Colombia buscará una negociación directa con Nicaragua para un nuevo tratado que defina la delimitación marítima con el país centroamericano, luego de los fallos en su contra emitidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. La intención de Colombia de negociar con Nicaragua un nuevo tratado para delimitar la frontera marítima se trabaja desde 2014, cuando la CIJ emitió un primer fallo a favor de las demandas del gobierno nicaragüense. Con el segundo fallo del tribunal internacional a favor de Nicaragua, divulgado el jueves, la canciller María Angela Holguín reiteró que según la jurisprudencia colombiana “nosotros debemos buscar cualquier cambio en nuestros límites a través de tratados y eso ya lo estamos trabajando con Nicaragua”. El presidente colombiano Juan Manuel Santos en noviembre de 2012 y en septiembre de 2013 ya había advertido sobre las demandas que presentó Nicaragua en la CIJ para ampliar su frontera marítima que tiene delimitada con Colombia en el mar Caribe. Para el gobierno de Santos la única forma de cambiar los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua es a través de un nuevo tratado bilateral, según el ordenamiento jurídico colombiano, el cual tiene que ser aprobado por el Congreso y ratificado por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional colombiana emitió un fallo sobre una demanda del Pacto de Bogotá en 2014, en el que estableció que los límites de Colombia solo pueden ser modificados por un tratado internacional. El gobierno de Santos indicó que los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo los establecidos en el tratado Esguerra–Bárcenas de 1928, es decir, los límites anteriores a los fallos de la CIJ de La Haya. El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante La Haya alegando la invalidez del Tratado de 1928, reclamando la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés. El 19 de noviembre de 2012 la CIJ consideró que Colombia tiene soberanía territorial sobre las Islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y los cayos de Roncador y Quitasueño. Sin embargo, el fallo le entrega soberanía sobre una zona marítima importante a Nicaragua, sobre el meridiano 82, considerada una plataforma económica esencial para Colombia. Colombia tenía derecho de presentar ante la CIJ un recurso de revisión de dicho fallo, pero no lo hizo por recomendación del equipo de abogados del gobierno colombiano ante el tribunal de La Haya. Analistas en política exterior consideraron que el tema más sensible para Colombia es el relacionado con la pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, es decir, extender su lecho marino hasta aguas colombianas en la isla de San Andrés y Providencia. Notimex