México.-Ante la fuerte crítica de los colectivos de victimas de graves violaciones a los derechos humanos; de organismos de la sociedad civil; así como la preocupación mostrada por los procedimientos especiales de la ONU, como el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; el grupo de trabajo sobre detenciones forzadas o involuntarias; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos y el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Senado de la Republica, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha convocado para esta semana, a un debate sobre la guardia nacional, como lo exigieron los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

La discusión de la minuta enviada por la Camara de Diputados al Senado para aprobar la Guardia Nacional, se realizará en parlamento abierto, para que participen tanto especialistas y organizaciones civiles, como victimas del delito y de violaciones a derechos humanos. La grave preocupación que existe ante el proyecto de Reforma Constitucional, es que la aprobación del documento, tal como fue avalado por los diputados “daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizada”.

Así lo manifiestan seis mandatos de la ONU que el pasado 4 de febrero del 2019 enviaron a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados, “en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, se incluye a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter y direción civil. Sin embargo, permanecen en el dictamen componentes del orden militar, tales como: el papel de los jefes del Ejército y la Armada en el liderazgo y el funcionamiento de la Guardia Nacional (´Junta de Jefes de Estado Mayor´); el reclutamiento, ascenso y entrenamiento de sus integrantes bajo mando militar; y la naturaleza tripartita de la institución, conformada por elementos de la Polícia Federal, Polícia Militar y Polícia Naval”.

Así mismo a los relatores y grupos de trabajo de la ONU les preocupa “la expansión de la jurisdicción militar para investigar y sancionar delitos cometidos por integrantes de una institución que se define como civil… También les preocupa la posibilidad de que las personas puedan ser detenidas en instalaciones militares”.

Por ello exhortan al Congreso de la Unión a que atiendan sus preocupaciones y recomedaciones en sus discusiones y deliberaciones con respecto a esta propuesta. Insisten en la necesidad de restringir al máximo la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente las funciones policiales de las funciones militares, así como garantizar la rendición de cuentas para las violaciones de derechos humanos cometidas por sus integrantes. Reiteran también su disposición para asistir al Estado Mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país.

Guerrero es uno de los Estados más militarizados de México, no solo por la estrategía implantada por el ex presidente Felipe Calderon Hinojosa, quién le declaró la guerra al narcotráfico al principio de su mandato, sino desde Luis Echeverría, que desde 1970 envió al Ejército para sofocar la guerrilla, generando una de las crísis más graves que se han vivido en el Estado con la desaparición forzada de centenas de personas que fueron detenidas por el Ejército y que hasta la fecha las autoridades no han investigado.

Estos crímenes se enmarcan dentro del periodo que se conoce como la “Guerra Sucia”. Lo más grave es que se mantiene un continuum de impunidad, porque persisten esas prácticas dentro de la estrategía bélica de la seguridad pública. Ha sido tan drámatica la situación que enfrentamos en la entidad, que los mismos familiares de víctimas y organismos civiles han tenido que litigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para denunciar al Ejército Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla; los casos de tortura sexual que cometieron contra Valentina Rosendo e Ines Férnandez y la tortura a la que fueron sometidos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera dos campesinos ecólogistas de Petatlán.

El caso del jóven Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua originario de Tlatzala, Municipio de Tlapa, que fue ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano en 2009 en un retén militar ubicado en Huamuxtitlan, se encuentra en proceso de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la negativa de las autoridades civiles de investigar a fondo a los miembros del ejército que fueron responsables de la ejecución de Bonfilio.

A pesar de que en agosto del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el inciso A de la fracción II del artículo 57 porque va en contra del artículo 13 de la Carta Magna, que señala que “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, en los hechos, y ahora con la nueva propuesta de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, se sigue expandiendo la jurisdicción militar, en detrimento de los derechos humanos de la población.

Por otra parte, el colectivo #SeguridadSinGuerra conformado por más de 300 organizaciones y personas que acompañan a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos (de la que forma parte Tlachinollan), el pasado 7 de febrero propusimos una alternativa de dictamen para la creación de la “Guardia Nacional Civil” que asegure que se trate de una institución civil. Partimos de que el problema de la inseguridad y la violencia que vive el país es sumamente grave, sin embargo, no compartimos la propuesta que envió la Cámara de Diputados al Senado para la aprobación de la Guardia Nacional, porque busca perpetuar la militarización de la seguridad y la vida pública, constitucionalizándola.

Estamos convencidos de que el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable, y basado en criterios de convencionalidad, tal y como lo estableció la (CoIDH) en la sentencia del caso Alvarado, que condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada de tres personas a cargo de elementos del ejército.

Por ello cualquier decisión debe darse dentro del marco constitucional vigente, de lo contrario continuaremos con una política de seguridad que escalará más la violencia y regularizará el paradigma militar de la seguridad pública que va a contracorriente del proceso de democratización de nuestras instituciones. Para que exista una seguridad duradera que ponga a los ciudadanos y ciudadanas con sus derechos al centro, deben existir controles claros sobre el uso de la fuerza por parte del estado, deben implementarse mecanismos de control constitucional y ciudadano, que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

Con el fin de avanzar hacía una verdadera justicia transicional y de combate a la impunidad, el colectivo #SeguridadSinGuerra ha planteado una propuesta alternativa al paradigma de la seguridad militarizada, tomando como eje siete elementos básicos, que abordan de manera integral los problemas de la violencia e inseguridad que se vive en el país.

Se plantea el respeto a la constitución vigente y los tratados internacionales. La adopción de medidas excepcionales, como el uso del ejército en tareas de seguridad pública, solo a partir de los mecanismos ya previstos, tomando como referencia los artículos 29 y 119 de la constitución que hablan de la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías, ante casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública…” donde será necesario disponer de las fuerzas armadas como un caso excepcional y extremo.

Por otra parte, en el artículo 119 se habla de casos de “invasión o violencia exterior”, “sublevación o trastorno interior”, donde el Ejecutivo federal podrá intervenir con el apoyo del ejército, para solucionar estos casos con los que no puede lidiar las autoridades locales. El texto hace alusión a eventos inéditos de naturaleza política y no a un rebasamiento de las instituciones de seguridad pública, como ahora está sucediendo.

Otro eje importante es la reconstrucción del sistema nacional de seguridad pública. Hay la necesidad de convertir este sistema en una institución que funcione con una perspectiva de Estado; que construya políticas de seguridad basadas en evidencia; y que impida seguir repitiendo modelos de seguridad fallidos. Es importante crear un organismo nacional que centralice los procedimientos del desarrollo policial de las corporaciones Municipales, Estatales y de la Policía Federal.

Debe de tener como referencia los estándares definidos en la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y cuyos componentes son: carrera policial, profesionalización, certificación integral, régimen disciplinario y sistema complementario de seguridad pública. Un cuarto eje es la profesionalización de las policías civiles.

Cualquier esquema o cuerpo de seguridad debe ser de mando y disciplina civil, como lo establece el marco constitucional vigente y el derecho internacional aplicable. Un quinto eje es la elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública. Este plan debe contemplar a cada entidad federativa y a los mismos municipios, para calendarizar una ruta crítica sobre el regreso de las fuerzas castrenses a las atribuciones que le corresponden conforme al artículo 129 constitucional, para garantizar la normalidad democrática. Se debe también legislar sobre el uso de la fuerza.

Actualmente nuestro marco jurídico no está listo para la adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de la seguridad, ya que no existe una ley sobre el uso de la fuerza que regule los supuestos en lo que ésta puede emplearse conforme a los más altos estándares internacionales. Un último eje sería el establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad. Ante la multiplicidad de las violaciones a derechos humanos y los violentos crímenes de la delincuencia, que han dejado miles de víctimas, se requiere transitar a una fiscalía autónoma, independiente y profesional.

También se requiere la creación de un mecanismo internacional complementario para hacer frente a la impunidad, con el fin de sumar capacidades técnicas y dar visibilidad a las redes de corrupción que están arraigadas en el sector público.

Una demanda muy sentida por los colectivos de víctimas es la creación de una comisión que les permita conocer la verdad de lo ocurrido como una forma de reparación. Las organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas estamos preparados para dar el debate en el Senado de la Republica, sin embargo, se requiere voluntad política para escuchar en su justa dimensión las propuestas de una sociedad agraviada.

México. Notimex.- Los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) exigieron al Ejecutivo federal acciones inmediatas para atacar de lleno la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado y reducir la ola de violencia que aqueja al país.

La lideresa nacional de la Dirección Colegiada del PRD, Estephany Santiago Fernández, y el vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, coincidieron en señalar la urgencia de que se instrumente una estrategia que responda a esa demanda.

El vocero del PAN afirmó que para su partido la inseguridad ha sido y será el problema de mayor relevancia para su atención en este momento, tanto para el gobierno federal como el estatal y el municipal.

Por ello, urge una coordinación adecuada, pero sobre todo la definición concreta de los planes de coordinación entre todas las instancias, para atacar ese problema.

“Al gobierno federal se les están acabando los pretextos para atender este tema; la estrategia de seguridad hasta el momento, como la amnistía y dejar de perseguir algunos delincuentes no ha generado ningún resultado positivo, el aumento de los homicidios dolosos en todo el país así lo demuestran”, aseguró.

“La gente lo que quiere son hechos en concreto y no vueltas al pasado, se han acabado ya los culpables del pasado reciente e ir más lejos solo es distraer la atención. Hoy lo que urge es que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) hable menos y actúe más”, destacó.

Herrera Ávila recodó que desde el principio del actual gobierno federal, el PAN ha hecho llegar de manera puntual su posición respecto a ese tema y han planteado que se requiere el fortalecimiento de las policías estatales, de las capacidades municipales, y una adecuada coordinación de la federación, ya que es la mejor manera de atacar al crimen en el país, acabar con la violencia y la inseguridad.

Asimismo, consideró necesario conocer cuándo comenzará a intervenir la Guardia Nacional, y cuál es el plan concreto de capacitación y fortalecimiento de las capacidades locales.

“Es lo que estamos demandando al presidente, que lo haga y lo haga rápido y lo haga público… El plan para recuperar al país pasa por el fortalecimiento a las policías locales, con una adecuada coordinación con la Guardia Nacional o con el cuerpo que se haya generado para esta tarea auxiliar”, insistió.

Para la perredista Estephany Santiago Fernández, la estrategia que lleva el gobierno federal es inexistente, pues no se ven acciones reales, ni una política pública establecida para contener la violencia.

“Estamos buscando que exista una política pública real por parte del gobierno federal; si es necesario, nosotros estaremos velando por los derechos de los ciudadanos y buscando una propuesta, pero de manera inminente necesitamos una estrategia real que pueda combatir la violencia en el país”, expresó.

Reconoció que la violencia en México se ha mantenido desde hace mucho tiempo, pero ante el cambio de gobierno y las promesas no se ve una coordinación ni resultados.

“Es muy importante ver acciones reales por parte del gobierno federal, porque esto también tiene que ver con la falta de coordinación en los estados, donde también vemos que asciende la violencia”, concluyó.

México.- Entre la acusación de los opositores de que el gobierno federal desmantela instituciones, la Cámara de Diputados avaló con 290 votos a favor, 162 en contra y una abstención el dictamen para desincorporar del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), como empresa de participación estatal mayoritaria y ordenar su disolución y liquidación.

Entre pancartas con la leyenda “¡No se hagan gansos con la promoción turística!”, exhibidas por perredistas, la oposición criticó al gobierno federal por desmantelar instituciones que han servido y que ayudaron a que México se haya colocado en el sexto destino del mundo, generando empleos y divisas.

Argumentaron que el turismo aporta 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Hoy tenemos 22 mil millones de dólares de derrama económica y juega un papel fundamental como la tercera generadora de ingresos en este país”, explicó la priista Laura Barrera.

Su compañera de bancada, Margarita Flores, afirmó que hoy es un día triste para el sector turismo, pues desaparecer el CPTM refleja la ausencia de visión de una política pública en la materia en perjuicio de los mexicanos.

En la máxima tribuna, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que el turismo es una de las actividades motor de la economía que genera 3.7 millones de empleos directos e indirectos.

Al fundamentar el dictamen, la morenista Abelina López utilizó la tribuna para dirigirse al pueblo de México y argumentar que se destinaban 47.7 millones de dólares para el Cirque Do Soleil; 870 millones para la NFL; 212 millones para la Fórmula 1; 63 millones en 23 oficinas del CPTM en el extranjero, casi 60 millones de pesos se invertía a los tianguis turísticos, recursos que se pagaban con impuestos de los mexicanos.

Su compañera de bancada, Dolores Padierna Luna, planteó que el Consejo de Promoción Turística de México, como empresa de participación estatal mayoritaria, recibía la inversión del gobierno federal y las ganancias eran para la iniciativa privada.

Empero, el panista Sergio Fernando Ascencio Barba cuestionó que no se fundamentó la desaparición de dicho Consejo y aclaró que su financiamiento se genera a partir de un impuesto que pagan los turistas extranjeros que ingresan al país.

Asimismo, advirtió sobre el cierre de 23 oficinas en diferentes países para la promoción del turismo y afirmó que al gobierno no le interesa la promoción turística.

“Es lo más lamentable de las decisiones del gobierno de Morena y las ocurrencias del presidente López Obrador, desmantelar instituciones sin tener claridad y rumbo para definir políticas de Estado en sectores fundamentales para el crecimiento y desarrollo de este grandioso país”, aseveró.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Reyes Montiel expresó que desaparecer la promoción turística es un error que le costará al país porque es una mala decisión técnicamente que no generaría beneficios.

Advirtió que en el primer trimestre de la actual administración federal, cinco destinos turísticos registran una disminución de visitantes extranjeros.

Reprochó a la mayoría que desaparecieron Pueblos Mágicos, el Instituto Nacional del Emprendedor hoy el Consejo de Promoción Turística de México, será una mala decisión. “Ya se está reflejando en el ranking mundial del turismo”.

En su turno, la diputada Martha Angélica Zamudio Macias, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México es una medida pone en riesgo a una de las industrias más nobles e importantes, pues el gasto en promoción es una inversión.

Sin embargo, la diputada Marta Dekker, del Partido del Trabajo, explicó que al eliminar al Consejo, la promoción no desaparece, pues la seguirá haciendo la secretaría federal del ramo, que tiene esa atribución.

La morenista María de los Ángeles Huerta del Río señaló que en el México de la Cuarta Transformación no volverá a existir duplicidad de funciones ni subutilización de los recursos del pueblo ni que haya corrupción en el presupuesto de todos.

Agregó que el dictamen tiene como intención propiciar que el gobierno ejecute acciones más eficientes en materia turística y aclaró que la promoción turística no desaparece, “lo que desparece es la burocracia dorada”.

En lo particular, Morena y sus aliados también se impusieron para aprobar los artículos reservados para su discusión con 284 votos a favor, cinco abstenciones y 157 en contra.

México.- Urge destinar 27 mil millones de pesos de las reservas financieras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual en lo que va del año no ha recibido ninguna partida del Presupuesto de 2019, afirmó Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

En entrevista realizada en el Senado, donde asistió a la inauguración de la Semana de la Seguridad Social 2019, Ayala Almeida dijo que este martes, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, en una conversación dio cuenta de que “no hay prácticamente ni gasas, ni alcohol, ni jeringas, menos medicamentos”.

El dirigente de la FSTSE sostuvo que con 25% de las reservas financieras de la institución, de un total de 97 mil millones de pesos, se podrán atender las necesidades en quirófanos, el área de Urgencias, en cada centro hospitalario del ISSSTE, donde se resienten problemas por desabastos.

Este lunes, el director Normativo y de Administración y FInanzas del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, reportó en comparecencia en el Senado que el instituto está en riesgo de una “quiebra financiera”.

Ayala Almeida, en respuesta, sostuvo que “el ISSSTE se encuentra apuntalado financieramente, con una fuerza de 97 mil millones de pesos de reservas, lo que omitió decir aquí en el Senado el encargado de la administración de la propia institución”.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de la FSTSE pidió que aplique “un correctivo” a Zenteno Santaella, “por la ligereza e infundios” que expresó ante senadores.

Respecto al director de la Administración del ISSSTE, Ayala Almeida dijo que “todos los funcionarios nombrados por el gobierno federal, hagan a un lado prepotencias y no sean obstáculo para el buen funcionamiento de las instituciones”.

Por otra parte, señaló como origen del problema a que la Secretaría de Hacienda, en lo que va del año, no ha aportado recursos presupuestales programados para el ISSSTE por la Cámara de Diputados.

Se trata, afirmó, “de una irresponsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Se trata de la aprobación del Presupuesto de la Cámara de Diputados para el ISSSTE, no es para destinar dinero a una bóveda de banco”.