#Suave Patria

Objeción de conciencia no debe ser obstáculo a derechos humanos: ONU

Piden se garantice plenamente el derecho a la salud, particularmente la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción legal y segura del embarazo.

Por Redacción, 2018-04-05 17:00

México.- El pasado 22 de marzo el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 10 BIS de la Ley General de Salud, la cual establece que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de los servicios de salud establecidos en dicha ley, salvo en casos en los que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

Las oficinas en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres); el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconocen que la objeción de conciencia se deriva de la interpretación del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. Sin embargo, las agencias de Naciones Unidas recuerdan que el ejercicio de este derecho bajo ninguna circunstancia debe representar un obstáculo para el acceso oportuno, aceptable, asequible y de calidad a la atención de la salud.

Por consiguiente, ONU Mujeres, UNFPA y ONU-DH lamentan que la reforma no haya previsto las garantías adecuadas para que los servicios médicos nunca sean negados, garantizando la referencia inmediata de quien requiere el servicio con otro prestador u otra prestadora que sí pueda suministrarlo, así como la contratación de personal no objetor en todas las instalaciones de atención médica. De igual forma, preocupa que la reforma no haya considerado que la objeción de conciencia debe ser siempre una decisión individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de los procedimientos médicos y que la misma debe ejercerse de forma justificada y anticipada, sin eximir a las instituciones públicas de sus obligaciones como garantes de los derechos humanos de las y los pacientes.

Lo anterior cobra particular importancia en el marco de las obligaciones que el Estado mexicano tiene de eliminar la discriminación en contra de las mujeres, incluidas las niñas, adolescentes y jóvenes, y garantizar su derecho a la salud, especialmente en lo relacionado con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, como lo establecen la Recomendación General número 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Observación General número 15 del Comité de los Derechos del Niño y la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo concedido por la negación de la interrupción del embarazo a una víctima de violencia sexual.

Incluso, en los últimos días el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU resaltó en las observaciones al Estado mexicano los problemas que en el país enfrentan las mujeres con bajos ingresos y pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

No considerar las precisiones anteriores, puede generar obstáculos sustantivos para que el Estado mexicano pueda atender los retos que persisten en materia de mortalidad materna, embarazo en adolescentes, violencia sexual e interrupción insegura de embarazos.

Por ello, las agencias firmantes instan a las autoridades competentes a que, de ser promulgada la reforma, en el desarrollo de la normativa posterior sobre objeción de conciencia a que obligaría la reforma legislativa, se garantice plenamente el derecho a la salud, particularmente la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción legal y segura del embarazo en los términos provistos por la ley, en el marco de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos y en concordancia con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano

#Suave Patria

Hacienda defiende incremento a “sueldazos” de personal de EPN

La dependencia señaló que la actualización de los tabuladores fue aprobado por el Congreso para el ejercicio de 2018

Por Redacción, 2018-07-19 16:58

México. Notimex.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó el incremento a los “sueldazos” de los colaboradores de confianza del presidente Enrique Peña Nieto se realizó conforme a las leyes y reglamentos en la materia se actualizaron los tabuladores de los servidores públicos correspondientes a 2018.

La dependencia dio a conocer en un comunicado los fundamentos legales para actualizar estos tabuladores, en relación con una nota periodística que refiere que mediante un oficio fechado el pasado 13 de junio se notificó a las dependencias de la Administración Pública Federal sobre este actualización, que considera como un “aumento a los salarios de la alta burocracia federal”.

La SHCP precisó que con esta información se sustenta la decisión, dentro de las normas legales, para la actualización de los tabuladores de servidores públicos, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Congreso para 2018.

De acuerdo con la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, refirió, dicho movimiento se realizó conforme se ha hecho en años anteriores, con fundamento en una serie de leyes y reglamentos.

“Las autoridades de la SHCP consideran relevante establecer que la actualización de los tabuladores fue aprobado por el Congreso para el ejercicio de 2018”, subrayó la dependencia.

Refirió que la Cámara de Diputados aprobó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) para 2018 que los incrementos salariales para los servidores públicos se sujeten a los recursos aprobados en los Anexos 7 y 25 del Decreto y tienen como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto a 2017.

Para efectos de ley, las dependencias y entidades solicitan autorización presupuestaria de la SHCP respecto de sus tabuladores, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Base V del artículo 127 de la Constitución, en la que se señala que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos (Art. 19, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018).

Finalmente, el oficio que comunica a las dependencias la actualización de los tabuladores de los servidores públicos se ha enviado cada año.

Por ejemplo, en el Oficio 307-A-1665 con fecha del 13 de junio de 2018, Tabulador de sueldos y salarios brutos del Presidente de la República y de los servidores públicos de mando y enlace de las dependencias y sus equivalentes en las entidades, y el Catálogo general de puestos y Tabulador de sueldos y salarios brutos de la Administración Pública Centralizada, niveles de transición con sus reglas de operación.

En el Oficio 307-A-3135 con fecha del 4 de septiembre de 2017, Actualización del Tabulador de sueldos y salarios brutos del Presidente de la República, los servidores públicos de mando y enlace de las dependencias y sus equivalentes en las entidades, el Catálogo general de puestos y Tabulador de sueldos y salarios brutos de la Administración Pública Centralizada, niveles de transición, correspondientes a los anexos 3A y 3D del Manual de percepciones 2017.

Asimismo, en el Oficio 307-A-1949 con fecha del 17 de junio de 2016, Disposiciones específicas para la aplicación del Tabulador de sueldos y salarios a que se refiere el anexo 3A del Manual de Percepciones 2016.

“De esta manera, las autoridades hacendarias consideran que existe un marco normativo claro sobre el tema, y que la actualización de los tabuladores se hizo conforme a lo estipulado por las leyes y reglamentos, dándose a conocer por los canales institucionales a todas las áreas del gobierno federal y considerando el impacto en el Presupuesto de Egresos 2018 que aprobó el Congreso”, subrayó.

#Suave Patria

Ciro Murayama, aficionado al ruido postelectoral, va contra AMLO

El consejero electoral aseveró que Morena cometió un fraude a la ley, porque usó una figura legal válida para un fin ilegítimo.

Por Redacción, 2018-07-19 15:49

México. Notimex.- Al referirse a la multa de 197 millones de pesos aplicada al partido Morena, el consejero electoral Ciro Murayama aseveró que éste incurrió en un fraude a la ley, porque usó una figura legal válida para un fin ilegítimo, de manera opaca, dolosa y de espaldas a la autoridad electoral.

Entrevistado en los programas radiofónicos de los periodistas Denise Maerker y Joaquín López-Dóriga, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que dicho fideicomiso recibió dinero en efectivo, decenas de millones de pesos de forma prohibida de empresas mercantiles, y lo gastó contrariando las normas del buen uso financiero de los recursos de los partidos.

Detalló que a partir de su constitución, el 25 de septiembre pasado en Banca Afirme, el INE detectó 78.8 millones de pesos como ingresos, de los cuales 44.4 millones fueron depósitos en efectivo, lo que también está prohibido para los institutos políticos.

El consejero electoral enfatizó que con esas acciones, el fideicomiso vulneró, incluso, las cláusulas de su propio contrato de creación, en donde se establece que no puede recibir dinero en efectivo, sólo transferencias bancarias o cheques; sin embargo, “en vez de rechazar ese dinero, que no se sabe quién puso, lo hicieron suyo y lo gastaron”.

Por ello, Murayama Rendón señaló que otras autoridades deberían involucrarse en el caso, a fin de saber de dónde salió el dinero, quién es la fuente de los depósitos; son ingresos que generan impuestos, por lo que “estamos dando vista al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

Asimismo, sostuvo que del fideicomiso se giraron cheques de caja a 70 personas por 64.5 millones de pesos, ninguna de ellas es un damnificado, son líderes del partido, trabajadores y candidatos y como es efectivo, ya no hay rastro en el sistema de qué se hizo con ese dinero.

#Suave Patria

PES pide anular elección presidencial que ganaron junto a AMLO

En un recurso para evitar peder el registro, Encuentro Social pidió esta medida pirómana.

Por Redacción, 2018-07-19 15:44

México.- A pesar de haber obtenido el triunfo en la elección presidencial con Andrés Manuel López Obrador, Encuentro Social presentó cuatro impugnaciones en las que solicita la nulidad de los comicios.

La secretaria General de Acuerdos, Cecilia Sánchez Barreiro, detalló que Encuentro Social solicita en dos juicios de inconformidad la nulidad de la elección bajo distintas premisas, debido a la forma en que se dio la votación en los 300 distritos electorales.

“Nos lo hacen valer, Encuentro Social, a través de las argumentaciones de juicio de inconformidad en distintas partes de sus demandas, donde se solicita la nulidad de la elección bajo distintos argumentos”, afirmó.

Agregó que, en otro de los casos, el mismo partido plantea una reconfiguración de la votación válida emitida para eliminar los sufragios que recibieron tanto los candidatos no registrados como los candidatos independientes.

Finalmente, la cuarta impugnación del PES corresponde al cómputo de uno de los distritos de Colima; sin embargo, en este caso se debe verificar que se presentara dentro del plazo previsto en la ley, ya que se presentó directamente ante la junta local y llegó hasta este jueves a la Sala Superior.

Dentro de las impugnaciones, también se incluyen una presentada por la asociación civil Yura Grupo Alameda A.C; así como una más de Marcela Dávalos Aldape que se ostenta como representante del Partido Democracia, y otra Mario Fabián Gómez Pérez.

Los magistrados deberán resolver las siete quejas que han llegado al Tribunal Electoral antes de proceder a emitir la validez de la elección presidencial y de poder hacer la entrega de la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador.