México. Notimex.- Obtilia Eugenio Manuel, pertenece a la etnia Me'Phaa de Barranca de Guadalupe, municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero; ella recibió este martes de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019, por su lucha a favor de los indígenas, especialmente, las mujeres indígenas.

La galardonada por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dirige la Organización del Pueblo Indígena Me´Phaa (OPIM), creada en 2002 con el fin de defender las causas de las indígenas.

“En marzo de 2005 comenzó el movimiento de un grupo de mujeres indígenas de la etnia Na savi (mixteca), en la comunidad de Cochoapa El Grande, en la región de la montaña de Guerrero”, explica Karen Trejo en un artículo publicado en el portal Latice.org, al referirse a los inicios de la lucha por sus derechos en sus comunidades, de 150 mujeres encabezadas por ella y Eulogia Flores Vázquez.

La precariedad en que sobreviven los grupos indígenas y especialmente las mujeres sujetas a los usos y costumbres, llevó a la Premio Nacional de los Derechos Humanos a trabajar para cambiar la situación que observó siendo una niña.

"Vale la pena hacerlo por las mujeres y niñas. Yo quiero que se cambie la costumbre del maltrato hacia las mujeres y que se mejore su salud. Estoy contenta con lo que hago. El movimiento inició por parte de mi familia, yo viví ese dolor y me gusta trabajar por mejorar las cosas en mi comunidad. Sé que algún día se va a cambiar", compartió Obtilia Eugenio a Trejo.

Por ello, siendo una pequeña de 11 años de edad, su padre la envió fuera de la comunidad a estudiar la secundaria en Ayutla, para que aprendiera a leer y algún día trabajara para ayudar a transformar la precaria realidad de su pueblo.

A los 9 años, Eugenio Manuel fue testigo de la masacre en la comunidad El Charco -17 de junio de 1998-, cuando miembros del Ejército dispararon contra 11 campesinos de la región.

El 12 de febrero de 2019, la activista desapareció cuando viajaba en transporte público hacia Tierra Colorada, lo que obligó al gobierno de Guerrero, a ofrecer una recompensa de dos millones de pesos a quien diera información sobre su paradero.

El 13 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, hizo un llamado para esclarecer el paradero de Obtilia junto con Hilario Cornelio Castro, quienes habían recibido amenazas antes de ser desaparecidos. Por ello se organizó un operativo para su pronta localización.

Ellos encabezaron la defensa por las violaciones a 14 hombres indígenas a quienes esterilizaron sin su consentimiento en 1998, y denunciaron la tortura y violación a que fueron sometidas Inés Fernández y Valentina Rosendo, por parte de miembros del ejército en 2002.

Por su trabajo fue integrada a la protección de defensores de derechos humanos desde 2009.