México.- Todo parece indicar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está utilizando los primeros años de su gobierno para sembrar las condiciones que lleven al país a aceptar una reforma fiscal.

Desde hace mucho tiempo, México ha necesitado implementar cambios que le permitan al gobierno recaudar más dinero público. Pero aumentar los impuestos es una decisión potencialmente impopular que ningún presidente en las últimas décadas se ha tomado en serio. México recauda actualmente solo 0,8 puntos más del PIB de lo que recaudaba en 1983. Es muy poco.

En los últimos meses, sin embargo, algunas decisiones de López Obrador están creando las condiciones necesarias para que sea la propia opinión pública o funcionarios de otros niveles de gobierno los que pidan el aumento de impuestos.

México tiene una larga deuda con el cobro de más impuestos a los a los más ricos y no solo a la clase media. Los ingresos del gobierno federal mexicano por concepto de impuestos son de apenas el 16,2 por ciento del PIB, menos que Bolivia, Nicaragua, Honduras y hasta que paraísos fiscales como Bahamas.

El origen de este problema no es nuevo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por más de setenta años, obtuvo la complacencia de las élites empresariales al limitar significativamente los impuestos que estas pagaban.

En esos mismos años, se desarrolló un sistema de simulaciones donde el gobierno mexicano decía proveer servicios públicos amplios, pero en realidad solo permitía que muy pocos los usaran. Existía acceso supuestamente gratuito a la salud por medio del Seguro Popular, pero el servicio solo cubría 66 enfermedades costosas. Se otorga educación superior aparentemente pública en universidades de alto prestigio, pero se rechaza a 9 de cada 10 aspirantes o postulantes por falta de cupo.

Veladamente, López Obrador está abriendo paso para que esta simulación se termine con tres políticas.

Primero, la centralización de recursos de los estados a la federación. Con López Obrador, los estados están recibiendo cada vez menos recursos. Esto está creando un incentivo brutalmente efectivo para que los gobernadores empiecen a cobrar más impuestos.

Apenas empezó el año, Baja California aumentó el impuesto a la nómina y permitió el aumento en el número de casinos que traerán mayor recaudación. Yucatán creó un gravamen ambiental y de seguridad pública. Oaxaca está discutiendo un aumento al impuesto del mezcal y Puebla, uno al hospedaje. Se reporta que al menos otras 8 entidades tienen cambios fiscales.

Segundo, la reasignación del gasto público hacia programas sociales e inversión energética. El presupuesto del gobierno de López Obrador ha dejado a múltiples instituciones encargadas de asuntos electorales y transparencia con muchos menos recursos para operar y, por tanto, con incentivos para apoyar una futura reforma fiscal.

Por último, otra forma en la que López Obrador silenciosamente ha creado condiciones para que se dé una reforma fiscal.