México.- En un hecho histórico, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló que el Estado mexicano es responsable de desaparición forzada con participación de autoridades estatales presuntamente vinculadas a grupos de crimen organizado.

Los 18 expertos del Comité subrayaron que México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada de Christian Téllez en Veracruz en 2010.

Se trata de un dictamen publicado hoy en Ginebra, Suiza, sede del Comité. Ésta es la primera ocasión en que esta instancia internacional se pronuncia por un caso particular de desaparición forzada en México.

El dictamen está basado en el derecho internacional de los derechos humanos y se emite tras recibir una denuncia de familiares de una víctima de este delito.

De acuerdo a la denuncia, la víctima directa conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica (Veracruz) en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía intermunicipal lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola.

Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la víctima presentaron denuncias. La mujer identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado Los Zetas, de acuerdo a la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que representa a la familia de la víctima.

Los familiares de Téllez llevaron el caso ante el Comité debido a que las autoridades mexicanas “hicieron muy poco en términos de investigación”. El Comité de Derechos Humanos tiene el mandato de examinar violaciones de garantías fundamentales en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo, el Pacto fue ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo el 15 de marzo de 2002.

El Comité señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.

“Las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos”, señalaron los expertos.

Declararon que todos esos derechos humanos han sido violados por México en el presente caso. No se han practicado a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables, sentenció esta instancia internacional en su dictamen.

 “Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.

El Comité solicitó al Estado mexicano que informe dentro de 180 días sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.