#Guerrero

OPINIÓN | Respeto a los derechos humanos de los 25 del Cecop

Para Tlachinollan es de suma relevancia que jueces de ejecución vigilen cada vez más la situación de las personas privadas de su libertad, que sean garantes de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2018-04-12 09:23

México.-La semana pasada 25 personas privadas de la libertad, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) asistieron a una serie de audiencias de ejecución para buscar la revisión de las medidas de internamiento en las que se encuentran durante su prisión preventiva que inició luego de las detenciones arbitrarias del 7 de enero de este año.

Dentro de lo que representa la construcción de un nuevo paradigma que tiene su parteaguas en el 2008 cuando se aprobó la reforma al sistema de justicia penal en México, tenemos además de los conocidos como juicios orales lo correspondiente al sistema penitenciario; a la ejecución penal. Para el catedrático Miguel Sarré no sirve un juicio justo si la ejecución de las resoluciones no es justa, si no hay una ejecución apegada a derecho.

El investigador nos dice que los jueces de ejecución penal se erigen como la autoridad máxima de las prisiones, teniendo como encomienda garantizar que las sentencias y las órdenes de prisión preventiva se cumplan sin excesos, sin abusos y sin privilegios, en el marco normativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal que se promulgó el mismo día que el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, para transformar el rostro de las prisiones, por un lado las direcciones de los centros penitenciarios deben rendir cuentas al juez de ejecución a su vez que es tarea de la defensa, los visitantes, observadores de la sociedad civil, representantes de grupos vulnerables, generar una interacción en torno a la prisión para insistir en que se cumplan las resoluciones judiciales en un espacio donde las personas se desarrollen libremente en las limitaciones de la prisión, que las personas privadas de la libertad tengan derecho a su plan de actividades, a no perder su identidad, a tener su proyecto de vida, ubicados en un espacio controlado por el Estado donde no se viole sistemáticamente la ley como ocurre en varias prisiones. Condiciones razonables sin excesos ni privilegios, prisión con ley, nos advierte Sarre.

A nivel internacional, uno de los referentes en la cuestión de internamiento son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Las reglas destacan que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario.

Para mencionar una de las reglas que traen a colación una de las situaciones expuesta por los 25 del Cecop, tenemos que la regla 42 nos dice: “Las condiciones de vida generales a las que se hace referencia en las presentes reglas, incluidas las relativas a la iluminación, la ventilación, la climatización, el saneamiento, la nutrición, el agua potable, el acceso al aire libre y el ejercicio físico, la higiene personal, la atención de la salud y un espacio personal suficiente, se aplicarán a todos los reclusos sin excepción”.

Dentro de los testimonios vertidos por las personas privadas de la libertad a pregunta de la juez de ejecución, hubo diversas voces que denunciaron la venta de garrafones de agua aparentemente potable aunque anteriormente les dotaban del líquido sin costo, como debe ser, ahora como les están saliendo caros, según habría dicho una persona del área de cocina, les comenzaban a vender los garrafones.

El director del penal, durante el desarrollo de las audiencias en un primer momento negó que se estuvieran violentando los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, soltando diversos argumentos como el relativo al agua donde menciono que “es del dominio público la escases de agua en Acapulco que afecta al Centro” y refirió que han tenido que comprar pipas de agua potable para 2 mil internos, lo cual resulta costoso y que tienen pozos profundos pero al cambiar la red eléctrica la bomba tiene cortos y eso interviene en el suministro y que tienen una empresa que les surte agua pero que “los internos quieren tomar pura agua Electropura”.

Al escuchar esto, hubo gestos de sorpresa y negación por parte de familiares y de los propios imputados, al rechazar que lo que planteen sea algo inventado, cuándo son muchas cosas las que les tocan vivir adentro, no solamente el viaje largo desde comunidades aledañas al río Papagayo, sino en la cárcel donde se percibe lejano el respeto a los derechos fundamentales, atraviesan por una serie de obstáculos o simulaciones como es el que el personal desde el guardia hasta trabajadores de otras áreas les tomen fotografías a cada momento durante la visita o les muevan la comida de una manera grosera manoseando los alimentos.

Para las familiares de las personas privadas de la libertad esto resulta un viacrucis, parece no bastar la situación complicada que prevalece para los internos al estar imputados y haber dejado sus tierras, sus labores cotidianas, sus familias para permanecer en una prisión preventiva que le quedó cómoda al Estado para buscar debilitar el movimiento en defensa del agua y el territorio, sus familiares se enfrentan a una demora de hasta tres horas para que puedan entrar, asimismo han enfrentado hostigamiento.

La semana pasada las audiencias de ejecución se realizaron con la presencia fragmentada de los 25 del Cecop, para el 3 y 4 acudieron nueve entre éstos Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señalaron ante la juez de ejecución Isis Peralta Salvador, violaciones a los derechos humanos que merecen atención urgente.

Prevalece para las condiciones de las personas privadas de la libertad una falta de atención médica adecuada, alimentación, trato digno, así cómo restricciones de la visita familiar y abogados, falta de comunicación con el mundo exterior, así como persistía el aislamiento injustificado que padecían los hermanos Marco Antonio y Vicente.

El miércoles 4 la contraparte integrada por el encargado del penal de Las Cruces, el titular de Readaptación Social en Guerrero y su represente legal buscaron terminar con el proceso y que se declarara nulo, sin embargo los abogados de los 25 expondrían que había violaciones denunciadas eran caso urgente ya que muchas de ellas ponen en riesgo la salud, la dignidad y la vida.

Y así fueron expuestas tanto por los abogados como por los propios testimonios de las personas privadas de su libertad, cuestiones de salud como los casos de adultos mayores que tienen afectaciones en los ojos, dolores en el cuerpo o diabetes crónica, así también otros más que presentan dolencias en la espalda, pecho así como ocurre con Marco, quien recordó que el día que fue detenido, fue desnudado y torturado por policías para hacerle disparar un arma, al acotar su narrativa por economía procesal dijo que el 10 de enero sin justificación alguna fueron sometidos a un aislamiento en una celda oscura de la que no les permiten salir a espacios abiertos al grado de que allí reciben sus alimentos y visitas. Que no puede hablar por teléfono, que debe lavar su ropa en el wc además de que para los dolores fuertes que le dan solo le recetaron paracetamol.

La juez Isis Peralta Salvador resolvió que Marco Antonio Suástegui debía ser reubicado en una celda con condiciones dignas y tener espacios de esparcimiento como el resto de las personas privadas de la libertad. Al continuar el día 5 con otros la presencia de otros ocho compañeros, la juez resolvió ordenar al Centro de Reinserción Social generar las condiciones de internamiento dignas para las personas privadas de su libertad, dotarles de suficiente agua para beber contando con un mecanismo de supervisión entre la defensa y el centro en relación al suministro de agua.

El viernes, las cosas fueron un poco distintas y la última audiencia de ejecución se desarrollo dentro del Cereso, mientras que las anteriores habrían sido en la unidad de servicios judiciales. Para Tlachinollan es de suma relevancia que jueces de ejecución vigilen cada vez más la situación de las personas privadas de su libertad, que sean garantes de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sabemos que es una tarea compleja y en construcción sin embargo, al ser los centros penitenciarios parte esencial del sistema de justicia debe velarse que no se cometan violaciones a los derechos humanos.

La falta de respeto a los derechos y las leyes de parte de las autoridades, así como la concepción de un derecho penal de autor que ve en la persona privada de la libertad como enferma que requiere un tratamiento, tiene hoy en día en una situación de colapso a los penales. Por ello, las resoluciones que los jueces de ejecución emitan a partir de casos concretos obligando a las autoridades a mejorar la infraestructura y respetar los derechos humanos, serán trascendentales para ir gestando cambios en esta asignatura.

#Guerrero

Educación superior gratuita debe acompañarse de más fondos: Saldaña

El rector de la UAGro aseguró estar de acuerdo en la gratuidad, “pero que haya una compensación para las universidades”.

Por Redacción, 2019-02-15 17:51

Chilpancingo, Guerrero.- La gratuidad en la educación superior que se propone a nivel federal en la reforma al artículo 3 de la Constitución Política debe ir acompañado de más presupuesto para las universidades, consideró el rector de la Universidad Autónoma de Guerreo (UAGro), Javier Saldaña Almazán.

En entrevista al concluir la firma de convenio con la Secretaría de la Mujer en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el rector dijo que se vigilará que en la UAGro no existan cobro de cuotas extraordinarias por ocurrencias de los directores.

Saldaña Almazán dijo que desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) seguirán vigilando que no se trastoque la autonomía de las universidades.

Se refirió también a la reforma al artículo 3 que se discutirá en el Congreso de la Unión en la que se busca establecer la gratuidad de la educación superior y que forma parte de las propuestas presentadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador en materia educativa.

Aseguró estar de acuerdo en la gratuidad, “pero que haya una compensación para las universidades. Las cooperaciones que piden a los estudiantes son para pagar, las ocupan las escuelas, cuando haya una compensación no tendría por qué haber cooperaciones”.

En relación con el cobro a los universitarios, el rector explicó que se mantendrá el cobro de inscripciones y reinscripciones, “pero ya el pago de cuotas extraordinarias, por una ocurrencia o idea de algún director, ya no”. Se buscará también que los cursos propedéuticos ya no se cobren a los estudiantes.

El mes pasado la Comisión de Educación del Congreso local rechazó reformar la Ley orgánica de la UAGro para garantizar la gratuidad y evitar el cobro de cuotas en las escuelas. Los diputados justificaron que esperarán la reforma al artículo 3 que discutirá el Congreso de la Unión. Saldaña Almazán dijo que fue una muestra de madurez y de respeto a la autonomía de los diputados.

En otro tema, el rector comentó que tienen preocupación porque hasta el momento no les han suministrado el recurso federal y las últimas tres quincenas las pagó con un préstamo del gobernador Héctor Astudillo Flores.

“Estamos preocupados, no tenemos para pagar nada. Esperemos que el lunes se regularice con el recurso que viene; vamos a sacar adelante los emplazamientos a huelga, los compromisos académicos, de innovación, ciencia, de tecnología”, dijo.

Atribuyó el retraso del recurso federal a que apenas inicia el nuevo gobierno y se retrasó la entrega de recursos al gobierno del estado.

#Acapulco

Adela Román pretende cerrar 170 gaseras ilegales en Acapulco

La presidenta porteña afirmó que son una bomba de tiempo, pues están en manos de gente sin preparación.

Por Elibeth D Nicolas, 2019-02-15 16:27

Acapulco, Guerrero.- La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, informó que cerrará las gaseras ilegales que operan en las colonias porque son una bomba de tiempo.

En entrevista después de la toma de protesta del Consejo Directivo de la Comunidad Politécnica de Acapulco realizado en un hotel de esta ciudad, Román Ocampo señaló que existen un total de 170 gaseras ilegales y están en manos de gente sin preparación por lo que son un riesgo para los pobladores.

“Estaremos cerrando todas aquellas gaseras ilegales que se encuentren dentro de las colonias y que no cuentan con las medidas de seguridad, porque mañana no quiero que se me acuse de omisión por estas 170 gaseras que se encuentran operando de manera ilegal”, dijo Román Ocampo.

Indicó que 170 gaseras no cuentan con las medidas de seguridad ni con los permisos por lo procederá legalmente.

Mencionó que la orden que tiene el Secretario de Protección Civil y Bomberos en Acapulco es que todas aquellas gaseras que no cuenten con las medidas de seguridad o estén operando de manera ilegal deben ser suspendidas.

Cuestionada sobre la declaración que da el Secretario de Seguridad de Acapulco, Geovanni Olguín Mejía, sobre que los ataques en contra de los agentes son por las estrategias de seguridad que el municipio implementa, Román Ocampo dijo coincidir con él porque son un gobierno que está dispuesto a poner orden para que haya paz y armonía.

Advirtió que no permitirá que por intereses personales de un grupito que no piensa en la sociedad Acapulqueña continúe prevaleciendo la violencia.

Respecto a la desaparición de los activistas sociales, Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio, Román Ocampo lamentó la desaparición e hizo un llamado al gobierno del estado para que ayude y ponga todos los mecanismos de investigación y procuración de justicia y puedan recuperar estas dos personas.

#Guerrero

“PRI quiere beneficiarse del caso de las estancias infantiles”: diputada

Mariana García Guillén señaló que “el PRI se quiere dar baños de pureza, se los debieron de haber dado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”.

Por Luis Jijón León, 2019-02-15 16:04

México.- El PRI en Guerrero busca sacar raja política de las estancias infantiles y “ahora quieren darse baños de pureza”, así respondió la diputada de Morena, Mariana García Guillén, a la propuesta que hizo el coordinador de la bancada priista, Héctor Apreza Patrón, de destinar los ahorros del programa de austeridad del Congreso local para el funcionamiento de las guarderías en la entidad.

Consulta vía telefónica, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social dijo que las estancias no dependen del Congreso sino de la federación y no se trata sólo de un tema de funcionamiento, sino de revisión de las irregularidades del programa y pidió esperar que el gobierno federal haga públicos los nuevos lineamientos.

“Pedimos a todas las bancadas madurez política que no se genere de esto una raja política y que seamos muy mesurados con las declaraciones. Las estancias no es un programa que dependa del Congreso, ni del presupuesto etiquetado por el Congreso, es del gobierno federal”, comentó.

El programa de las estancias no solo implica más recursos, sino revisión, hacer un diagnóstico de las 315 que existen en Guerrero y revisar los permisos que fueron otorgados, afirmó García Guillén.

Ayer, el coordinador del PRI en el Congreso, Héctor Apreza Patrón, propuso que los recursos ahorrados por la ejecución del plan de austeridad en el Poder Legislativo sean destinados para subsidiar el Programa de Estancias Infantiles.

Según estimaciones del diputado priista, por la reducción de salarios de los 46 representantes populares, el Poder Legislativo podría ahorrar al año entre 25 y 30 millones de pesos.

García Guillén señaló que las declaraciones “para salir como los grandes valientes de la historia no es la ruta” y el problema de las estancias va más allá y es de competencia federal no local.

Pidió esperar a que el gobierno federal defina los nuevos lineamientos que habrán de normar el funcionamiento de las estancias infantiles, de tal manera que puedan operar bajo estándares de máximo cuidado y bienestar para los niños.

¿Ven un interés político en el tema de las estancias?

“Por supuesto que hay un interés político, ahora el PRI se quiere dar baños de pureza, se los debieron de haber dado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora lo que tienen que hacer es arreglar la porquería del país que nos dejaron”.

“Eso implica que nuestra madurez, cerrando filas y agrupándonos por un interés que tiene que ver con Guerrero y con las estancias infantiles, entonces seamos voceros, pero no de estas malas estrategias que no tienen pies ni cabeza y que solamente la quieren utilizar como un tema coyuntural, esto es más profundo”, comentó.