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Omisiones de la FGE, prolonga sufrimiento de víctimas en Morelos

Familiares de personas desaparecidas que han padecido la negligencia de las autoridades protestaron para exigir que los responsables de que los cuerpos permanezcan hasta tres años sin identificar en el Semefo sean castigados.

Por Héctor Raúl González, 2018-01-12 15:33

Cuernavaca, Morelos.- La llamada pérdida ambigua que padecen familiares de personas desaparecidas es fomentada por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.
A pesar de que las denuncias de desaparición son iniciadas por familiares de forma inmediata, la Fiscalía General del Estado no toma muestras genéticas a los cuerpos sin vida que levanta el Servicio Médico Forense, por lo que es prácticamente imposible conocer su identidad y entregarlos a su familia.
La mañana de este viernes familiares de personas desaparecidas que han padecido la negligencia de las autoridades protestaron para exigir que los responsables de que los cuerpos permanezcan hasta tres años sin identificar en el Semefo sean castigados.
Uno de los casos es el de Jesús Hernández Maldonado, un joven que desapareció el 25 de marzo de 2014.
Su familia inició la búsqueda de forma inmediata y levantó las denuncias correspondientes.
Alrededor de 15 días después de la desaparición, los familiares de Jesús entregaron muestras de ADN a las autoridades de Morelos, de acuerdo con su hermana, Georgina Hernández.
El 24 de julio de ese mismo año el cadáver de Jesús fue localizado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Cuautla.
Fue hasta septiembre de 2017 cuando la Fiscalía informó que tenían en su poder el cadáver de Jesús.
Padecemos el dolor, la angustia de no saber en dónde están nuestros familiares, qué es lo que les están haciendo, si están bien o están mal, aunado a eso nos informan que los cuerpos permanecen en el Semefo de Cuautla por más, en mi caso por más de tres años.
“No es justo que nos estén haciendo eso, que sigan burlándose de nuestro dolor, ahorita en este momento lo que nosotros sentimos es odio, coraje, impotencia porque las mismas autoridades nos están haciendo esto, siendo que ellos son los que nos deben de ayudar a esclarecer nuestros casos y no están haciendo su trabajo como debe de ser”, dijo Georgina.
A pesar de la tragedia y el dolor que implica la muerte de un familiar para los deudos es mejor tener certeza sobre su paradero.
“En cierta forma nos da tranquilidad porque ya los tenemos, ya sabemos dónde ir a llorarles, ya no estamos con la preocupación de si les están haciendo algo, si los están martirizando, es un descanso para nosotros, obviamente el proceso sigue porque tenemos que saber quiénes son los responsables, pero si es un descanso a medias el que nos están dando”, expresó Georgina.
Casos como éste se repiten constantemente en Morelos.
Incluso ante la negligencia de la Fiscalía, colectivos de personas desaparecidas han conseguido que las fosas comunes utilizadas en la entidad para la inhumación de cadáveres no identificadas sean abiertas para tomar muestras de ADN y confrontarlas con los perfiles aportados por las familias.
Otro de los casos es el de Neida Lucía Salas, cuyo cadáver permaneció sin identificar un año y medio en las instalaciones del Semefo, a pesar de que la Fiscalía contaba con muestras genéticas de su familia.
“A mi hija la tuvieron en el Semefo durante año y medio también como desconocida. Desapareció el 26 de febrero del 2016, la levantaron en Jiutepec. Su cuerpo lo encontraron el 25 de junio del 2016 también
“El 26 de diciembre del 2017 lo entregaron, año y medio después”, expresó Lucía Salas, madre de Neida.
El principal argumento que las familias reciben de las autoridades es que el exceso de trabajo les impide tomar muestras de ADN a todos los cuerpos que llegan al Semefo.
“Que tienen mucho trabajo, que había mucho trabajo, que con las fosas de Tetelcingo, las de Jojutla y que había mucho trabajo, eso fue lo que me dijeron porque yo les pregunté ¿por qué después de año y medio me habían avisado?
“Es una impotencia porque después de que anda uno buscando y tanto sufrimiento y dolor… ella tenía un niño y él pregunta por ella, y no saber qué decirle a su hijo porque no sabíamos cómo estaba”, expresó Lucía.
Hasta la Fiscalía también llegó Piedad Campos, madre de Dalila, quien a sus 25 años de edad desapareció el 25 de febrero de 2016.
“Ella desaparece el 26 de febrero del 2016 y cuando ellos me avisan fue el 26 de diciembre del año pasado.
“A ella la encontraron en Yautepec y aseguraron el lugar a donde ella la tenían porque la mataron y la enterraron y las autoridades dicen que no podían identificar que era mi hija por el estado de descomposición en el que ella se encontraba.
“La prueba que me hicieron (de ADN) fue el 5 de junio del año pasado, nunca más antes me tomaron una prueba, ni a mi niño, ni a mí”, expresó.
Hoy, antes de ser recibidas por el Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, los familiares de víctimas exigieron que los responsables de estos casos sean llevados ante la justicia y castigados.
“Yo lo que pido es justicia porque no es justo que nos hagan esto, año y medio yo estuve , o más de año y medio porque casi los dos años fueron que mi hija estuvo desaparecida y yo no tenía ninguna noticia, ninguna respuesta por parte de las autoridades y yo lo que pido es que se nos haga justicia porque no es justo, mi hija me dejó un pequeñito y no es justo que nos hagan esto.
“Que las autoridades se pongan a trabajar y hagan su trabajo porque no sabemos cuántos casos más cómo este pues hayan pasado antes de nosotros, eso es lo que yo estoy pidiendo”, dijo Piedad Campos.
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Sentencian a 50 años de cárcel a 5 policías federales por secuestro

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó elementos de prueba contra los ex servidores públicos durante un juicio oral.

Por Redacción, 2018-11-18 15:29

México.- Un juez federal sentenció a 50 años de prisión a cinco ex elementos de la Policía Federal que fueron encontrados penalmente responsables del delito de secuestro agravado.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó elementos de prueba contra los ex servidores públicos durante un juicio oral.

Los ahora sentenciados fueron detenidos en 2017, en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra y fueron enviados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Después, el fiscal adscrito a la Seido acreditó la participación de los entonces servidores públicos, en el secuestro de dos víctimas, ocurrido en el Estado de México, por quienes solicitaron tres millones de pesos en efectivo a cambio de su libertad.

Los ex agentes son Moisés Montejo González, David Enrique Ferrer Galán, Erik David Arreola Pen, Rubén Juan Joaquín, Jorge Valencia Rivas.

También les fue impuesta una multa de ocho mil días, así como el pago de 100 mil pesos por concepto de reparación del daño a las víctimas.

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Ninis mujeres suman 3 millones; mientras que ninis hombres, 8 mil

La mayor parte de la población “nini” son mujeres entre los 14 y los 25 años, solteras y sin hijos.

Por Redacción, 2018-11-18 15:19

México.-México cuenta con 3.8 millones de jóvenes que no estudia ni trabaja, los llamados “ninis”; de los cuales, tres millones son mujeres y ocho mil son hombres.

Este sector de la población cuanta con programa sociales para su integración a actividades económicas y educativas por parte del gobierno; sin embargo, hasta el momento se ha atendido a 1.3 por ciento de los “ninis” totales del país.

En el estudio realizado por Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se destaca que la mayor parte de la población “nini” son mujeres entre los 14 y los 25 años son solteras y sin hijos, por lo que se pide que ellas sean prioridad en las políticas públicas dirigidas a este segmento.

El documento exalta que la población indígena femenina es más vulnerable ante este fenómenos social por lo que se deben de implementar políticas públicas óptimas para bajar este sector siga creciendo.

“Llama la atención que de este conjunto de jóvenes el mayor porcentaje son mujeres (27.59 por ciento) que viven en el medio rural, donde frecuentemente muestran un perfil socialmente más vulnerable en comparación con los hombres”, señala el documento “Caracterización del segmento de jóvenes que ni estudian ni trabajan en México, Segundo trimestre 2017-2018”.

El mismo estudio señala que entre 2017-2018 se ha incrementado los “ninis” en México, principalmente a hombres entre 14-25 años de edad.

Cabe destacar que el 50 por ciento de los ” ninis”, cuenta con estudios de secundaria; 1.1 millones de preparatoria; 500 mil con primaria y 250 mil con una carrera técnica o profesional.

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Aguinaldo debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre: STPS

Los empleadores deben pagarlo en efectivo o a través de medios electrónicos y aclaró que no está permitido hacerlo por medio de mercancías.

Por Redacción, 2018-11-18 15:08

México.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, aseguró que sin excepción alguna, los trabajadores de base, confianza, sindicalizados, eventuales, comisionistas, vendedores y semejantes deberán recibir a más tardar el 20 de diciembre el pago del aguinaldo, cuyo monto mínimo equivalente a 15 días de salario.

Destacó que los empleadores deben pagarlo en efectivo o a través de medios electrónicos y aclaró que no está permitido hacerlo por medio de mercancías, vales o cualquier otro signo representativo que sustituya la moneda.

Los patrones se encuentran obligados a cubrir este pago que “es un derecho irrenunciable y bajo ninguna circunstancia el patrón puede argumentar problemas para no pagarlo o reducir el importe del mismo”, asegur

Aquellos trabajadores que no tienen un contrato firmado o son eventuales, precisó, también tienen derecho a recibir aguinaldo, ya que la existencia de un contrato o de una relación laboral, se presume desde el momento en el que existe alguien que presta un trabajo personal y alguien que lo recibe.

Aclaró que al incumplir de forma completa o tardía, los patrones pueden hacerse acreedores a una multa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, una sanción de 50 a cinco mil veces el valor de las Unidades de Medida y Actualización que va desde los cuatro mil 30 hasta los 403 mil pesos.

“Existen instancias de gobierno que protegen los derechos laborales de las y los mexicanos. Para el caso en que no se pague el aguinaldo o se pague incompleto, o extemporáneo, las y los trabajadores pueden presentar su reclamo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, cuentan con el plazo de un año”, indicó el encargado de la política laboral del país.

En su intervención, la titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), Alejandra Negrete, afirmó que los trabajadores tienen un año a partir del 21 de diciembre para reclamar el pago de su aguinaldo.

Además presentó la campaña “Profedet defiende el pago de tu aguinaldo”, la cual se difundirá a nivel nacional y con la que se espera alcanzar más de 200 mil impactos.

“Aprovecho este espacio para invitar a todas y todos aquellos que requieran orientación con relación a este derecho a que acudan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en donde, de manera gratuita, ponemos a su disposición nuestros servicios ya sean vía telefónica, por correo electrónico, en redes sociales o bien de manera personal en nuestras oficinas”, enfatizó.

Para quienes requieran servicios gratuitos de asesoría y orientación con relación a la fecha o monto del aguinaldo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo pone a disposición los teléfonos 01 800 7172 942 y 01 800 9117 877 para toda la República Mexicana.

En lo que va de la presente administración, la Profedet ha otorgado para los trabajadores y sus familias más de 970 mil asesorías y orientaciones, cerca de 75 mil conciliaciones y ha interpuesto más de 97 mil juicios y presentado cerca de cinco mil amparos.

Así, dijo, la Procuraduría mantiene una eficacia de cerca de nueve de cada 10 juicios concluidos en favor de las personas trabajadoras y sus beneficiarias, con lo que se ha recuperado un monto mayor a los 13 mil millones de pesos.