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«Obrador no sabe cómo investigar desapariciones», critica la CNDH

La desaparición de personas en México no se ha detenido y por el contrario, sigue en aumento en todo el país.

Por Redacción, 2019-04-19 13:26

México.- El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, aseguró que la desaparición de personas en México no se ha detenido y por el contrario, sigue en aumento en todo el país, con cerca de 30 mil personas desaparecidas, mil 306 fosas clandestinas halladas y tres mil 760 cuerpos o restos encontrados a la fecha.

“No hemos sabido como Estado mexicano implementar todas las acciones necesarias, no solamente para la atención integral de este flagelo, sino para erradicarlo y en reiteradas ocasiones he señalado que este es un problema complejo, difícil e indignante”, expresó.

Anotó que también es “doloroso, porque tanto el tema de la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, es correlativo al de las fosas clandestinas, en donde se han hallado restos óseos o cadáveres; por lo que se tiene que hablar de la necesidad de una política pública integral, que investigue y sancione a los responsables de las inhumaciones clandestinas”.

“Además, la violencia, impunidad, corrupción, y la inseguridad que se vive en varias regiones del país, son factores que sin duda alguna han propiciado e incidido en este fenómeno.

Los datos mencionados anteriormente fueron presentados en abril de 2017 a la opinión pública por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas clandestinas en México, que abarcó el periodo comprendido del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016.

“En éste se hablaba de poco más de 37 mil personas reportadas como desaparecidas, pero hace poco tiempo, las autoridades federales, incluyendo una autoridad de la Comisión Nacional de Búsqueda, el anterior comisionado (Roberto Cabrera Alfaro) señalaron 40 mil 180 personas desaparecidas”, manifestó.

El titular de la Primera Visitaduría General de la CNDH explicó que de abril de 2017 a la fecha que se dieron a conocer estos datos, se incrementó en más de tres mil personas el reporte de desapariciones.

La información oficial que remitieron las instancias de procuración de justicia sumaba 855 fosas, de las cuales se habían exhumado mil 548 cadáveres o restos óseos, pero además, varias hablaban de otros tantos miles de restos que habían sido en su momento exhumados, en relación con fosas clandestinas.

Además, se hizo una investigación hemerográfica, la cual evidentemente no coincide con los datos oficiales proporcionados en ese entonces para el informe, “que por cierto fue aleatoria, es decir, no abarcamos todas las notas periodísticas que hubiesen salido de todas las entidades que reportaban el hallazgo de una fosa clandestina”.

Precisó que en ese momento se hablaban de mil 143 fosas clandestinas, de las cuales se habían exhumado aproximadamente tres mil 230 cadáveres o restos humanos.

Al actualizar esa información hemerográfica, con un estudio del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2018, encontraron 163 fosas más, de las cuales se habían exhumado 530 cuerpos. Datos que reconoció, dan cuenta del gran problema que existe en las entidades.

Dicho reporte especial, comentó el primer visitador de la CNDH, contiene 104 propuestas para la atención integral de este flagelo, las cuales hoy en día se han anunciado por distintas instancias, particularmente por las federales con motivo del relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda.

En su momento éste fue dirigido a la Secretaría de Gobernación, a todas las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, al comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, a las legislaturas de los estados, y titulares de los ejecutivos de todas las entidades, entre otras autoridades.

“No obstante las voluntades políticas reiteradas en diversos momentos y de avances que existen particularmente en el marco jurídico de estos delitos hoy en día, no podemos dimensionar adecuadamente esta problemática, pero sobre todo, atenderlo de manera integral”, subrayó Eslava Pérez.

A pesar de que hoy en día subsisten investigaciones ministeriales, el grave problema que se ha identificado es que éstas no son homogéneas, apuntó.

«Ttienen deficiencias desde dilación, falta de información a los familiares, revictimización a muchas de ellas, así como varias irregularidades en su integración, lo que se traduce en un problema estructural en materia de procuración de justicia y particularmente a nivel de las entidades federativas.

Sin duda alguna, mencionó, «los resultados obtenidos como Estado mexicano no son satisfactorios, el mejor ejemplo son las observaciones que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ha formulado en relación con este tema».

«Para dimensionar la situación en que se encuentra el país, a más de un año que se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, muchos de sus ordenamientos no se han llevado a la praxis, es decir, que no se ha materializado su contenido propiamente».

Agregó que teniendo que haberse instalado todas las comisiones locales de búsqueda, una en cada estado, hoy todavía existen 19 entidades federativas que no han instalado su Comisión de Búsqueda, y aunque la gran mayoría de las Fiscalías Especializadas ya se instaló, todavía hay algunas que faltan.

“Tenemos nueve entidades que no han instalado la comisión local de víctimas y se dirá: víctimas y comisión local de búsqueda. Claro que hay una relación entre una ley y la otra, una complementa a la otra, de tal suerte que hoy estamos frente a un problema complejo, insisto, y difícil de atender, en el que no se debe escatimar esfuerzo alguno para su atención”, resaltó.

Destacó la labor realizada por los colectivos de familiares que es muy importante y digna de reconocimiento, a pesar del dolor enorme que representa la pérdida de sus familiares, han encontrado fosas clandestinas, se han exhumado de ellas restos óseos, pero ahora uno de los problemas más graves es poder identificar esos restos.

En este sentido, comentó que se tiene que capacitar a todos los que van a operar, desde luego la Ley en la materia, que sin lugar a dudas, en días recientes el presidente Manuel López Obrador anunció el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y mencionó que se iban a canalizar todos los recursos necesarios para atenderlo.

Eslava Pérez anotó que es un mensaje que desde luego anima y fortalece, por lo que espera que todo esto se pueda plasmar en la praxis, y que esto se vea reflejado en los trabajos realizados en campo.

Además de que se haga el cruce de información, se cotejen con los restos óseos encontrados y pueda eventualmente llegarse a la identificación forense mediante servicios periciales autónomos.

Expresó que es importante que la voluntad política -se vea reflejada en canalizar recursos necesarios para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables- de las autoridades federales, pero particularmente de las entidades porque ahí se concentra el mayor número desaparecidos, y son cerca de 30 mil.

Agregó que es importante que quienes van a operar esas leyes e integrar las comisiones locales de búsqueda, deben de estar capacitados para afrontar esas investigaciones, profesionalizar a quienes van ser los responsables, los encargados de aplicar esa ley general y atender la problemática sobre la identificación forense.

“En el informe damos cuenta desde Aguascalientes hasta Zacatecas, desde Baja California hasta Yucatán. Desafortunadamente ya es un problema muy serio, en algunos estados más acentuado que en otros”, puntualizó.

Como parte de la conferencia matutina del pasado 4 de febrero, el gobierno federal detalló que en el país se registran a la fecha más de 45 mil desaparecidos, se tienen detectadas más de mil 100 fosas clandestinas, y hay 26 mil cuerpos sin identificar.

Durante la presentación del Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que en este 2019 se aplicará un presupuesto de más de 400 millones de pesos para búsquedas.

Añadió que como parte de la estrategia, se dio a conocer la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema de coordinación con todos los servicios forenses en el país.

Debido a la complejidad de este problema en México, las cifras oficiales no son precisas, van desde 30 mil a más de 40 mil personas desaparecidas hoy en día, sin embargo lo que sí es un hecho, es que los números no descienden, no se detienen, y es más, siguen en aumento.

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Senado advierte que austeridad de AMLO dañará a la burocracia

Un estudio destaca que las decisiones complementarias en materia de austeridad pueden afectar el proceso de adaptación de las organizaciones públicas a estas nuevas condiciones.

Por Redacción, 2019-08-24 16:05

México.- Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal promovidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían traer costos en términos de eficiencia y eficacia gubernamental si no se corrigen las posibles distorsiones derivadas de su implementación, destacó en un estudio el Senado.

Por ejemplo, la investigación sostiene que la implementación de la austeridad se debe acompañar de un diagnóstico claro de la situación de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que permitiría garantizar el funcionamiento de éstas e imprimir una mayor legitimidad política a estas medidas.

El texto advierte que los cambios administrativos no deben perder de vista la necesidad de cumplir a cabalidad con la generación de bienes y servicios públicos, aspecto que puede verse comprometido a partir de decisiones sobre realizar recortes presupuestarios que parecieran arbitrarias.

En el estudio titulado El alcance de los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Senado destaca que las decisiones complementarias en materia de austeridad pueden afectar el proceso de adaptación de las organizaciones públicas a estas nuevas condiciones, en las que algunas dependencias o entidades tendrán nuevas funciones o donde deberán asumir la coordinación de actividades que, en el pasado, eran competencia de otra organización.

La reducción de la plantilla laboral pareciera ser una medida cuya instrumentación se plantea como homogénea, sin que exista un diagnóstico organizacional que permita identificar las necesidades particulares en materia de recursos humanos que se requieren para el cumplimiento óptimo de las funciones encomendadas a cada dependencia o entidad.

El documento señala que es importante reflexionar sobre las decisiones relacionadas con la ampliación o modificación de atribuciones entre las dependencias y entidades de la administración pública, cuya implementación tiene un componente político inherente que puede afectar los resultados.

​La eficacia en el combate a la corrupción, por su parte, recaerá en la capacidad que tengan las instituciones públicas para mejorar sus procesos y para reducir la discrecionalidad de las decisiones, así como en su complementariedad con las acciones promovidas desde el Sistema Nacional Anticorrupción.

Las reformas a esta ley, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se caracterizaron por perseguir tres propósitos principales: la adopción del valor de austeridad en el quehacer público, la reducción de la corrupción y la centralización de funciones, de acuerdo con una investigación realizada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.

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Narro acusa a Andrés Manuel de formar nuevas clientelas políticas

El expriista afirmó que México no va bien, el camino que se está siguiendo no es el conveniente y las cosas pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita.

Por Redacción, 2019-08-24 15:08

México.- José Narro Robles, exrector de la UNAM, dijo este mediodía que la forma como se conduce al país no es la pertinente. México no va bien, el camino que se está siguiendo no es el conveniente y las cosas pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita.

Al participar en la primera asamblea de la agrupación Futuro 21, en la que confluye el PRD, exmilitantes del PRI y de Movimiento Ciudadano, así como integrantes de organizaciones que difícilmente podrán lograr registro como partido político, el exfuncionario señaló que hoy menos que nunca, la forma de atacar los graves y añejos problemas de la nación, pueda ser el autoritarismo o la descalificación de quien piensa diferente.

Tampoco lo será la exclusión, el enfrentamiento o la amenaza, ni ayudará la formación de nuevas clientelas políticas, añadió el expriísta.

Narro Robles puntualizó que los riesgos que se corren por la forma como se conduce el país tienen múltiples dimensiones y sus efectos pueden ser severos. Pero lo más delicado tiene que ver con la fractura que se está gestando en la población. La historia demuestra que cuando la sociedad está dividida a México no le va bien, enfatizó.

En la reunión que se realiza en un conocido hotel de Reforma, dijo que tampoco es deseable el regreso del presidencialismo desbordado y del centralismo asfixiante.

A la reunión asistieron el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, la ex priísta Beatriz Pages, la ex candidata presidencial Cecilia Soto e Ignacio Pinacho, entre otros.

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Conapesca prohíbe la venta del sargazo

Según los reportes, un costal de cinco kilogramos alcanza precios de 300 a tres mil pesos.

Por Redacción, 2019-08-24 14:50

México.- Es ilegal la venta por Internet de sargazo del Caribe Mexicano, informó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Según los reportes, un costal de cinco kilogramos alcanza precios de 300 a tres mil pesos.

De acuerdo con Excélsior, Conapesca señala que solamente hay 37 autorizaciones vigentes para el aprovechamiento del sargazo, pero en Baja California y Baja California Sur en 82 embarcaciones.

Se otorgaron 37 permisos en el noreste del país, de los cuales 25 son para la pesca comercial del sargazo en tanto que 12 son para pesca de fomento, es decir, para estudio o investigación.

Y el caso que no se requiere ningún tipo de autorización, es cuando el sargazo se utiliza para autoconsumo.

Lo anterior quiere decir que cuando alguien lo recolecta en la playa para generar un abono orgánico de uso doméstico, pero sin fines de lucro.

Jorge Simental Crespo, secretario técnico de la Conapesca, señaló que las personas de sureste que quieran comercializar el sargazo deben pedir un permiso o concesión de pesca comercial.

El funcionario dijo al mencionado rotativo que el permiso es que esta actividad, a la par de que contribuye al saneamiento de las costas, se haga de manera legal, «como tiene que ser».

«Esto significa que soliciten su permiso de pesca correspondiente, y para ello se pedirá, por supuesto, la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura”.

En este sentido, ofreció los datos para solicitar un permiso de pesca comercial.

En tanto, del 1 al 19 de agosto, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México han recolectado de manera manual 12 mil toneladas de sargazo en 7 municipios de Quintana Roo.

Además, se han recogido de altamar 392.8 toneladas de sargazo, lo que representa 513.6 metros cúbicos.

Suman 69 mil 606 toneladas de la macroalga recolectada desde mayo.