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OPINIÓN | Montaña, llena eres de esperanza

Es la primera vez que Tlatzala (lugar en medio de los cerros) recibía a una autoridad de la ONU.

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2017-11-14 09:36

Tlachinollan, Guerrero.- Los cohetes festivos despertaron Tlatzala, población Naua de 2000 habitantes. Desde semanas antes esperaban la llegada de la señora Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU: “Ojalá ella pueda hacer algo para que nos construyan la clínica que llevamos pidiendo por más de 20 años, o al menos lograr que el Centro de Salud sea acondicionado y cuente con los muebles y el medicamento necesario para atender a la población”, dijo uno de los pobladores de Tlatzala, al norte de Tlapa, Guerrero.

La regla de salud requiere de un mínimo de 2500 habitantes para construir una clínica en una comunidad, pero dado que Tlatzala cuenta con 500 habitantes menos, su derecho a la salud es vulnerado, junto con su derecho a la vida; así informaron habitantes a la experta internacional, que durante el sábado 11 de noviembre pisó la Montaña de Guerrero.

Con el ánimo comunitario, la población se organizó para éste arribo. El Comisario Municipal, estudiantes, la banda de viento y los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, joven Naua ejecutado extrajudicialmente por el Estado, y de Magdaleno Lauro, normalista desaparecido de Ayotzinapa (ambos originarios de Tlatzala) recibieron a la relatora y a la delegación que la acompañó durante su visita.

La madre de Bonfilio, sus hermanas y cuñada, desde un día antes comenzaron los preparativos de un mole rojo tradicional que ofrendaron a su visitante, junto con tortillas hechas a mano. “De aquí era Bonfilio, a quien el Ejército le arrebató la vida cuando tenía 29 años. Nos han tratado de comprar con 160 mil pesos, pero la vida de mi hermano no tiene precio. Estamos orgullosos de los logros que hemos alcanzado pero nuestra voz no cesará hasta lograr totalmente la justicia para mi hermano, dijo a la relatora José Rubio Villegas, hermano de Bonfilio, que con su madre y padre de avanzada edad se presentó con su esposa e hijos frente a la relatora de origen filipino.

Con curiosidad y energía chispeante, niñas y niños asomaban sus miradas a la cancha municipal que albergó a más de 300 personas. Es la primera vez que Tlatzala (lugar en medio de los cerros) recibía a una autoridad de la ONU.

“Las escuelas no cuentan con maestros/as ni materiales suficientes, los niños y niñas tienen que cruzar ríos para poder llegar a las de otros municipios por no contar con centros educativos en sus comunidades. La educación y material didáctico es en castellano solamente, lo que busca ir desapareciendo nuestra lengua”, advirtieron a Victoria Tauli-Corpuz, madres y padres de la comunidad Me´phaa de Buena Vista, Municipio de Atlixtac y de El Coyul, comunidad Ñuu Savi perteneciente al Municipio de Cochoapa El Grande, ambas comunidades se han organizado con sus autoridades tradicionales para exigir al Estado la garantía del derecho a la educación para niñas y niños indígenas.

Con miradas determinantes y sonrisas inigualables, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú colocaron sobre la relatora collares de cempasúchil como distinción, y para anunciar el gozo y alegría que su visita impregnó a la comunidad. “Seguimos en la lucha, es importante continuar alzando la voz para que las mujeres sepan que no por ser indígenas no podemos alcanzar la justicia”, dijo Valentina. “Luchamos no sólo por nosotras, sino por todas las mujeres de la Costa-Montaña y para que el Estado cumpla con las recomendaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos llevó 10 años para lograr esa sentencia y hasta la fecha las autoridades no han cumplido con ella en su totalidad, el Centro Comunitario de Mujeres y albergue que la Corte mandata se construya en Ayutla, las autoridades lo quieren hacer como un Centro de Atención Médica Integral (CAMI) más, pero eso no es lo que queremos, nosotras lucharemos hasta lograr un Centro con el equipo y personal capacitado, expresó en Me´phaa Inés Fernández Ortega, quien viajó por más de cinco horas para hablar con la relatora y expresarle la situación actual de su caso.

Con sus uniformes y armas en mano, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) llegaron también a Tlatzala. Angel García y Florentino Castro García, ex presos de la CRAC-PC pidieron a la relatora interceda por la liberación de Arturo Campos y sus compañeros que aún siguen presos: “No somos delincuentes como el gobierno dice, somos gente del pueblo que nos organizamos para dar seguridad a nuestras comunidades. Ya hemos demostrado que no somos secuestradores, por eso mismo nuestros compañeros también deberían estar libres y no presos injustamente, advirtieron a la relatora, quien conoció sobre la criminalización que existe sobre el sistema de justicia comunitaria y la pretensión de derogar la Ley 701 que lo reconoce y avala.

“Nos levantamos desde las seis de la mañana para ir por el pollo, la compañera Aureliana, quien se encarga de la cocina del Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña, nos pidió todo el material desde días antes, pues esta vez cocinaría para más personas y no quería que le faltará nada. Compramos cebolla, chiles verdes, pepitas, frijoles, arroz, jitomate y todo lo necesario para que la relatora y la comunidad probaran el pipían de la región y compartieran una comida hecha con el anhelo de que las voces que la relatora escuchó sean llevadas más allá de nuestro territorio”, compartió Flores Sánchez Crescencio, encargado del registro de jornaleras y jornaleros que emigran a los campos agrícolas del norte del país.

“Los indígenas sufrimos discriminación en nuestro propio pueblo, no contamos con escuelas, clínicas, ni empleos, nos discriminan por hablar nuestra lengua materna y los políticos nos buscan sólo cuando quieren alcanzar un puesto en el poder. Ese olvido nos obliga a migrar dentro de nuestro propio país y las autoridades estatales no hacen nada para garantizar nuestros derechos y no tengamos que salir de aquí. Cada año cientos de jornaleras y jornaleros agrícolas se trasladan en camiones destartalados a cultivar jitomate, lechuga, entre otros alimentos, unos regresan, otros no, pero al gobierno no le importa nada”, aseguró el joven Naua.

Con lágrimas en los ojos, familiares de víctimas de feminicidio dieron su testimonio ante la relatora. Habló también una joven de 18 años, quien en junio de este año sufrió violencia obstétrica en el hospital de Tlapa: “Después de dar a luz a mi hija, sentí un dolor muy fuerte tres veces, me asusté y pregunté qué pasaba. Nadie me contestó. Sólo escuché como le decía una mujer a otra, ‘eso no era, le jalaste la matriz´. Los dolores eran resultado del intento de la mujer de regresar la matriz que en ese momento lamentablemente perdí”, informó la joven a la relatora.

“Tengo desaparecido a uno de mis hijos desde el 12 de diciembre de 2014, y a dos más me los mataron en la cancha de Chilapa, la violencia no cesa al contrario ya hay muchos pueblos desplazados y las autoridades no actúan, sólo crean miedo y terror”, dijo desesperado Juan Apolinar, indígena Me´phaa radicado en Chilapa a la experta independiente en los derechos de los pueblos indígenas.

Alrededor de 30 hombres y mujeres del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña fueron escuchados por la señora Victoria Tauli-Corpuz: “Los fenómenos naturales Ingrid y Manuel afectaron a 200 comunidades de 15 municipios, 16 mil familias fueron afectadas y 13 comunidades fueron desplazadas. Han pasado 4 años y las autoridades han desaparecido, incumplieron con su obligación y ni siquiera los derechos fundamentales nos han sido garantizados, no tenemos tierra donde sembrar, ni techo digno que nos cobije, las viviendas que construyeron son inhabitables, las hicieron de materiales baratos, lo que pone en riesgo incluso nuestra vida”.

Los procesos organizativos y logros comunitarios también fueron expuestos ante la relatora, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parata (CECOP) y del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) advirtieron orgullosos: “En la Montaña las minas no pasarán, Juba Wajiín es un ejemplo de lo que estamos dispuestos a hacer por defender nuestra tierra y sus recursos naturales”, advirtió Valerio Mauro, Comisariado de Bienes Comunales de Juba Wajií, comunidad Me´phaa que se ha amparado frente al Estado mexicano para que su territorio sea respetado y libre de proyectos de exploración y explotación minera.

Una vez más la Montaña cobija la esperanza. Escuchó reunidos a decenas de guerrerenses que en distintas partes del estado construyen un mundo distinto. “Admiro su unión y determinación, dijo la Relatora antes de irse. Abonar con lo que esté a su alcance para que accedan a la justicia, fue su compromiso frente a los pueblos Me´phaa, Naua y Ñuu Savi.

En medio de esta crisis en materia de derechos humanos las mujeres han emprendido una lucha ejemplar. Decenas de ellas se apostaron bajo la sombra de un ámate, lugar donde recolectan el agua para alimentar a sus hijas e hijos, ahí colgaron una manta con la frase “Señora Victoria, bienvenida a la Montaña, cuna de las resistencias” y lugar lleno de esperanza.

 

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Proponen que Abrazo de Acatempan se declare Patrimonio Cultural

El diputado Robell Urióstegui destacó la importancia que tuvo el Abrazo de Acatempan para la consumación de la Independencia, “no solo para Guerrero, sino para todo el país”.

Por Luis Jijón León, 2018-12-12 10:56

México.- El Congreso local propuso que el Abrazo de Acatempan, ocurrido el 10 de febrero de 1821, ​ entre el comandante del ejército del Virreinato de Nueva España, Agustín de Iturbide y el jefe de las fuerzas que peleaba por la Independencia de México, Vicente Guerrero, sea nombrado Patrimonio Cultural del Estado, y se instituya en su conmemoración la Semana Cultural: Abrazo de Acatempan, en el municipio de Teloloapan.

En la sesión de ayer, el diputado del PRD por el distrito 20 de Teloloapan, en la zona Norte, Robell Urióstegui Patiño presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Héctor Astudillo Flores a que instruya al secretario de Cultura, Mauricio Leyva Castrejón para que generen los mecanismos necesarios, administrativos, presupuestarios y humanos, para que se declare El Abrazo de Acatempan, Patrimonio Cultural del Estado.

Se exhortó también al municipio de Teloloapan, para que en coordinación con la Secretaría de Cultura del estado generen las condiciones necesarias para que para que se declare El Abrazo de Acatempan, Patrimonio Cultural del Estado.

En su intervención el disputado recordó que, durante el periodo de lucha por la Independencia de México, de 1810 a 1821, una de las zonas geográficas más destacadas por su apoyo a la insurgencia fue la del sur, cuyo territorio forma actualmente el estado de Guerrero.

El encuentro entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se registró en el pueblo de Acatempan (en Teloloapan) el 10 de febrero de 1821, donde se dieron “el Abrazo de Acatempan”, que días después originó el Plan de Iguala o de las Tres Garantías, firmado en Iguala el 24 de febrero de 1821.

El diputado destacó la importancia que tuvo el Abrazo de Acatempan para la consumación de la Independencia, “no solo para Guerrero, sino para todo el país” y propuso que sea declarado patrimonio cultural y se contemple su investigación, rescate, protección, uso, intervención y difusión.

Urióstegui Patiño dijo que la Ley 444 para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Guerrero establece que se considera patrimonio cultural del estado y los municipios de Guerrero toda manifestación tangible o intangible producto del quehacer humano, por sí mismo o en conjunción con la naturaleza.

Que por su valor y significado tenga relevancia arqueológica, histórica o artística, así como el compendio de manifestaciones, tradiciones populares significativas para una parte o la totalidad de los habitantes del estado y que merezcan una protección especial por parte de las autoridades para ser transmitido en las mejores condiciones a las generaciones futuras.

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Lo público y lo privado en la era de los medios basura | Opinión

Antes de dar valor periodístico a un dicho, éste debe estar sustentado en pruebas documentales. El hecho periodístico es el hecho probado, el hecho validado.

Por Hugo Nolasco, 2018-12-12 09:21

México.- Con la entrada en vigor, el pasado 7 de diciembre, de la nueva ley de protección de datos personales, que incluye importantes derechos digitales, y el crecimiento oportunista de los medios basura que prohíjan las redes sociodigitales, vuelve a estar en la mesa de discusión cuál es el límite que tienen los medios ante el derecho supremo de los ciudadanos a la vida privada.

El respeto de la vida privada aparece en los códigos de ética periodística, y es una de la normas de mayor consenso entre medios y comunicadores serios que hacemos periodismo profesional. Quienes no lo son, no incluyen en sus sitios ningún código que los comprometa, por lo tanto sólo usan el periodismo como una herramienta para el chantaje y la difamación. Las legislaciones, por su parte, protegen este derecho y prevén sanciones para quienes los quebranten.

Para el ejercicio de un periodismo serio, la esfera de lo íntimo, de todo aquello que gira alrededor de un entorno familiar y personal, no puede, ni tiene interés público. ¿Esto qué significa? Significa que los periodistas no somos jueces, por tanto carecemos de la autoridad con que los jueces invaden la vida privada de las personas en busca de pruebas para confirmar inocencias o culpas. Significa que todo aquello que no es de interés público, es privado. Juárez lo dijo bien: “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

¿Qué es lo público? Para quienes hacen periodismo intuitivamente, y no distinguen entre uno y otro valor, la vida pública es la que compete a todos. Son fundamentalmente las acciones de gobierno y la de los personajes que han asumido una responsabilidad pública: presidentes, gobernadores, alcaldes, jueces, diputados, etc., pero incluso, aun cuando los personajes públicos, cuya vida privada podría ponerse en evidencia si afecta de algún modo lo público, con todo ello, tienen derecho a su intimidad.

En concreto, para los que no entienden aún: lo que ocurre en las calles y las banquetas, es público, pero lo que ocurre de la banqueta para adentro de la casa es privado. La vida familiar, la esfera íntima de una persona no puede usarse, es inatacable, y esa es la parte que más protege la nueva ley de datos personales, y las leyes penales.

Entre los límites que un periodismo serio está obligado a respetar, destaca primero, tener la inteligencia para discernir entre lo que es de interés público -lo que afecta a todos-, de lo que no lo es. Lo íntimo es lo que afecta a sólo una persona en particular. En segundo lugar, debe tener en cuenta la calidad de las pruebas que sustenten la veracidad de lo declarado o de lo publicado. Cualquier publicación con declaraciones no sustentadas en pruebas físicas, en pruebas documentales validadas, es sólo una publicación hecha con el afán de causar daño moral otra persona o a la sociedad misma. Es un hecho difamatorio que la ley castiga, pues nada de lo expresado tiene manera real de probarse.

En México pasó una vez que un albañil de Veracruz aseguró tener pruebas de la existencia de una red de túneles bajo la residencia de Los Pinos que conectaban a catacumbas donde tenías a los presos políticos y otros indeseables. El hombre nunca presentó ninguna prueba de sus dichos, ni tampoco los medios se las exigieron, no obstante, varios publicaron esta forma de alteración mental, de distorsión de la realidad cuyo fin sólo era causar daño social, pues sobre una farsa, una ruindad, se incita a la sociedad a asumirse como juez de conciencia sobre hechos no probados.

El problema se agudiza más cuando lo declarado se refiere a situaciones que afectan nada más a una sola persona, es entonces que los medios serios tienen por rigor que distinguir, entre lo que es una difamación, de la cual al publicarla se hacen partícipes, de lo que es información de interés público que compete a todos. Para tal efecto, los buenos manuales de periodismo son precisos: antes de darle valor periodístico a un dicho, éste debe estar sustentado por pruebas reales, en documentos y otros aspectos físicos comprobables, si el declarante solo refiere hechos productos de sus afectaciones mentales o sicológicas, o declaraciones que buscan dañar a una persona, sin probar nada, no es posible darle valor periodístico, ni tomar en serio tales declaraciones que afectan la vida íntima de las personas.

El hecho periodístico es el hecho probado, el hecho validado, no las causas en proceso. Ningún medio de comunicación puede, ni debe asumirse como juez de conciencia, pues de hacerlo estaría soslayando su verdadera función y caería en el ámbito donde las distintas leyes vuelven punible tal acto.

El espíritu de la ley dice que sólo nos apropiamos de los actos libres. Por eso la estrecha relación entre libertad e intimidad se expresa particularmente en la donación. La libertad más alta es la de darse a sí mismo y darse uno mismo es dar la intimidad. De aquí la intuición sobre el valor absoluto de la intimidad, por eso, todo acto comunicacional es obligado a requerir siempre el consentimiento libremente expreso del otro. Quien se apodera injustamente de la intimidad no se apropia de algo de la persona, sino de la persona misma, y eso es lo que pena la ley.

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Diputados del PRD y PRI defienden salarios abusivos en Guerrero

PRI y PRD argumentan la Ley de Remuneraciones está vulnerando la división de poderes, lo cual es producto de un gobierno autoritario.

Por Luis Jijón León, 2018-12-11 21:34

Chilpancingo, Guerrero.- Las fracciones aliadas del PRD y PRI en el Congreso local cuestionaron la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, en la que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república, 108 mil pesos mensuales, y pretender que en el Poder Judicial se reduzcan los salarios viola la división de poderes.
En la sesión de este martes, a nombre de la fracción del PRI intervino el diputado, Jorge Salgado Parra quien argumentó que la Ley Remuneraciones ha generado una confrontación del Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo contra el Poder Judicial.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos algunos senadores contra dicha Ley.
“Esto ha puesto en desequilibrio la autonomía e independencia de los Poderes de la Unión, ya que los pesos y contrapesos que consagra la constitución se encuentra en debilitamiento y con ello se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho”, dijo.
Salgado Parra dijo que el tema va más allá de las percepciones salariales de los servidores públicos, “pudiese ser hasta por el dominio de un poder a otro, que al aseverar que todos los que ganan más que el presidente son corruptos, y esto lastima hasta la presunción de inocencia”.
Justificó que el del Poder Judicial cuenta con jueces, magistrados y ministros que manejan procesos muy delicados, y que el sentido de sus resoluciones puede vulnerar su integridad física y familiar, con su autonomía y su faculta de tener patrimonio propio, cuida este tipo de situaciones en pro de salvaguardar la justicia.
“Nos pronunciamos por el respeto a la autonomía entre poderes e instituciones para el buen ejercicio de su trabajo. Asimismo, nos sumamos a un presupuesto austero pero funcional, debemos ser inteligentes, creativos y vigilantes de las necesidades de la sociedad, así como de los recursos públicos”, dijo el diputado.
Por su parte el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, denunció que se ha emprendido una campaña de odio en contra de jueces y magistrados, amenazándolos con destituirlos sin tomar en cuenta que en el país “hoy más que nunca” es necesario consolidar la división de poderes.
Esto en referencia al senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio quien propuso liquidar a ministros que se nieguen a reducirse los salarios y ganar menos que el presidente.
“No hay sentencia de fondo ni cosa juzgada, pero los ministros ya están siendo enjuiciados mediáticamente y pesa sobre ellos la amenaza de la destitución política”, dijo el diputado.
Ortega Jiménez expuso que pretender la desaparición de uno de los Poderes del Estado, por no compartir las propuestas del Ejecutivo, del Legislativo o de ambos, es algo sumamente grave que “anuncia la llegada de un régimen autoritario, como cuando nos gobernaba el PRI en los años 70, hoy quieren volver ahí porque de ahí vienen”.
Calificó como un acto de intimidación el anuncio del senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, de que pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las investigaciones por actos de corrupción en las que jueces y magistrados se encuentren implicados.
Cuestionó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como ministra en retiro, reciba una cuantiosa pensión, diversas ayudas, aunado a su salario como funcionaria federal. “El buen juez, por su casa empieza”.
En respuesta a los cuestionamientos del PRI y el PRD quienes desde el inicio de la legislatura se aliaron para hacerle frente a Morena, intervinieron diputados de Morena.
El diputado Jesús Villanueva Vega dijo que Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación no pone en riesgo ni entre dicho la división de poderes, “es un falso discurso de los ministros de la corte para esconder en el fondo el tema de las remuneraciones, así de claro es el asunto”.
Lo que se busca, dijo, es acabar con prebendas, salarios estratosféricos, bonos, aguinaldos por retiros, dietas, estímulos y otros beneficios que se mantienen en la opacidad.
“Por supuesto que lastima intereses de los altos funcionarios, entre ello,s los ministros que han salido a decir que está en entre dicho la división de Poderes”.
Lo que está pendiente en el país es la revisión de la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, “hay muchos vicios al interior como en nepotismo, los privilegios”, y la reducción de salarios es un tema de justicia social frente a los 84 pesos que ganan la mayoría de los ciudadanos con el salario mínimo.
Intervinieron también los diputados, Moisés Reyes Sandoval, Antonio Helguera Jiménez y Marco Antonio Cabada Arias, quienes defendieron la Ley de Remuneraciones y criticó los altos salarios con los que cuentan algunos funcionarios.
Señalaron también que la austeridad es parte de la nueva realidad que vive el país tras las elecciones del 1 de julio con el triunfo de Morena.