México.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.
Después de una lectura minuciosa de la respuesta del Gobierno de México, la Oficina reafirma que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno mexicano en 2002 que estableció su oficina de país. Además, el informe se elaboró de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del Gobierno de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero de 2018.
El informe, “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, publicado el 15 de marzo de 2018, concluyó que hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente. Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que implementen las recomendaciones del Informe, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de estos eventos trágicos.
La Oficina insta también a las autoridades a que concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos que se describen en su Informe.
La Oficina seguirá de cerca los resultados de dichas investigaciones, particularmente considerando que hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable de las graves violaciones.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y su equipo en México reiteran que continuarán trabajando para la promoción y protección de los derechos humanos en el país.
