El papel de la ciudadanía en la vida democrática de Guerrero no se circunscribe exclusivamente al ejercicio del voto en el proceso electoral. Es nuestra responsabilidad ser vigilantes del cumplimiento por parte de los partidos políticos y de las instituciones electorales de los compromisos jurídicos adoptados a nivel local, nacional e internacional en materia de derechos políticos de las mujeres, así como emitir recomendaciones a dichas instituciones con el objetivo de que adopten medidas tendientes a consolidar la democracia paritaria y la igualdad de género en el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

La observación electoral con perspectiva de género es un ejercicio ciudadano sumamente necesario para identificar las asimetrías de género que se presentan en el marco de los procesos electorales y el impacto que éstas tienen en sus resultados, así como para generar recomendaciones y construir nuevas agendas que deberán impulsarse desde la sociedad civil y desde la propia militancia de los partidos políticos.

En junio de 2014 la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Equipos Feministas, A.C., CIDHAL, A.C., la Red Macuixóchitl, A.C. y Mujeres de Tlapa, A.C., entre otras OSC’s, instalamos el Observatorio de la Paridad de Género y los Derechos Políticos de las Mujeres del Estado de Guerrero como resultado de un proyecto desarrollado ese mismo año mediante el que realizamos talleres regionales de capacitación multipartidaria a mujeres líderes locales en materia de derechos políticos y justicia electoral con perspectiva de género. Ese año logramos capacitar cerca de 240 ciudadanas militantes de diversos partidos políticos en la entidad. Debido a este esfuerzo, entre otros factores, desde la Red logramos impugnar el acuerdo emitido por el IEPC mediante el que se establecían las reglas para cumplir la paridad en el actual proceso electoral y del cual se derivó la histórica sentencia emitida por el TEEG que obligó a los partidos políticos a garantizar la paridad horizontal en las candidaturas para la integración de Ayuntamientos.

Los aspectos que ocupan el quehacer del observatorio son:

  1. Monitoreo del cumplimiento de la paridad de género en el registro de candidaturas a diputaciones locales y planillas de Ayuntamientos, así como el análisis del registro de candidaturas en distritos y municipios ganadores y perdedores.
  2. Análisis del impacto de la paridad de género en los resultados electorales, así como en la integración del Poder Legislativo Local y los Ayuntamientos.
  3. Monitoreo de casos de violencia política ejercidos contra mujeres precandidatas, candidatas y candidatas electas durante el proceso electoral.
  4. Fiscalización del ejercicio del 5% de los recursos públicos que reciben anualmente los partidos políticos, los cuales deben destinar para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en Guerrero.

Lo anterior favorecerá que como sociedad civil generemos información estadística y de análisis cualitativo que nos permita emitir recomendaciones a las instituciones electorales, partidos políticos y al poder legislativo para la adopción de medidas orientadas al fortalecimiento de la igualdad de género en el sistema electoral y el ejercicio pleno de los derechos político – electorales de las ciudadanas del estado de Guerrero, desde la perspectiva de género y la igualdad sustantiva, con base en el marco jurídico internacional, nacional y local de los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, tal parece que la clase política local de Guerrero no termina de comprender que la sociedad ha cambiado, que las mujeres hemos avanzado y que no hay marcha atrás. Cada vez que conquistamos un derecho, quienes conducen la vida política del estado se encargan de encontrar mecanismos para evadir y retrasar estos cambios democráticos. Aún están a tiempo de recapacitar y de reorientar sus prácticas hacia un horizonte más incluyente e igualitario, de ponerse las gafas violetas para dejar de ver a las mujeres como un mero botín electoral, y de comenzar a considerar la imperante necesidad de reconocerlas como sujetos políticos, como ciudadanas de igual valor humano.