México.-Ante la fuerte crítica de los colectivos de victimas de graves violaciones a los derechos humanos; de organismos de la sociedad civil; así como la preocupación mostrada por los procedimientos especiales de la ONU, como el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; el grupo de trabajo sobre detenciones forzadas o involuntarias; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos y el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Senado de la Republica, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha convocado para esta semana, a un debate sobre la guardia nacional, como lo exigieron los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

La discusión de la minuta enviada por la Camara de Diputados al Senado para aprobar la Guardia Nacional, se realizará en parlamento abierto, para que participen tanto especialistas y organizaciones civiles, como victimas del delito y de violaciones a derechos humanos. La grave preocupación que existe ante el proyecto de Reforma Constitucional, es que la aprobación del documento, tal como fue avalado por los diputados “daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizada”.

Así lo manifiestan seis mandatos de la ONU que el pasado 4 de febrero del 2019 enviaron a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados, “en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, se incluye a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter y direción civil. Sin embargo, permanecen en el dictamen componentes del orden militar, tales como: el papel de los jefes del Ejército y la Armada en el liderazgo y el funcionamiento de la Guardia Nacional (´Junta de Jefes de Estado Mayor´); el reclutamiento, ascenso y entrenamiento de sus integrantes bajo mando militar; y la naturaleza tripartita de la institución, conformada por elementos de la Polícia Federal, Polícia Militar y Polícia Naval”.

Así mismo a los relatores y grupos de trabajo de la ONU les preocupa “la expansión de la jurisdicción militar para investigar y sancionar delitos cometidos por integrantes de una institución que se define como civil… También les preocupa la posibilidad de que las personas puedan ser detenidas en instalaciones militares”.

Por ello exhortan al Congreso de la Unión a que atiendan sus preocupaciones y recomedaciones en sus discusiones y deliberaciones con respecto a esta propuesta. Insisten en la necesidad de restringir al máximo la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente las funciones policiales de las funciones militares, así como garantizar la rendición de cuentas para las violaciones de derechos humanos cometidas por sus integrantes. Reiteran también su disposición para asistir al Estado Mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país.

Guerrero es uno de los Estados más militarizados de México, no solo por la estrategía implantada por el ex presidente Felipe Calderon Hinojosa, quién le declaró la guerra al narcotráfico al principio de su mandato, sino desde Luis Echeverría, que desde 1970 envió al Ejército para sofocar la guerrilla, generando una de las crísis más graves que se han vivido en el Estado con la desaparición forzada de centenas de personas que fueron detenidas por el Ejército y que hasta la fecha las autoridades no han investigado.

Estos crímenes se enmarcan dentro del periodo que se conoce como la “Guerra Sucia”. Lo más grave es que se mantiene un continuum de impunidad, porque persisten esas prácticas dentro de la estrategía bélica de la seguridad pública. Ha sido tan drámatica la situación que enfrentamos en la entidad, que los mismos familiares de víctimas y organismos civiles han tenido que litigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para denunciar al Ejército Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla; los casos de tortura sexual que cometieron contra Valentina Rosendo e Ines Férnandez y la tortura a la que fueron sometidos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera dos campesinos ecólogistas de Petatlán.

El caso del jóven Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua originario de Tlatzala, Municipio de Tlapa, que fue ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano en 2009 en un retén militar ubicado en Huamuxtitlan, se encuentra en proceso de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la negativa de las autoridades civiles de investigar a fondo a los miembros del ejército que fueron responsables de la ejecución de Bonfilio.

A pesar de que en agosto del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el inciso A de la fracción II del artículo 57 porque va en contra del artículo 13 de la Carta Magna, que señala que “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, en los hechos, y ahora con la nueva propuesta de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, se sigue expandiendo la jurisdicción militar, en detrimento de los derechos humanos de la población.

Por otra parte, el colectivo #SeguridadSinGuerra conformado por más de 300 organizaciones y personas que acompañan a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos (de la que forma parte Tlachinollan), el pasado 7 de febrero propusimos una alternativa de dictamen para la creación de la “Guardia Nacional Civil” que asegure que se trate de una institución civil. Partimos de que el problema de la inseguridad y la violencia que vive el país es sumamente grave, sin embargo, no compartimos la propuesta que envió la Cámara de Diputados al Senado para la aprobación de la Guardia Nacional, porque busca perpetuar la militarización de la seguridad y la vida pública, constitucionalizándola.

Estamos convencidos de que el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable, y basado en criterios de convencionalidad, tal y como lo estableció la (CoIDH) en la sentencia del caso Alvarado, que condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada de tres personas a cargo de elementos del ejército.

Por ello cualquier decisión debe darse dentro del marco constitucional vigente, de lo contrario continuaremos con una política de seguridad que escalará más la violencia y regularizará el paradigma militar de la seguridad pública que va a contracorriente del proceso de democratización de nuestras instituciones. Para que exista una seguridad duradera que ponga a los ciudadanos y ciudadanas con sus derechos al centro, deben existir controles claros sobre el uso de la fuerza por parte del estado, deben implementarse mecanismos de control constitucional y ciudadano, que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

Con el fin de avanzar hacía una verdadera justicia transicional y de combate a la impunidad, el colectivo #SeguridadSinGuerra ha planteado una propuesta alternativa al paradigma de la seguridad militarizada, tomando como eje siete elementos básicos, que abordan de manera integral los problemas de la violencia e inseguridad que se vive en el país.

Se plantea el respeto a la constitución vigente y los tratados internacionales. La adopción de medidas excepcionales, como el uso del ejército en tareas de seguridad pública, solo a partir de los mecanismos ya previstos, tomando como referencia los artículos 29 y 119 de la constitución que hablan de la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías, ante casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública…” donde será necesario disponer de las fuerzas armadas como un caso excepcional y extremo.

Por otra parte, en el artículo 119 se habla de casos de “invasión o violencia exterior”, “sublevación o trastorno interior”, donde el Ejecutivo federal podrá intervenir con el apoyo del ejército, para solucionar estos casos con los que no puede lidiar las autoridades locales. El texto hace alusión a eventos inéditos de naturaleza política y no a un rebasamiento de las instituciones de seguridad pública, como ahora está sucediendo.

Otro eje importante es la reconstrucción del sistema nacional de seguridad pública. Hay la necesidad de convertir este sistema en una institución que funcione con una perspectiva de Estado; que construya políticas de seguridad basadas en evidencia; y que impida seguir repitiendo modelos de seguridad fallidos. Es importante crear un organismo nacional que centralice los procedimientos del desarrollo policial de las corporaciones Municipales, Estatales y de la Policía Federal.

Debe de tener como referencia los estándares definidos en la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y cuyos componentes son: carrera policial, profesionalización, certificación integral, régimen disciplinario y sistema complementario de seguridad pública. Un cuarto eje es la profesionalización de las policías civiles.

Cualquier esquema o cuerpo de seguridad debe ser de mando y disciplina civil, como lo establece el marco constitucional vigente y el derecho internacional aplicable. Un quinto eje es la elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública. Este plan debe contemplar a cada entidad federativa y a los mismos municipios, para calendarizar una ruta crítica sobre el regreso de las fuerzas castrenses a las atribuciones que le corresponden conforme al artículo 129 constitucional, para garantizar la normalidad democrática. Se debe también legislar sobre el uso de la fuerza.

Actualmente nuestro marco jurídico no está listo para la adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de la seguridad, ya que no existe una ley sobre el uso de la fuerza que regule los supuestos en lo que ésta puede emplearse conforme a los más altos estándares internacionales. Un último eje sería el establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad. Ante la multiplicidad de las violaciones a derechos humanos y los violentos crímenes de la delincuencia, que han dejado miles de víctimas, se requiere transitar a una fiscalía autónoma, independiente y profesional.

También se requiere la creación de un mecanismo internacional complementario para hacer frente a la impunidad, con el fin de sumar capacidades técnicas y dar visibilidad a las redes de corrupción que están arraigadas en el sector público.

Una demanda muy sentida por los colectivos de víctimas es la creación de una comisión que les permita conocer la verdad de lo ocurrido como una forma de reparación. Las organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas estamos preparados para dar el debate en el Senado de la Republica, sin embargo, se requiere voluntad política para escuchar en su justa dimensión las propuestas de una sociedad agraviada.

México. Notimex.- La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso capitalino acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de colocar a la Ciudad de México en una situación de crisis en varios frentes como seguridad, soberanía y derechos humanos.

Al fijar la postura del PRI en la presentación del Primer Informe de la jefa de gobierno, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje aseguró que desde la Independencia e incluso en las épocas más oscuras, la ciudad ha sido vanguardia de derechos, pero en la actualidad está en la ruta del deterioro.

“Por más que se intente hacer un balance positivo de este primer año de administración, la realidad nos arroja un escenario de crisis en diversos frentes”, afirmó.

Consideró que esta crisis se expresa en un modelo clientelar de gobierno y la permanencia del paternalismo instalado hace más de 20 años en la ciudad, que en la actualidad resulta indefendible en la teoría e insostenible en la práctica, pues se requieren soluciones a los diferentes problemas.

“Los problemas metropolitanos han rebasado el viejo esquema de atenuar conflictos repartiendo dádivas y comprando voluntades, lo cual solamente hace al gobierno rehén de clientelas”, expuso.

Lerdo de Tejada Servitje señaló que en la forma de ejercer el poder, el actual gobierno de la ciudad no sólo es auxiliado, restringido y tutelado por el poder federal e incluso “parece que en la propia capital carecemos de una agenda y una visión autónomas para dictar y corregir el rumbo”.

“¿De qué sirve entonces la soberanía que los ciudadanos conquistaron para nuestra ciudad? ¿Qué sentido tiene nuestra libertad política si nos negamos a ejercerla? ¿Qué diferencia hace la nueva Constitución si no usamos los medios que otorga para gobernarnos por nosotros mismos?”, cuestionó.

En su opinión, en los últimos meses, en la ciudad se ha dado una combinación de inercias heredadas y decisiones tuteladas que han profundizado el deterioro de la ciudad.

Muestra de ello, dijo, es el tema de la seguridad, donde la ciudad lejos de ser el refugio para quienes huían de la violencia de otras entidades, “en los últimos años se ha convertido en una barbarie de la que los propios capitalinos quieren escapar”.

Reprochó que el homicidio se ha situado en máximos históricos y colocado a la ciudad en los primeros lugares nacionales de índices de robo a negocios y a transeúnte, así como con violencia, mientras la trata, extorsión y narcomenudeo no han dejado de crecer.

Dijo que los casos de secuestro, cuya crueldad ha estremecido a la ciudad entera, continúan destrozando vidas y familias y la capital está en los últimos lugares nacionales en el Índice de Estado de Derecho, resultado de la impunidad, ausencia de orden y deterioro de las libertades.

El priista expuso que en materia económica, el panorama en la ciudad es poco alentador, pues se registró el peor arranque de año desde la post crisis de 2009, así como una desaceleración en la creación de empleos y se redujo 30 por ciento el registro de nuevas empresas.

En movilidad, expuso, el actual gobierno privilegia el uso del automóvil y preocupa la falta de una política con visión de largo plazo, así como la capacidad de respuesta ágil y efectiva ante contingencias ambientales.

En derechos humanos, comentó que una muestra son las mujeres que además de feminicidios, abusos y hostigamientos que no cesan, cargan con instituciones que no las protegen y la revictimizan.

“Es inaceptable ser indiferente ante estas realidades; es inadmisible que haya funcionarios del gabinete más interesados por su imagen en redes sociales que por resolver los problemas sociales”, abundó.

Acusó al gobierno de Morena en la ciudad de ir en contra de lo pregonaban en su discurso progresista al promover la militarización de la ciudad y celebran el retroceso en el modelo de gobierno y pidió poner la razón por encima de la obstinación y la técnica y las capacidades al servicio de la ciudad y no de intereses políticos para revertir este deterioro.

México. Notimex.- La iniciativa de cobrar impuestos a las empresas de servicios digitales pretende dejar atrás el escenario de vacío legal, para alcanzar una equidad competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales, consideró The Competitive Intelligence Unit.

De acuerdo con la consultora, su operación en México, como en el mundo, aún no ha adecuado sus obligaciones tributarias y normativas con las del resto de sus competidores nacionales, por lo existe un escenario de competencia desleal e inequitativa para los productores y empresas de contenidos, circunstancia que menoscaba el desarrollo de la industria mexicana.

“Se han promovido recientes iniciativas parlamentarias y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que pretenden dejar atrás el escenario de vacío legal y laxitud normativa, para alcanzar una equidad competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales. Ello a partir, no de la creación de impuestos especiales o nuevos gravámenes, sino de la simple aplicación del IVA”.

Para la firma, el hecho implicaría una recuperación de recursos del erario público de tres mil 600 millones de pesos al año, que podrían destinarse a programas para la conectividad universal, monto que equivaldría a casi seis veces lo asignado al programa “Internet para todos” en 2019.

“Es momento de que dejemos el retraso fiscal para el mundo digital de siete años y el país se sume a la lista de naciones que han dedicado esfuerzos para encontrar un balance competitivo para la innovación, incentivos a la inversión y desarrollo de la industria nacional de contenidos audiovisuales”.

The CIU precisó que la oferta de plataformas y vías de acceso a contenidos audiovisuales se expande de manera acelerada y resulta en una creciente competencia por atracción y captura de audiencias.

De hecho, expuso, la creciente competencia por atracción y captura de audiencias se ha traducido en que la contratación en hogares de plataformas Over The Top (OTT por sus siglas en inglés) pasó de 1.6 por ciento del total, en 2011, a 24.8 por ciento en 2018.

“Son precisamente los jugadores del extranjero los que se han beneficiado de un marco fiscal y regulatorio que aún no considera su operación”, señaló.

México.- “En México todavía estamos a tiempo de contener el populismo porque se ha demostrado que, a su paso en países de América Latina y Europa, ha dejado muchos daños”, afirmó el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés.

 “Este fenómeno, lamentablemente, ha dejado muchos daños en muchos países y en México, tenemos que decirlo que hoy, todavía hoy estamos a tiempo de evitarlo, de contenerlo. Es importante decir que el populismo busca como su forma de subsistir el conflicto entre unos y otros, entre buenos y malos, enfrentándonos, polarizándonos”, destacó.

Durante su participación en el Conversatorio Internacional Entradas y Salidas del Populismo, organizado por las fundaciones Rafael Preciado Hernández y Konrad Adenauer, en el marco del 80 Aniversario del partido, señaló que los líderes de este fenómeno, de izquierda y de derecha, tienen en común presentarse “como los liberadores, como los salvadores, ofreciendo un camino de honestidad y casi siempre con discursos contra la política y los políticos”.

Ante representantes de Alemania, Argentina, Uruguay, España y El Salvador, Marko Cortés dijo que, hoy más que nunca, México requiere de los ojos internacionales y expuso lo peligroso que resulta el populismo para el país al mencionar varios casos de autoritarismo como la Ley Bonilla, ataques al Poder Judicial, atropellos en congresos de Veracruz y Quintana Roo, la imposición de jueces, la eliminación de programas sociales y los intentos de revocación de mandato.