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OPINIÓN | Los intocables de Guerrero

El último testimonio del periodista guerrerense Cecilio Pineda Birto, difundido en su cuenta personal de Facebook, nos muestra cómo la muerte es una realidad inminente para quienes tienen el valor de denunciar el mundo siniestro del crimen

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2017-04-13 09:02

Tlachinolla, Guerrero.- El último testimonio del periodista guerrerense Cecilio Pineda Birto, difundido en su cuenta personal de Facebook, nos muestra cómo la muerte es una realidad inminente para quienes tienen el valor de denunciar el mundo siniestro del crimen que ha logrado enquistarse en el aparato gubernamental. La supremacía del poder que ejercen los jefes de la delincuencia los vuelve intocables. Están por encima del poder local y no hay autoridad que los obligue a rendir cuentas. La impunidad es la marca registrada que les otorgan los gobernantes para que sus acciones delincuenciales no tengan consecuencias penales. Lo ilícito adquiere la categoría de lícito. Los negocios ilegales se lavan y forman parte de las inversiones más prósperas. La economía criminal es la que hace rentable la muerte y los secuestros. En las regiones pobres los jefes no son los presidentes municipales ni los diputados, son los que tienen el control de la plaza, los que han subsidiado las campañas y tienen el control de los giros delincuenciales.

En palabras de Cecilio podemos decir: “Hay muchas cosas que no se entienden aquí en la región de la tierra caliente porque vemos como los mismos policías escoltan a las esposas de jefes de la delincuencia para llevarlas de compras a la cabecera municipal […] Hay 104 escuelas que siguen cerradas porque los padres de familia exigen que primero se detenga al “Tequilero” y sólo después podrán mandar a sus hijos a clases.”

Varios maestros que han sido secuestrados se mantienen firmes en su postura de no regresar a clases, hasta que el gobierno tenga bajo prisión al responsable de tanta desdicha y tanta sangre inocente que ha sido derramada. “Aquí nadie entiende por qué razón el gobierno no lo quiere detener (al tequilero) cuando todo mundo sabe dónde están sus guaridas. Por eso la gente se está organizando para defenderse, porque sabe que los mismos policías lo están protegiendo. Así como van las cosas seguirá habiendo más muertes y eso lo veremos en estos días.”

Esta premonición de Cecilio en su último viaje a San Miguel Totoloapan se consumó el 2 de marzo de 2017, a unas horas de su valiente testimonio. Es importante señalar que Cecilio contaba con medidas cautelares por parte del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dependientes de la Secretaría de Gobernación. A pesar de apelar a este recurso, Cecilio siempre vivió en el filo de la navaja. De nada le valió estar dentro de este mecanismo porque al final de cuentas la misma secretaría de gobernación le atribuyó la responsabilidad de su propia tragedia.

En esta misma región, el presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, fue asesinado a balazos el 23 de julio de 2016, cuando se trasladaba de San Lucas, Michoacán a la cabecera municipal de Ciudad Altamirano. Semanas antes el presidente había solicitado protección al gobierno federal, al sentir que los grupos de la delincuencia le pisaban la sombra. Ante el asedio no tuvo otra opción que llamar a los ganaderos para que se armaran e hicieran un frente contra crimen organizado. Cegaron su vida como la de tantos campesinos, maestros, comerciantes, jóvenes y mujeres, que en plena luz del día son asesinados impunemente.

Esta radiografía de la violencia tiene los mismos rasgos en la región de Chilapa donde diariamente los grupos del crimen se disputan el control territorial. Ajustan cuentas dejando cuerpos calcinados en los vehículos; tirando en bolsas cuerpos desmembrados; dejando una estela de asesinados y desaparecidos, como la forma más cruenta para causar terror a la población y demostrar la supremacía de su violencia.

Acapulco, Chilpancingo e Iguala conforman el corredor de la droga y de la muerte, son los campeones nacionales de la violencia. Acapulco ya no es el paraíso de fama mundial, sino el infierno. En este espinazo de la sierra madre del sur se han asentado más de 20 células delincuenciales que se han deprendido de las grandes organizaciones criminales que actualmente se disputan el trasiego de la droga. Su guerra ha dejado una cauda mortífera que desde el 2012 al 2016 ha arrojado un promedio de 6 muertos al día.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), en los primeros 65 días del 2017 ocurrieron en el estado 378 homicidios, el promedio de 6 al día. Tomando como referencia las notas del periódico “El Sur” en marzo se documentaron 200 personas ejecutadas, sumando un total de 554 durante los primeros tres meses del año. El municipio de Acapulco registró el mayor número de homicidios, sumando 86; 34 Chilapa, 16 Chilpancingo; 15 Zihuatanejo; 7 iguala y Coyuca de Benítez. Los municipios que forman parte de los 50 más violentos a nivel nacional.

El pasado martes, el Instituto para la Economía y la Paz publicó el Índice de Paz México 2017 donde informa que por cuarto año consecutivo “Guerrero es el estado menos pacífico del país”. El deterioro de la paz es atroz porque la tasa de homicidios ascendió a 62 muertes por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa nacional de homicidios se encuentra en 16.7 homicidios, igualando el nivel alcanzado en 2011, uno de los años más violentos a causa de la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico.

Las paradojas de este estado sureño es que, en la medida que aumenta el número de efectivos militares en las regiones más violentas, siguen al alza los asesinatos, los secuestros y la expansión de los grupos de la delincuencia. La desconfianza ha tocado fondo: los ciudadanos y ciudadanas prefieren negociar con las bandas de secuestradores que interponer las denuncias ante el órgano investigador. Existen regiones donde las comunidades no encuentran otra opción que pactar con el crimen y los mismos jóvenes no vislumbran otro horizonte que integrarse a las filas del sicariato.

En Guerrero las escuelas están cerrando, no sólo en la sierra, también en Acapulco, a cambio del negocio boyante del trasiego de la droga que ha transformado al estado en un enclave donde muchas niñas y niños, en lugar de que sus manos ejerciten con lápices de colores el mundo mágico de las letras, maniobran con el cúter para rayar “el maíz bola”. Este destino funesto ha hecho que en Guerrero el mar del pacifico sea en realidad el océano de la violencia que nos ahoga.

La historia regional ha registrado recurrentemente crímenes atroces que nos han colocado en el epicentro de la violencia: las represiones masivas; las matanzas de campesinos; las masacres perpetradas por el ejército; las ejecuciones de estudiantes; las desapariciones de los 43 normalistas. Torturas sexuales contra mujeres indígenas; decenas de familias desplazadas por la violencia; líderes perseguidos y encarcelados. Estado de cruces y fosas, donde los caciques siguen gobernando encompadrando con los jefes de la delincuencia. Son los personajes siniestros de Guerrero. Los intocables por sus tropelías. Los violentos que han adquirido el rango de jeques que gobiernan como señores feudales, imponiendo la ley del AK-45. Para hacer de Guerrero, el estado más pobre y menos pacífico.

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«Jueces corruptos malean la justicia en Guerrero»: Larumbe Radilla

El especialista criticó a los encargados de impartir justicia en el país, pues actúan por intereses personales o desde la ignorancia.

Por Elibeth D Nicolas, 2019-07-23 17:06

Guerrero.- “El sistema judicial, tanto en lo federal como en lo local, está muy mal, los jueces resuelven sin objetivismo ni razonamientos apegados a la justicia penal”, afirmó el abogado especialista en materia penal, Carlos Larumbe Radilla.

El jurista, entrevistado por Bajo Palabra en su despacho de Acapulco, exigió un cambio radical en el Poder Judicial del país y los jueces que trabajen bajo corrupción o con intereses económicos deben ser dados de baja, pues no cumplen con su función: contribuir a procesos penales justos.

Larumbe explicó que “la justicia nace desde que surge el hombre, pues nace libre, se reproduce libremente y esa es la justicia que a cada quien le corresponde”; sin embargo, en lo social, cuando el hombre convive dentro de una comunidad, “surge la necesidad de respetar las cosas ajenas, nace el derecho, por encima de lo cual está sólo la justicia.

“Ante la justicia y el derecho, –detalló– debe existir una situación y asuntos claves por los cuales los jueces deben resolver, pero con objetividad”.

Lamentó que tras la creación del nuevo sistema penal, ningún juez en Guerrero es capaz de resolver conforme a derecho, con objetividad, sin responder a intereses que los corrompen.

Criticó que el sistema penal federal desde su creación ha sido deficiente, mutilado y reformado en vano.

El jurista recalcó que es uno de los promotores del cambio en el sistema judicial, para que los jueces resuelvan con responsabilidad y no desde la ignorancia que, denunció, es como actúa el 90 por ciento de los jueces de control.

Por ello, dijo estar de acuerdo con la nueva ley que promueven, principalmente, diputados federales de Morena, para quitar de su cargo a los jueces carcomidos por la corrupción o que actúan para defender intereses ajenos a la justicia.

Larumbe Radilla criticó que ayer, en un evento de abogados, el senador Ricardo Monreal se saliera de contexto y abogara por sus intereses proselitista; además de convertir el encuentro en una pugna entre políticos que ansían llegar a la gubernatura de Guerrero, como fue el caso de Félix Salgado y Luis Walton.

El abogado señaló que la corrupción en el sistema judicial y las reformas para combatir este problema pasó a segundo término en el desayuno de abogados, que se convirtió en una pasarela de aspirantes a un cargo de elección popular.

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Campesinos se confrontan por bloqueos en La Montaña

Un grupo de Alcozauca que bloqueaba el puente de Ahuatepec fue encarado por otro de Copanatoyac por no dejar pasar a los tráileres que llevan el fertilizante.

Por Alejandro Ortiz, 2019-07-23 13:51

Guerrero.- Azuzados por la falta de atención de los gobiernos, campesinos de los municipios de Alcozauca y Copanatoyac, ubicados en la región Montaña, discutieron por el bloqueo que mantiene desde ayer un grupo de productores del campo, lo que ha provocado que los tráileres de fertilizante no lleguen a sus destinos.

Ayer por la tarde, campesinos de Alcozauca iniciaron un bloqueo en el puente de Ahuatepec Ejido, acceso principal al municipio de Tlapa de Comonfort, corazón de la Montaña alta de Guerrero.

La demanda de los campesinos es la entrega inmediata del fertilizante para los productores de esa zona, ya que en la mayoría de las regiones de la entidad se han comenzado las siembras.

Sin embargo, hoy por la mañana otro grupo de manifestantes del municipio de Copanatoyac, arribaron al bloqueo y pidieron al primer grupo de campesinos retirarse ya que por el bloqueo no había acceso de tráileres cargados con fertilizante que surtirán del insumo a esa región.

En el lugar, campesinos de ambos municipios intercambiaron palabras y amagaron con una confrontación mayor.

Según los campesinos de Copanatoyac, ya hay fertilizante llegando a la región, pero no puede arribar a los destinos debido al bloqueo.

Ambos grupos de campesinos permanecen en la zona y solicitan la intervención directa del delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

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«Fiscal incrimina víctimas sin respeto a la ley»: síndica de Acapulco

Leticia Castro le dio una cátedra derecho a Jorge Zuriel de los Santos tras violar el debido proceso.

Por Elibeth D Nicolas, 2019-07-23 13:11

Acapulco, Guerrero.- La síndica de Acapulco, Leticia Castro Ortiz, reprochó que las autoridades estatales ya llegaron a una resolución sobre el multihomicidio en el bar de Acapulco, Mr. Bar, cuando apenas se abrió una carpeta de investigación y ningún juez dio algún veredicto.

“Llama la atención que el fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, conozca los probables delitos y emita una sentencia respecto al acto criminal cuando apenas se está abriendo una carpeta de investigación”, detalló la funcionaria.

Reprochó la criminalización de las víctimas por parte de gobierno del estado, “cuando es responsabilidad de un juez determinarlo con base a un análisis de la investigación”.

La síndica explicó que el fiscal “ya está diciendo que fueron grupos armados; me preguntaría cómo, desde antes de la investigación, recién ocurridos los hechos, él ya comprobó qué grupos armados” fueron los que participaron por un ajuste de cuentas.

Tras el atentado que dejó cinco asesinados en el bar de Acapulco, el fiscal estatal, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, llegó a la conclusión de que el negocio era una guarida de extorsionadores y las víctimas eran parte de un grupo criminal contrario.

Critica corrupción y omisión en Reglamentos y Espectáculos

Castro Ortiz solicitó una investigación contra el responsable de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, Efrén Arellano, por permitir que Mr. Bar funcionaria ilegalmente.

También reprochó al actual encargado de la dependencia, Isaías Arellano Maldonado, por no clausurar a este negocio informal, que, además, recibió dos notificaciones entre mayo y junio por no respetar los horarios establecidos por la autoridad.