México.-Ante la fuerte crítica de los colectivos de victimas de graves violaciones a los derechos humanos; de organismos de la sociedad civil; así como la preocupación mostrada por los procedimientos especiales de la ONU, como el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; el grupo de trabajo sobre detenciones forzadas o involuntarias; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos y el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Senado de la Republica, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha convocado para esta semana, a un debate sobre la guardia nacional, como lo exigieron los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

La discusión de la minuta enviada por la Camara de Diputados al Senado para aprobar la Guardia Nacional, se realizará en parlamento abierto, para que participen tanto especialistas y organizaciones civiles, como victimas del delito y de violaciones a derechos humanos. La grave preocupación que existe ante el proyecto de Reforma Constitucional, es que la aprobación del documento, tal como fue avalado por los diputados “daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizada”.

Así lo manifiestan seis mandatos de la ONU que el pasado 4 de febrero del 2019 enviaron a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados, “en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, se incluye a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter y direción civil. Sin embargo, permanecen en el dictamen componentes del orden militar, tales como: el papel de los jefes del Ejército y la Armada en el liderazgo y el funcionamiento de la Guardia Nacional (´Junta de Jefes de Estado Mayor´); el reclutamiento, ascenso y entrenamiento de sus integrantes bajo mando militar; y la naturaleza tripartita de la institución, conformada por elementos de la Polícia Federal, Polícia Militar y Polícia Naval”.

Así mismo a los relatores y grupos de trabajo de la ONU les preocupa “la expansión de la jurisdicción militar para investigar y sancionar delitos cometidos por integrantes de una institución que se define como civil… También les preocupa la posibilidad de que las personas puedan ser detenidas en instalaciones militares”.

Por ello exhortan al Congreso de la Unión a que atiendan sus preocupaciones y recomedaciones en sus discusiones y deliberaciones con respecto a esta propuesta. Insisten en la necesidad de restringir al máximo la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente las funciones policiales de las funciones militares, así como garantizar la rendición de cuentas para las violaciones de derechos humanos cometidas por sus integrantes. Reiteran también su disposición para asistir al Estado Mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país.

Guerrero es uno de los Estados más militarizados de México, no solo por la estrategía implantada por el ex presidente Felipe Calderon Hinojosa, quién le declaró la guerra al narcotráfico al principio de su mandato, sino desde Luis Echeverría, que desde 1970 envió al Ejército para sofocar la guerrilla, generando una de las crísis más graves que se han vivido en el Estado con la desaparición forzada de centenas de personas que fueron detenidas por el Ejército y que hasta la fecha las autoridades no han investigado.

Estos crímenes se enmarcan dentro del periodo que se conoce como la “Guerra Sucia”. Lo más grave es que se mantiene un continuum de impunidad, porque persisten esas prácticas dentro de la estrategía bélica de la seguridad pública. Ha sido tan drámatica la situación que enfrentamos en la entidad, que los mismos familiares de víctimas y organismos civiles han tenido que litigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para denunciar al Ejército Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla; los casos de tortura sexual que cometieron contra Valentina Rosendo e Ines Férnandez y la tortura a la que fueron sometidos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera dos campesinos ecólogistas de Petatlán.

El caso del jóven Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua originario de Tlatzala, Municipio de Tlapa, que fue ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano en 2009 en un retén militar ubicado en Huamuxtitlan, se encuentra en proceso de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la negativa de las autoridades civiles de investigar a fondo a los miembros del ejército que fueron responsables de la ejecución de Bonfilio.

A pesar de que en agosto del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el inciso A de la fracción II del artículo 57 porque va en contra del artículo 13 de la Carta Magna, que señala que “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, en los hechos, y ahora con la nueva propuesta de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, se sigue expandiendo la jurisdicción militar, en detrimento de los derechos humanos de la población.

Por otra parte, el colectivo #SeguridadSinGuerra conformado por más de 300 organizaciones y personas que acompañan a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos (de la que forma parte Tlachinollan), el pasado 7 de febrero propusimos una alternativa de dictamen para la creación de la “Guardia Nacional Civil” que asegure que se trate de una institución civil. Partimos de que el problema de la inseguridad y la violencia que vive el país es sumamente grave, sin embargo, no compartimos la propuesta que envió la Cámara de Diputados al Senado para la aprobación de la Guardia Nacional, porque busca perpetuar la militarización de la seguridad y la vida pública, constitucionalizándola.

Estamos convencidos de que el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable, y basado en criterios de convencionalidad, tal y como lo estableció la (CoIDH) en la sentencia del caso Alvarado, que condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada de tres personas a cargo de elementos del ejército.

Por ello cualquier decisión debe darse dentro del marco constitucional vigente, de lo contrario continuaremos con una política de seguridad que escalará más la violencia y regularizará el paradigma militar de la seguridad pública que va a contracorriente del proceso de democratización de nuestras instituciones. Para que exista una seguridad duradera que ponga a los ciudadanos y ciudadanas con sus derechos al centro, deben existir controles claros sobre el uso de la fuerza por parte del estado, deben implementarse mecanismos de control constitucional y ciudadano, que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

Con el fin de avanzar hacía una verdadera justicia transicional y de combate a la impunidad, el colectivo #SeguridadSinGuerra ha planteado una propuesta alternativa al paradigma de la seguridad militarizada, tomando como eje siete elementos básicos, que abordan de manera integral los problemas de la violencia e inseguridad que se vive en el país.

Se plantea el respeto a la constitución vigente y los tratados internacionales. La adopción de medidas excepcionales, como el uso del ejército en tareas de seguridad pública, solo a partir de los mecanismos ya previstos, tomando como referencia los artículos 29 y 119 de la constitución que hablan de la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías, ante casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública…” donde será necesario disponer de las fuerzas armadas como un caso excepcional y extremo.

Por otra parte, en el artículo 119 se habla de casos de “invasión o violencia exterior”, “sublevación o trastorno interior”, donde el Ejecutivo federal podrá intervenir con el apoyo del ejército, para solucionar estos casos con los que no puede lidiar las autoridades locales. El texto hace alusión a eventos inéditos de naturaleza política y no a un rebasamiento de las instituciones de seguridad pública, como ahora está sucediendo.

Otro eje importante es la reconstrucción del sistema nacional de seguridad pública. Hay la necesidad de convertir este sistema en una institución que funcione con una perspectiva de Estado; que construya políticas de seguridad basadas en evidencia; y que impida seguir repitiendo modelos de seguridad fallidos. Es importante crear un organismo nacional que centralice los procedimientos del desarrollo policial de las corporaciones Municipales, Estatales y de la Policía Federal.

Debe de tener como referencia los estándares definidos en la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y cuyos componentes son: carrera policial, profesionalización, certificación integral, régimen disciplinario y sistema complementario de seguridad pública. Un cuarto eje es la profesionalización de las policías civiles.

Cualquier esquema o cuerpo de seguridad debe ser de mando y disciplina civil, como lo establece el marco constitucional vigente y el derecho internacional aplicable. Un quinto eje es la elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública. Este plan debe contemplar a cada entidad federativa y a los mismos municipios, para calendarizar una ruta crítica sobre el regreso de las fuerzas castrenses a las atribuciones que le corresponden conforme al artículo 129 constitucional, para garantizar la normalidad democrática. Se debe también legislar sobre el uso de la fuerza.

Actualmente nuestro marco jurídico no está listo para la adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de la seguridad, ya que no existe una ley sobre el uso de la fuerza que regule los supuestos en lo que ésta puede emplearse conforme a los más altos estándares internacionales. Un último eje sería el establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad. Ante la multiplicidad de las violaciones a derechos humanos y los violentos crímenes de la delincuencia, que han dejado miles de víctimas, se requiere transitar a una fiscalía autónoma, independiente y profesional.

También se requiere la creación de un mecanismo internacional complementario para hacer frente a la impunidad, con el fin de sumar capacidades técnicas y dar visibilidad a las redes de corrupción que están arraigadas en el sector público.

Una demanda muy sentida por los colectivos de víctimas es la creación de una comisión que les permita conocer la verdad de lo ocurrido como una forma de reparación. Las organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas estamos preparados para dar el debate en el Senado de la Republica, sin embargo, se requiere voluntad política para escuchar en su justa dimensión las propuestas de una sociedad agraviada.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes al Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el cual tendrá el objetivo de que la economía del país crezca a niveles del 4% anual, es decir, duplicar el 2% anual al que, en promedio, crece el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien encabezará dicho Consejo, señaló que esto se logrará con la integración de los sectores público, privado y social; y que estará integrado por las secretarías de Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Economía, Energía, Hacienda, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Trabajo y Turismo.

En total serán 60 miembros, una comisión consultiva, comités regionales y por temas de actividad, con lo que se busca el impulso de pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir y desarrollarse.

“Me encomendaron, cito textualmente al presidente, ‘promover la convergencia del sector publico privado y social para salir del estancamiento económico que significa crecer a una tasa de apenas 2 por ciento en más de 30 años'”, expresó Alfonso Romo.

López Obrador agradeció a los empresarios el apoyo y respaldo y se comprometió a “trabajar juntos, vamos a poner siempre por delante el interés general, el interés de la nación. Yo sé que ustedes quieren mucho a México”.

“Somos de los países con menor crecimiento en el mundo y esto no se justifica, porque tenemos mucho potencial”,manifestó AMLO.

Al evento en Palacio Nacional asistieron Carlos Slim, Olegario Vázquez Aldir, Ricardo Salinas Pliego y Miguel Alemán Magnani, además del titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón.

México.- Jesús Galindo Calderón era representante de un grupo de 300 vagoneros que trabajan en la Línea 2 del Metro entre la estación San Antonio Abad y Bellas Artes. De acuerdo con el diario El Economista, Galindo Calderón es desde diciembre director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, un organismo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

El diario cita el currículum entregado como respuesta a la solicitud de información pública 0102000003319 por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, Galindo Calderón estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la FES Aragón.

Expone que su experiencia laboral incluye asesorías a los legisladores capitalinos del PRD: Ricardo Benito Antonio León, Sergio Ávila Rojas y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, este último, designado secretario de Cultura.

Su currículum dice también que ha tomado diplomados de ciencia política impartidos por Enrique Dussel, Héctor Díaz-Polanco, John Ackerman y Juan Manuel Contreras Colín.

¿Cuál es su función en el Gobierno de la CDMX?

De acuerdo con la Constitución chilanga, tiene por obligación desarrollar la política pública y la normativa jurídica para la protección de los derechos de los pueblos y barrios originarios “y de su enorme patrimonio cultural”, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México.

El texto de El Economista cita a la página de remuneraciones al personal del gobierno capitalino, donde Galindo Calderón aparece como “Subdirector B”, con una remuneración mensual bruta de 81,600 pesos. En la respuesta 0102000003319 sobre el personal de estructura de la secretaría, fechada el 25 de enero, Galindo Calderón aparece como director con un sueldo mensual neto de 32,005 pesos. Y asegura que la Unidad de Transparencia de la secretaría la dirige su hermano Kevin Iván.

México.- Morena y su aliado, el Partido del Trabajo, aplicaron su mayoría y una vez que la oposición se levantó de la mesa de discusión del dictamen de Guardia Nacional, aprobó por mayoría la minuta enviada por los diputados, que ya incluye el artículo transitorio solicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, de acuerdo al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Eduardo Ramírez, ya se incluyó en la redacción del dictamen que se construye en la Junta de Coordinación Política el mando civil a partir de una coordinación y no una junta de comandantes, así como la temporalidad de 5 años para que toda la guardia quede conformada por civiles.

La oposición se levantó de los trabajos de la mesa, una vez que Morena le negó la solicitud para instalarse en sesión permanente de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, en aras de avanzar en los acuerdos que se construyen en una mesa paralela encabezada por el coordinador Ricardo Monreal y representantes de la Secretaría de Gobernación y el Jurídico de la Presidencia.

El dictamen fue aprobado por los senadores de Morena y el PT por unanimidad, una vez que la oposición le dio el quórum para instalar los trabajos.

En entrevista Ramírez Aguilar, aseveró que este dictamen no es definitivo y sufrirá cambios a partir de este momento, con la intención de buscar acuerdos que permitan votar una nueva redacción el próximo jueves.

Aseguró que hay un 70% de avances “en materia política” y ya se aceptó la temporalidad de 5 años y un mando estrictamente civil, pues se elimina la palabra “junta de comandantes” por coordinación, encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública.