México.- En marzo del 2018 los ojos del mundo se centraron en Lima, Perú debido a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski acusado de lavado de activos y colusión, en medio de una profunda crisis política cruzada por la corrupción y vinculada con el gigante de de construcción latinoamericana Odebrecht. Los expertos sostienen que esta compañía brasileña tenía el poder de paralizar la economía cualquier país, a través de la suspensión de los proyectos estructurales más importantes.

Antes de Kuczynski, el expresidente Ollanta Humala estuvo detenido más de ocho meses y, al igual que a su esposa, se le prohibió salir del país, tal como sucedió a Keiko Fujimori, también bajo el yugo de la investigación. Perú se disponía a solicitar la extradición del exmandatario Alejandro Toledo presidente entre los años 2001 y 2006, que había huido a Estados Unidos intentando evadir los cargos en su contra por su presunta implicación en el caso de colusión y lavado de dinero. Pero fue el suicidio del expresidente Alan García presidente en los periodos 1985-1990 y 2006-2011 lo que cimbró a la comunidad latinoamericana que, hasta entonces, miraba con fruición la caída de líderes corruptos.

De acuerdo a documentos publicados el pasado diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de Odebrecht admitieron haber pagado alrededor de 788 millones de dólares en sobornos, en 12 países de América Latina y África.

[caption id="attachment_336916" align="aligncenter" width="455"]Gráfica sobornos Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos.[/caption]

A pesar de que el gobierno de Rafael Correa en Ecuador expulsó del país a Odebrecht en 2008, confiscó los bienes y arraigó a sus funcionarios de mayor nivel tras fallos en la hidroeléctrica San Francisco entregada un año antes y licitada en el año 2000, rechazó la información de EU y se niega a procesar el caso hasta no obtener pruebas que lo sustenten.

Basta el ejemplo de Perú y Ecuador por estar en los extremos de la cuerda para darnos cuenta de los nocivos efectos, sin embargo, en el resto de los países afectados por la urdimbre de corrupción, las consecuencias de las investigaciones han afectado prácticamente a todos[1] y ha dejado una clara y vergonzosa muestra de la institucionalización de la corrupción en toda Latinoamérica, no obstante ha dado como resultado juicios y arrestos de políticos y funcionarios de alto nivel y vuelcos políticos insoslayables. Sin embargo, hay dos notables excepciones: México y Venezuela.

El eficiente limbo legal aplicado a todos los asuntos sensibles mexicanos, culminó con el despido del fiscal electoral Santiago Nieto, causando la indignación de la sociedad. Al parecer el nuevo gobierno de AMLO ha desempolvado las investigaciones del fiscal hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP y ha dispuesto una serie de medidas cautelares, aunque insuficientes, contra los responsables; entre ellos destaca el nombre de Emilio Lozoya Austin, quien ha sido inhabilitado para ejercer algún cargo público por 10 años, además del congelamiento de sus cuentas bancarias, toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que presumen ser derivados de actos de corrupción. La SFP ha anunciado una multa de 620 millones de pesos, aunque no queda claro a cuál de los funcionarios involucrados, como medida de resarcimiento por el mal uso de los recursos públicos. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para los mexicanos cansados de los abusos e ilícitos de los políticos.

Triangulación de recursos, empresas fantasmas, ocultamiento de cuentas con movimientos bancarios  millonarios, encubrimientos, nepotismo, evasión y deslinde de responsabilidades son parte del lenguaje de la corrupción con la que nos hemos tenido que familiarizar a golpe de desmenuzar las actividad de muchos de nuestros funcionarios. Odebrecht ha negociado con los países afectados proveyendo información para crear un minucioso mapa de las redes que involucran a funcionarios, obras y montos que componen en oprobio nacional. Los mexicanos sabemos que es tiempo de limpiar la casa, necesitamos conocer esa información, aunque tal vez no encontremos muchas sorpresas.

A México le urge un golpe contundente contra la corrupción, un castigo ejemplar con penas de cárcel que descoloque la cimiente putrefacta sobre la cual muchos políticos, funcionarios, medios y empresarios han fundado sus emporios. A los mexicanos nos apremian castigos históricos contra el abuso y el despotismo, que nos haga sentir correspondencia entre las promesas de AMLO de acabar con la corrupción y el voto emitido con confianza y esperanza, tal vez a partes iguales.

Al nuevo gobierno de AMLO le hace falta determinación para asestar un golpe contundente y demoledor que se ajuste a su retórica, le urge ser recíproco con un pueblo noble y también hastiado, que confío en él. Y no, no es venganza, se llama justicia.

[1] http://redanticorrupcion.com/informes/como-afecta-el-caso-odebrecht-a-los-paises-de-america-latina/