México.- Familias víctimas de la masacre de Allende no aceptarán las disculpas que este jueves les expresarán Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila porque, pese a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no se ha cumplido con los compromisos.

“Hay familias inconformes que acudirán hoy a la plaza de Allende, Coahuila, para hacerle saber a la secretaria de Gobernación que no aceptan la disculpa, porque los tres puntos que incluye la recomendación emitida hace un año cuatro meses no se han cumplido”, explicó Ariana García Bosque, asesora jurídica del colectivo Familias Unidas del norte del estado en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Asimismo, la abogada informó que continúa la comunicación ante la Corte Penal Internacional, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se insiste que en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad: detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.

“Que fueron perpetradas por el aparato de Estado, es un ataque sistemático y generalizado contra la población, estamos denunciando a todo el estado”, explicó.

Añadió que la atención se concentró en Allende, Coahuila, pero del 18 al 20 de marzo de 2011, al mismo tiempo ocurrían ataques contra los habitantes de Piedras Negras y la región de Cinco Manantiales, conformada por Nava, Villa Unión, Allende, Morelos y Río Bravo.

La responsabilidad por las desapariciones recae en los mandatarios de aquellas fechas, dice la abogada, Humberto y Rubén Moreira, del 2006 al 2016 es el lapso de tiempo en que se agudizaron los ataques contra la población civil.

“Y el gobierno federal tiene participación porque en aquel momento las tropas de Marina y Sedena estaban aposentadas. Sedena, con esos operativos del Modelo Coahuila, donde intervenían elementos de la milicia, estatales y municipales, hacen presunta su participación en estos hechos. Hay una responsabilidad ascendente, son perpetradores y hay aquiescencia y pudieron tener participación directa”, explicó.

El trámite para esa denuncia sigue adelante, el siguiente paso sería que se pida a las autoridades mexicanas información sobre estos casos, cuando se entre a la etapa de investigación por parte de ese organismo internacional ubicado en La Haya, Holanda.

García Bosque también consideró que la CNDH se ha mostrado aletargada, dado que los hechos ocurrieron en el 2011, y no fue sino hasta marzo de 2018 que emitió la recomendación, que fue aceptada por el estado de Coahuila, pero no ha cumplido con los compromisos hacia las familias, una de las cuales tiene cinco personas desaparecidas.

En cuanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el resultado es lento también, sólo el 10 por ciento de las familias afectadas han sido atendidas, pero los apoyos tardan hasta cuatro meses en entregarse.

“No es posible que las víctimas tengan que llamar para que las atiendan. No se ha reparado ni el daño económico, ni emocional, ni psicológico”, indicó al explicar que representa a 25 víctimas de las 43 enunciadas.

Anunció que este jueves estarán alrededor de 80 personas integrantes del colectivo, irán vestidas de color morado, “porque es un reproche a la violencia, el color que nos distingue y las familias llevarán mantas e imágenes de sus seres queridos”.

Además, estarán familiares de los desaparecidos de marzo de 2011. García Bosque, por último, que el número de víctimas crece en Coahuila, porque las familias están comenzando a denunciar la desaparición y asesinato de sus familiares.

La abogada dijo por último que el primer visitador de la CNDH, será quien represente al presidente de este organismo en la ceremonia, en la que también estarán presentes autoridades estatales.