones 811 mil 75 individuos– pueden solicitar al Consejo General del Instituto Estatal Electoral la realización de un Referéndum Constitucional Abrogatorio que tiene por objeto rechazar totalmente modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución del Estado.