Chilpancingo, Guerrero.- Al menos cuatro localidades damnificadas por las tormentas Manuel e Ingrid en 2013, no fueron apoyadas por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), debido a omisiones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Guerrero, reconoció el actual delegado José Manuel Armenta.

En entrevista, el funcionario federal detalló que se tratan de al menos cuatro comunidades de la sierra y La Montaña las que no están incorporadas al Fonden, pese a que sí fueron censadas, pero que “por alguna razón” no se incorporaron a los apoyos.

“Tan solo en la sierra y Montaña hay unas tres o cuatro comunidades que no se pueden incorporar porque es un sistema que se cerró hace tres años. Las comunidades fueron censadas, hubo dictámenes que no podían ser habitadas pero por alguna razón, que desconocemos, no fueron incorporadas al Fonden”, señaló el delegado.

Algunas de las comunidades que no han sido reubicadas debido a que no están incorporadas al censo federal, son el Fresno, Chicahuales y San Vicente, todas ubicadas en la parte serrana del municipio.

“Yo he ido directamente a las comunidades y les dije que no hay de otras; hay que esperar. No tenemos recursos para construir sus viviendas, no fueron censadas hace tres años y estamos haciendo las gestiones, no se pueden hace de un día a otro”, dijo.

Armenta Tello aceptó que el responsable de esta omisión es la propia delegación de la Sedatu en Guerrero, y reveló que existe un procedimiento administrativo abierto por el tema, aunque aclaró que éste es llevado directamente por el órgano interno de control por lo que desconoce cómo se encuentra el proceso.

“La omisión de SEDATU sí implica una responsabilidad legal pero eso no me corresponde a mí. Nosotros hacemos los señalamientos y el órgano interno de control hace los deslindes de responsabilidad”, explicó el funcionario.

Aunque el actual delegado de SEDATU no dio nombres sobre los responsables, cabe destacar que la dependencia que omitió censar a comunidades damnificadas estaba a cargo de Héctor Vicario Castrejón, actual diputado priista.

Entre otros temas, informó que no se han destrabado los problemas con las sanciones que puso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que continúan 22 desarrollos clausurados.

El delegado afirmó que es prioridad de la titular de la Sedatu, Rosario Robles que se pueden continuar los trabajos de la reconstrucción de Guerrero.

También mencionó casos como el del fraccionamiento el Mirador y Solomaiti en el municipio de Chilpancingo, así como Papagayo en Juan R. Escudero presentan fallas considerables en su construcción y adelantó que se buscan alternativas para reubicarlos.

“En el caso de El Mirador son 32 las casas que serán demolidas, todavía no tenemos fechas. En el caso de Solomaiti estamos analizando la factibilidad para ver cómo se comporta un manantial que está en la zona y de Papagayo nos están donando un predio y se analizará también el caso”, expuso.

A tres años de la devastación, continúan saliendo a flote las anomalías tanto de infraestructura como de omisión por parte de autoridades y empresas encargadas de ejecutar el plan Nuevo Guerrero, y que demuestran que en la entidad no se ha hecho lo más importante.

“Cuando yo asumí la responsabilidad de SEDATU no se habían hecho ni si quiera muchos trámites”, justifica Armenta Tello a tres años de la devastación de Guerrero.