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OPINIÓN | Montaña, llena eres de esperanza

Es la primera vez que Tlatzala (lugar en medio de los cerros) recibía a una autoridad de la ONU.

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2017-11-14 09:36

Tlachinollan, Guerrero.- Los cohetes festivos despertaron Tlatzala, población Naua de 2000 habitantes. Desde semanas antes esperaban la llegada de la señora Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU: “Ojalá ella pueda hacer algo para que nos construyan la clínica que llevamos pidiendo por más de 20 años, o al menos lograr que el Centro de Salud sea acondicionado y cuente con los muebles y el medicamento necesario para atender a la población”, dijo uno de los pobladores de Tlatzala, al norte de Tlapa, Guerrero.

La regla de salud requiere de un mínimo de 2500 habitantes para construir una clínica en una comunidad, pero dado que Tlatzala cuenta con 500 habitantes menos, su derecho a la salud es vulnerado, junto con su derecho a la vida; así informaron habitantes a la experta internacional, que durante el sábado 11 de noviembre pisó la Montaña de Guerrero.

Con el ánimo comunitario, la población se organizó para éste arribo. El Comisario Municipal, estudiantes, la banda de viento y los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, joven Naua ejecutado extrajudicialmente por el Estado, y de Magdaleno Lauro, normalista desaparecido de Ayotzinapa (ambos originarios de Tlatzala) recibieron a la relatora y a la delegación que la acompañó durante su visita.

La madre de Bonfilio, sus hermanas y cuñada, desde un día antes comenzaron los preparativos de un mole rojo tradicional que ofrendaron a su visitante, junto con tortillas hechas a mano. “De aquí era Bonfilio, a quien el Ejército le arrebató la vida cuando tenía 29 años. Nos han tratado de comprar con 160 mil pesos, pero la vida de mi hermano no tiene precio. Estamos orgullosos de los logros que hemos alcanzado pero nuestra voz no cesará hasta lograr totalmente la justicia para mi hermano, dijo a la relatora José Rubio Villegas, hermano de Bonfilio, que con su madre y padre de avanzada edad se presentó con su esposa e hijos frente a la relatora de origen filipino.

Con curiosidad y energía chispeante, niñas y niños asomaban sus miradas a la cancha municipal que albergó a más de 300 personas. Es la primera vez que Tlatzala (lugar en medio de los cerros) recibía a una autoridad de la ONU.

“Las escuelas no cuentan con maestros/as ni materiales suficientes, los niños y niñas tienen que cruzar ríos para poder llegar a las de otros municipios por no contar con centros educativos en sus comunidades. La educación y material didáctico es en castellano solamente, lo que busca ir desapareciendo nuestra lengua”, advirtieron a Victoria Tauli-Corpuz, madres y padres de la comunidad Me´phaa de Buena Vista, Municipio de Atlixtac y de El Coyul, comunidad Ñuu Savi perteneciente al Municipio de Cochoapa El Grande, ambas comunidades se han organizado con sus autoridades tradicionales para exigir al Estado la garantía del derecho a la educación para niñas y niños indígenas.

Con miradas determinantes y sonrisas inigualables, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú colocaron sobre la relatora collares de cempasúchil como distinción, y para anunciar el gozo y alegría que su visita impregnó a la comunidad. “Seguimos en la lucha, es importante continuar alzando la voz para que las mujeres sepan que no por ser indígenas no podemos alcanzar la justicia”, dijo Valentina. “Luchamos no sólo por nosotras, sino por todas las mujeres de la Costa-Montaña y para que el Estado cumpla con las recomendaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos llevó 10 años para lograr esa sentencia y hasta la fecha las autoridades no han cumplido con ella en su totalidad, el Centro Comunitario de Mujeres y albergue que la Corte mandata se construya en Ayutla, las autoridades lo quieren hacer como un Centro de Atención Médica Integral (CAMI) más, pero eso no es lo que queremos, nosotras lucharemos hasta lograr un Centro con el equipo y personal capacitado, expresó en Me´phaa Inés Fernández Ortega, quien viajó por más de cinco horas para hablar con la relatora y expresarle la situación actual de su caso.

Con sus uniformes y armas en mano, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) llegaron también a Tlatzala. Angel García y Florentino Castro García, ex presos de la CRAC-PC pidieron a la relatora interceda por la liberación de Arturo Campos y sus compañeros que aún siguen presos: “No somos delincuentes como el gobierno dice, somos gente del pueblo que nos organizamos para dar seguridad a nuestras comunidades. Ya hemos demostrado que no somos secuestradores, por eso mismo nuestros compañeros también deberían estar libres y no presos injustamente, advirtieron a la relatora, quien conoció sobre la criminalización que existe sobre el sistema de justicia comunitaria y la pretensión de derogar la Ley 701 que lo reconoce y avala.

“Nos levantamos desde las seis de la mañana para ir por el pollo, la compañera Aureliana, quien se encarga de la cocina del Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña, nos pidió todo el material desde días antes, pues esta vez cocinaría para más personas y no quería que le faltará nada. Compramos cebolla, chiles verdes, pepitas, frijoles, arroz, jitomate y todo lo necesario para que la relatora y la comunidad probaran el pipían de la región y compartieran una comida hecha con el anhelo de que las voces que la relatora escuchó sean llevadas más allá de nuestro territorio”, compartió Flores Sánchez Crescencio, encargado del registro de jornaleras y jornaleros que emigran a los campos agrícolas del norte del país.

“Los indígenas sufrimos discriminación en nuestro propio pueblo, no contamos con escuelas, clínicas, ni empleos, nos discriminan por hablar nuestra lengua materna y los políticos nos buscan sólo cuando quieren alcanzar un puesto en el poder. Ese olvido nos obliga a migrar dentro de nuestro propio país y las autoridades estatales no hacen nada para garantizar nuestros derechos y no tengamos que salir de aquí. Cada año cientos de jornaleras y jornaleros agrícolas se trasladan en camiones destartalados a cultivar jitomate, lechuga, entre otros alimentos, unos regresan, otros no, pero al gobierno no le importa nada”, aseguró el joven Naua.

Con lágrimas en los ojos, familiares de víctimas de feminicidio dieron su testimonio ante la relatora. Habló también una joven de 18 años, quien en junio de este año sufrió violencia obstétrica en el hospital de Tlapa: “Después de dar a luz a mi hija, sentí un dolor muy fuerte tres veces, me asusté y pregunté qué pasaba. Nadie me contestó. Sólo escuché como le decía una mujer a otra, ‘eso no era, le jalaste la matriz´. Los dolores eran resultado del intento de la mujer de regresar la matriz que en ese momento lamentablemente perdí”, informó la joven a la relatora.

“Tengo desaparecido a uno de mis hijos desde el 12 de diciembre de 2014, y a dos más me los mataron en la cancha de Chilapa, la violencia no cesa al contrario ya hay muchos pueblos desplazados y las autoridades no actúan, sólo crean miedo y terror”, dijo desesperado Juan Apolinar, indígena Me´phaa radicado en Chilapa a la experta independiente en los derechos de los pueblos indígenas.

Alrededor de 30 hombres y mujeres del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña fueron escuchados por la señora Victoria Tauli-Corpuz: “Los fenómenos naturales Ingrid y Manuel afectaron a 200 comunidades de 15 municipios, 16 mil familias fueron afectadas y 13 comunidades fueron desplazadas. Han pasado 4 años y las autoridades han desaparecido, incumplieron con su obligación y ni siquiera los derechos fundamentales nos han sido garantizados, no tenemos tierra donde sembrar, ni techo digno que nos cobije, las viviendas que construyeron son inhabitables, las hicieron de materiales baratos, lo que pone en riesgo incluso nuestra vida”.

Los procesos organizativos y logros comunitarios también fueron expuestos ante la relatora, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parata (CECOP) y del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) advirtieron orgullosos: “En la Montaña las minas no pasarán, Juba Wajiín es un ejemplo de lo que estamos dispuestos a hacer por defender nuestra tierra y sus recursos naturales”, advirtió Valerio Mauro, Comisariado de Bienes Comunales de Juba Wajií, comunidad Me´phaa que se ha amparado frente al Estado mexicano para que su territorio sea respetado y libre de proyectos de exploración y explotación minera.

Una vez más la Montaña cobija la esperanza. Escuchó reunidos a decenas de guerrerenses que en distintas partes del estado construyen un mundo distinto. “Admiro su unión y determinación, dijo la Relatora antes de irse. Abonar con lo que esté a su alcance para que accedan a la justicia, fue su compromiso frente a los pueblos Me´phaa, Naua y Ñuu Savi.

En medio de esta crisis en materia de derechos humanos las mujeres han emprendido una lucha ejemplar. Decenas de ellas se apostaron bajo la sombra de un ámate, lugar donde recolectan el agua para alimentar a sus hijas e hijos, ahí colgaron una manta con la frase “Señora Victoria, bienvenida a la Montaña, cuna de las resistencias” y lugar lleno de esperanza.

 

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Anuncian nueva policía ciudadana en comunidades de La Sierra

Un grupo de 300 pobladores señalaron que tomaron esta decisión ante el incremento de la violencia y la poca atención del gobierno en la zona.

Por Alejandro Ortiz, 2018-06-18 17:06

Guerrero.- Habitantes de 23 localidades de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo (Chichihualco), y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), marcharon en el poblado de Filo de Caballos para anunciar la conformación de luna policía ciudadana, ante los hechos de violencia en la sierra y el olvido de los gobiernos estatal y federal.

Alrededor de las 12 del mediodía, un grupo de 300 pobladores de varios pueblos en la sierra de Guerrero, marcharon en Filo de Caballos, municipio de Chichihualco, y dieron inicio con la policía ciudadana, que cuidará los pueblos desde Xochipala.

La semana pasada, se registraron hechos de violencia en la sierra de Guerrero, esto por la disputa de grupos delictivos que operan en esa región, y que dejaron un saldo de cinco asesinatos, así como pueblos incomunicados y desplazamiento de 500 personas en la comunidad de Corralitos, municipio de Leonardo Bravo.

“Esta mañana acordamos los pueblos unirnos porque no se nos hizo caso, llevamos la denuncia al gobernador para que nos arrimaran seguridad, nos dijeron que el viernes íbamos a tener seguridad y nunca llegó”.

“Vamos a hacer una policía ciudadana independiente de cualquier otra organización, si el gobierno nos dejó, nosotros nos vamos a defender como podamos”, detalló uno de los comisarios de la Sierra.

La policía ciudadana se encuentra respaldada por la Unión de Comisarios de la Sierra de Guerrero, quienes han solicitado la legalización de la siembra de amapola en esa zona del estado.

Los pueblos denunciaron que han sido objeto de amenazas y debido a la violencia, decenas de familias fueron desplazadas de sus pueblos y se encuentran en las calles pidiendo alojo en poblados cercanos.

Finalmente detallaron que la policía ciudadana operará de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos, y tendrán autonomía para actuar en situaciones de violencia, eso debido a la fala de respuesta por parte de las autoridades de justicia en la entidad.

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Congreso busca prohibir policías comunitarias en zonas no indígenas

Ya se encuentra en comisiones la reforma constitucional para después realizar las modificaciones a la Ley 701, dirigida únicamente a los pueblos indígenas.

Por Luis Jijón León, 2018-06-18 16:57

Chilpancingo, Guerrero.- Con las modificaciones al artículo 14 de la Constitución del estado y a la Ley 701, ya no se permitirá la operación de grupos armados que se asumen como policías comunitarios en zonas no indígenas, como en Chilpancingo, la sierra o Tierra Caliente, advirtió el presidente del Congreso, Héctor Vicario Castrejón.

Desde hace más de un año el gobernador Héctor Astudillo Flores envió al Congreso la iniciativa de reforma del artículo 14, la tardanza en la aprobación es porque no es cualquier ley y se buscan los consensos entre los grupos indígenas, esperan que sea aprobada después de las elecciones del 1 julio, aseguró Vicario Castrejón.

Explicó que ya se encuentra en comisiones la reforma constitucional para después realizar las modificaciones a la Ley 701, dirigida únicamente a los pueblos indígenas.

Aseguró que con la reforma de al artículo 14 de la Constitución local se normarán las actividades de los grupos armados que se encuentran al margen de la Ley 701, a quienes las autoridades les tiene que aplicar la ley.

“Es una ley dirigida a los indígenas, que viene a darle certeza al tema indígena, no estamos haciendo nosotros una cosa en decremento tiene que ser a favor, es una ley que contempla nuevos instrumentos que contempla nuevas garantías para los indígenas (…) No permitiremos que nadie que no sea de los grupos indígenas se aprovechen”, dijo.

Sobre los grupos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que operan en lugares como Chilpancingo que no son indígenas, Vicario Castrejón aseguró que tendrán que ser sometidos a ley.

Al diputado se le preguntó si sería desarmados los grupos armados que se asumen como policías comunitarios en zonas que no son indígenas, a lo cual respondió que esa pregunta se la hicieran a quienes aplicarán la ley.

“Nosotros lo único que haremos será una ley de los derechos indígenas, va dirigida a los territorios indígena, los demás (grupos armados) tendrán que sujetarse a lo que laye establece. Nadie puede asumir la seguridad por su propia circunstancia y por su propia mano tendrán que respetar la ley”, dijo.

Solo en Chilpancingo se tiene la presencia de tres organizaciones de civiles armados, que se asumen como policías comunitarias pero que no encuadran en el marco legal vigente, ya que para tener la cobertura de la Ley 701, deben operar en localidades indígenas.

La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 14 constitucional elimina las palabras “Policía Comunitaria o Rural”.

El texto del artículo 14 establece que “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Publica y su reglamento interno de esta entidad”.

“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.

La iniciativa de reforma plantea que el artículo constitucional sea modificado y quede de la siguiente manera: “La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos”.

“Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.

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“Ni patrullajes ni operativos para no inhibir voto”, recomienda INE

El vocal del organismo en Guerrero, Dagoberto Santos, mencionó que la inseguridad también ha afectado a trabajadores electorales.

Por Juan Manuel Molina, 2018-06-18 16:29

Chilpancingo, Guerrero.- El vocal presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Dagoberto Santos Trigo, recomendó al Gobierno Estatal no realizar patrullajes ni operativos de seguridad durante la jornada electoral del próximo 1 de julio para no inhibir la participación ciudadana.

La hora adecuada para reforzar las actividades de vigilancia, de acuerdo con Santos Trigo, es después de las seis de la tarde, momento en el que se cierran las casillas para proceder con el conteo del voto.

El argumento para que no haya patrullajes ni despliegue policiaco, sería para no inhibir la participación de la ciudadanía a la hora de sufragar.

“En la cuestión de seguridad ellos son los responsables (las autoridades), nosotros estamos pidiendo que se intensifique ese patrullaje, esa seguridad, porque vamos a tener a los ciudadanos votando, contando votos, incluso ahora hasta altas horas de la noche”, precisó.

Los domicilios donde se instalarán los módulos de votación serán vigilados por un representante del INE, y se desconoce si hasta el momento los cuerpos policiacos estarán a cargo de la vigilancia de cada una de las 4 mil 951 casillas que serán instaladas en todo el estado.

Mientras que seis juntas distritales estarán abajó el resguardo del Ejército Mexicano, la Marina Armada se hará cargo de las dos juntas localizadas en Acapulco, y en Zihuatanejo.

Esta mañana, el funcionario electoral señaló que la organización electoral continúa en las comunidades de la sierra del municipio del General Heliodoro Castillo, luego de una semana de enfrentamientos entre grupos antagónicos que se disputan el control y trasiego de enervantes.

Al respecto, señaló que el órgano electoral no se involucra en los “conflictos” que se generan dentro de la población, sino que el papel central del instituto se orienta a planificar las actividades preparatorias a la jornada del próximo domingo 1 de julio.

Agregó que al igual que la mayoría de la ciudadanía, el INE también ha sido víctima de la violencia, dado que durante el proceso electoral se perpetró el asesinato de Jorge Nájera García, supervisor electoral del municipio de Copanatoyac, originario de Alpoyeca. Al referirse a ese hecho, explicó que el supervisor electoral no perdió la vida en horas laborales en cumplimiento a sus deberes laborales.