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OPINIÓN|¿Qué ley de seguridad necesitamos?

“¿Por qué en la zona centro del estado, donde se encuentran asentados los poderes públicos, la violencia perpetrada por las bandas del crimen organizado es inexpugnable?”

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2017-03-04 09:27

Tlachinollan, Guerrero.- ¿Por qué en la zona centro del estado, donde se encuentran asentados los poderes públicos, la violencia perpetrada por las bandas del crimen organizado es inexpugnable? ¿Cómo explicar que en las comunidades circunvecinas de Chilpancingo, grupos de civiles armados imponen su ley y mantienen el control territorial? ¿Por qué en una región militarizada como la de Chilapa-Zitlala, siguen los asesinatos a la alza por parte de las organizaciones delincuenciales que se disputan las rutas de la droga? ¿Cómo interpretar este escenario cruento, donde los elementos del Ejército son testigos pasivos de las acciones de los grupos de la delincuencia que arremeten contra la población civil indefensa? ¿Cómo es posible que con toda la fuerza del estado las autoridades no ubiquen a El Tequilero, líder de un grupo delincuencial que tiene asolada la sierra de San Miguel Totolapan, con el argumento burdo de lo agreste de su geografía? ¿Por qué se opta por convencer a maestros, maestras y padres y madres de familia, para que regresen a clases con la presencia del Ejército en las escuelas, en lugar de detener a El Tequilero y garantizar el orden constitucional? ¿Qué intereses mafiosos orillan a los diputados locales a defender a ultranza a Saúl Beltrán, compañero de la bancada priísta, acusado de homicidio y de tener vínculos con El Tequilero? ¿Cómo permitir estas alianzas truculentas que se reeditan como sucedió con José Luis Abarca, ex presidente de Iguala, quien fue señalado como el responsable del asesinato de Arturo Hernández Cardona y de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Estos pactos de impunidad entre la clase política son los causantes de esta crisis de inseguridad que nos han colocado como el estado más inseguro, violento y militarizado.

Estas políticas de seguridad basadas en el paradigma del uso de la fuerza con la participación creciente del Ejército, han desquiciado la convivencia pacífica entre las y los guerrerenses. La militarización temprana implantada por el Ejecutivo federal, como parte de una estrategia de contrainsurgencia, orientada a destruir cualquier vestigio de la guerrilla y a abatir a las personas alzadas en armas, vino a institucionalizar las acciones impunes de las fuerzas armadas que se tradujeron en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Estas graves violaciones de derechos humanos nunca fueron investigadas por las autoridades civiles, quienes en todo momento se han declarado incompetentes para investigar los delitos cometidos por las fuerzas castrenses. Esta supeditación histórica ha dejado a la población en total indefensión, y más bien ha marcado una ruta funesta que permite a las fuerzas armadas actuar por encima de nuestro marco constitucional. A nivel nacional ninguna autoridad se ha atrevido a llamar a cuentas a las fuerzas armadas, por el contrario, se les encubre y respalda en todo momento, sin que importen las víctimas ni el respeto a los derechos humanos.

Han sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Corte Interamericana (CoIDH), las instancias internacionales que han tenido que investigar estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, al grado que han emitido cinco sentencias al Estado mexicano, todas vinculadas con el Ejército, siendo cuatro de estas sentencias relacionadas con casos de Guerrero. El caso de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido en 1974 en Atoyac de Alvarez. Los dos casos de tortura sexual cometidas en 2002 contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas Me phaa de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres y de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec. Los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron víctimas de tortura por elementos del Ejército en Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en 1999. Estas sentencias dieron pie para que el fuero militar no deba juzgar casos de violaciones derechos humanos, sino que sea el fuero civil el responsable de hacer las investigaciones. La lucha que dieron las mismas víctimas y sus familiares obligó al Estado mexicano a que se iniciara una reforma al código de justicia militar, para restringir el fuero militar y designar a las autoridades civiles como las responsables de investigar a los elementos castrenses involucrados en acciones delictivas contra la población civil.

Por otra parte, el ex relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, en su informe que realizó en el 2004 sobre México, planteó que “es imperativo disminuir la participación del Ejército en las actividades policiales; velar porque los militares acusados de cometer violaciones de derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles y no militares, y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno.

En 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó al gobierno mexicano que “las autoridades civiles deben cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de los elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando. Al mismo tiempo recomendó: “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública… Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza”.

Estos planteamientos realizados en el marco de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex presidente Felipe Calderón, no han tenido eco en las autoridades mexicanas, por el contrario, han cerrado filas con el Ejército mexicano para impulsar una ley sobre seguridad interior, que fue anunciada el 8 de diciembre por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en diciembre pasado. Este emplazamiento público del general a los legisladores y el regaño público que dio al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al recordar que “la seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación… por lo que es ésta la que debe de estar insistiendo en que esta ley se promulgue”.

A partir de esa fecha, los coordinadores de las principales fracciones parlamentarias como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano elaboraron sus propias propuestas sobre seguridad interior, que está pensada más en darle certeza jurídica a las fuerzas armadas en detrimento de fortalecer el respeto a los derechos humanos, dejando de lado un modelo de seguridad ciudadana. Persiste el paradigma de la seguridad vista desde el uso de la fuerza, y no se concibe que la seguridad debe estar anclada en el respeto a los derechos humanos. Tenemos que reafirmar lo que dice el representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien afirmó en un foro en la Ciudad de México, a propósito de esta ley que se discute en el Congreso: “no hay una auténtica seguridad ciudadana sin el respeto a los derechos humanos. La seguridad sin derechos humanos es una inseguridad. De hecho las sociedades que respetan los derechos humanos son también las más seguras. El respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana y el buen funcionamiento del Estado de derecho va de la mano con la seguridad ciudadana. Cuando las autoridades cometen grandes violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa, están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada, impulsando un círculo vicioso, una espiral de violencia cada vez más brutal. No se establece o fortalece el Estado de derecho con graves violaciones a los derechos humanos”.

Este mensaje emitido ayer en la Ciudad de México, nos da la pauta de los riesgos que representa aprobar una ley de seguridad interior sin tomar en cuenta estos principios básicos de lo que significa la seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos. Apostarle a prolongar la presencia del Ejército en las calles y a fortalecerlo con una ley de seguridad interior, es ir en detrimento del fortalecimiento de las corporaciones policiacas y del mismo Estado de derecho, porque se militarizaría nuestro régimen y por ende estaríamos afianzando un sistema político autoritario. No se le apuesta a fortalecer a las instituciones civiles sino a las fuerzas armadas, y eso nos coloca en una mayor crisis de inseguridad porque en Guerrero llevamos más de 40 años padeciendo este flagelo y los resultados han sido catastróficos porque estamos viviendo momentos muy violentos, donde ya nada detiene esta avalancha delincuencial y lo que es peor, que el Ejército no ha garantizado paz ni seguridad a las y los ciudadanos, tampoco respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos, más bien ha sido un actor que ha causado graves violaciones a los derechos humanos, dejando en estado de indefensión a las víctimas.

En su desesperación, las autoridades del estado quieren dar soluciones fáciles pero que a la postre serán costosas y muy cruentas y dolorosas. Resolver el problema de la inseguridad no es una tarea sencilla, es muy compleja, y por lo mismo se tiene que repensar cómo atender en su justa dimensión este desafío. Las voces de las víctimas de esta violencia y de los estragos de la militarización deben ser escuchadas; de la misma forma los diputados y diputadas deben de atender las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales, así como conocer las experiencias exitosas que se han dado en otros países sobre un modelo de seguridad basado en el paradigma de los derechos humanos. En Guerrero no vislumbramos en el escenario actual posturas que le apuesten a un cambio de paradigma, porque quieren mantener las mismas políticas de seguridad que nos han desquiciado. No se quiere entender que vamos por el camino equivocado, que está ganando la tentación de usar la fuerza letal para “abatir” a los enemigos, como la ruta segura y fácil, pero reprimir y destruir al otro, ahora con una ley de seguridad interior, nos llevaría como país y como estado al despeñadero que lamentablemente lo estamos viviendo con el conteo diario de los asesinatos que suceden en las diferentes regiones del estado. Las y los guerrerense tenemos que decir, sobre todo las víctimas de la violencia y sus familiares ¿qué tipo de seguridad queremos? Hoy escucharán los legisladores y legisladoras, en el Senado de la república, las voces de las víctimas y sabrán desde su dolor lo que implica una seguridad militarizada.

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OPINIÓN | Escuelas al 100 en la Montaña

Con salones improvisados, uniformes remendados y útiles reciclados, es como los niños de la Montaña reciben el año escolar

Por Redacción, 2017-08-22 09:05

Tlachinollan, Guerrero.- Este lunes 21, a las 8 de la mañana llegarán los papás de los niños y las niñas de la escuela primaria bilingüe Raúl Isidro Burgos para sacar la tierra, arreglar las tablas y colocar las láminas de los dos salones improvisados con que cuentan desde hace 10 años. Hasta el momento son 85 alumnos y alumnas de familias migrantes provenientes de las comunidades Na savi de Atzompa y Yuvinani, municipio de Metlatónoc; San Rafael, Tierra Blanquita y San Lucas municipio de Cochoapa el Grande y San Vicente Amole municipio de Copanatoyac.

Varios papás y mamás trabajan como jornaleros en los campos agrícolas de Morelos y Sinaloa. Con el tiempo lograron hacerse de un solar en terrenos pedregosos del ejido de Tlapa. Con muchos esfuerzos lograron asentarse en un desfiladero que han podido arreglar a pico y pala para fundar la colonia san Isidro, que se ubica al sureste de Tlapa, en la salida a Metlatonóc. Sobre lo que fue un basurero fueron retajando el terreno para emparejarlo y armar su casa con tablas y polines. En esta zona accidentada, que en tiempos de lluvia arrastra tierra y piedras hasta la barranca, las familias migrantes se cooperaron para comprar un terreno destinado para su escuela.

Las calles pedregosas son intransitables por lo rudimentario de sus trazos y lo accidentado del terreno. Cada ocho días esperan que llegue el agua, que siempre es insuficiente. Los piperos para subir a las colonias de la periferia cobran 250 pesos el viaje. Las familias que están sobre la barranca carecen del servicio de luz. El drenaje recién lo van a estrenar. Como ya es costumbre entre los presidentes municipales, los desechos desembocarán en la barranca que cruza parte de la ciudad.

Para sobrevivir los esposos que no salen a trabajar como jornaleros, se emplean diariamente como peones, yendo por las mañanas al puente del río jale, para ser contratados. Las familias que se van por varios meses al corte de la caña en el estado de Morelos y al corte de jitomate y chile en Sinaloa, se llevan a sus hijos, porque es imposible sostenerlos permaneciendo en su casa. Los niños y niñas también trabajan. Después de ir a la escuela venden en las calles frutas de temporal en bolsas de plástico. Otros más trabajan en algunas tiendas de ropa y también se las ingenian para hacerse de un cajón de madera para “bolear” los zapatos en el zócalo.

Los niños y niñas no estrenarán en este ciclo escolar sus uniformes, tampoco recibirán útiles escolares. La directora ya comunicó a las mamás y papás, que remienden los pantalones y camisas de los niños para que reutilicen los uniformes. A las niñas que normalmente tejen con el apoyo de sus mamás sus huipiles, les han comentado que a cambio de su blusa que ya no les queda puedan llevar su huipil multicolor. Los tres maestros de esta escuela multigrado, que acompañan en todas las gestiones al comité de madres de familia y al delegado municipal, les han sugerido que armen otros cuadernos con las hojas blancas que no usaron de sus cuadernos anteriores. Esto mismo harán con los útiles que ya están inservibles. Nadie de los docentes sabe el motivo de por qué ya no les llegó el recibo para recibir uniformes y útiles escolares.

Con nada digno podrán iniciar sus clases los niños y niñas de esta escuela bilingüe, que es una muestra en la misma ciudad de Tlapa, de lo que pasa en la mayoría de las escuelas monolingües y bilingües de la Montaña y de otras regiones del estado. Sobre el piso de tierra, que se transforma en lodo cuando llueve, entrarán los alumnos y alumnas a sus salones. Con algunos pupitres destartalados algunas niñas o niños podrán medio sentarse. Con un pizarrón doblado y descarapelado recibirán las primeras lecciones. Sin cuadernos ni lápices nuevos no tendrán la dicha de escribir o dibujar. Sin un espacio para jugar y hacer los honores a la bandera, las maestras y el maestro se las ingenian para formar a las niñas y niños, que en cualquier descuido, corren el riesgo de desbarrancarse. Un salón rustico que fue apoyado por una asociación civil de la ciudad de México, es el salón de lujo donde despacha la directora y donde también da clases a los grupos de quinto y sexto grados.

Esta escuela no está contemplada dentro de las obras programadas para este año. A tanto insistir o más bien perseguir a los funcionarios, las madres de familia lograron arrancarle tres toneladas de cemento al secretario de asuntos indígenas, Gilberto Solano, para lo que hoy llaman la cancha de la escuela. Es el único espacio encementado con que cuenta toda la colonia para el esparcimiento de los niños y niñas, porque no hay terrenos donde puedan jugar. Ante el aguacero que pegó fuerte en la ciudad la semana pasada, elementos de protección civil dieron cuenta del lodazal que cubrió los salones de madera de la escuela. El comité de madres de familia no tuvo otra alternativa que solicitar la intervención de este centro para hacer valer su derecho, ante las autoridades competentes. La emergencia obligó a que el presidente municipal de Tlapa atendiera el caso y verificara la deplorable situación de la escuela. Serán unas láminas para cubrir los techos de los salones y 30 pupitres lo que paliará de momento un problema estructural que enfrentan las escuelas de nivel básico en el estado.

Las autoridades educativas por más que quieran empujar una reforma educativa desde el centro del poder, será imposible implementarla, no solo porque buena parte del magisterio no comparte este modelo educacional que es más administrativo que pedagógico, sino porque no existen mínimamente las condiciones materiales para echarlo a andar. No hay infraestructura educativa y la poca que existe es obsoleta. Son contadas las escuelas de las principales ciudades del estado que tengan las condiciones óptimas para proporcionar a los alumnos y alumnas una enseñanza de calidad. Es sumamente contradictoria la postura de las autoridades que desde las alturas del poder dan órdenes para implementar la reforma sin que vaya acompañada de mayor presupuesto para hacer frente a los rezagos históricos en cuanto a infraestructura educativa.

El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los funcionarios de la secretaría de educación se lo atribuyen a los cambios que se han dado con la reforma educativa, que al final todo se reduce a la reducción presupuestal y a nuevas normatividades que nadie tiene conocimiento. El malestar sigue acumulándose tanto en el magisterio como entre los mismos padres y madres de familia que ven reducidas sus expectativas de que sus hijos e hijas tengan mejores condiciones en su formación académica. No solo las instalaciones de las escuelas están derruyéndose, sino que los servicios básicos no funcionan. No cuentan con equipamiento mínimo para la impartición de clases, materiales pedagógicos suficientes y apropiados, acceso al internet, libros y salas de computo. Todo se reduce a paliar las demandas, a sobrellevar los problemas, a proporcionar a cuenta gotas ciertos apoyos para disminuir la alta conflictividad. La falta de personal docente se sigue complicando porque ni siquiera se logra contratar a las maestras y maestros que han aprobado los exámenes. La apuesta es administrar los conflictos educativos abriendo la válvula donde la tensión es fuerte. Sin embargo, la consigna federal es imponer la reforma administrativa para maniatar al magisterio con la nueva normatividad obligándolo a negociar dentro de un nuevo escenario que tiene como telón de fondo la reforma educativa.

Ya no habrá inversiones millonarias para mejorar la infraestructura educativa o para crear nuevas escuelas, por el contrario, todo recaerá en los padres y madres de familia y los ayuntamientos. Tampoco se abrirán más plazas de acuerdo con la demanda educativa, se dosificará el número de plazas en lugares más estratégicos, ahondando la inequidad educativa y el trato discriminatorio. No habrá presupuesto para las escuelas rurales, sobre todo, las que se ubican en lugares apartados, porque desde la lógica empresarial son incosteables. Todo tiene que racionalizarse y reducirse de acuerdo con los nuevos parámetros de la educación neoliberal. Habrá inversión educativa donde se garantice que habrá capital humano que retribuya en el nivel superior el dinero invertido. En este modelo educativo no existe la perspectiva del derecho humano a la educación, mucho menos el sentido ético de la justicia social. Por lo mismo, los presupuestos no serán equitativos, ni retribuidos con justeza para achicar la desigualdad. El capital que demanda acumulación de ganancias no permite que se invierta donde se requiere tener un compromiso ético con las poblaciones depauperadas, que están demandando atención básica a sus demandas y que implica destinar recursos financieros donde es urgente emparejar el piso de la desigualdad.

Esta situación obliga a que los ciudadanos y ciudadanas luchen para que el paradigma de la educación conlleve el principio ético de la justicia social, porque la calidad educativa y las escuelas al 100 lo único que están generando en nuestro país, es que se profundice la brecha entre una población mayoritariamente excluida y analfabeta con una minoría empresarial y de un reducido grupo político, que acaparan los recursos públicos y se enriquecen a costa de las niñas y niños pobres que no tienen salones, pupitres, uniformes ni cuadernos para escribir justicia en sus libros de texto.

#Guerrero

OPINÓN | Autoridades de oropel

“La violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano”

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2017-04-13 08:56

Tlachinollan, Guerrero.- El diagnóstico que ofreció el Ombudsman nacional sobre la situación de los derechos humanos, es altamente preocupante. Ante el presidente de la república Enrique Peña Nieto remarcó que “la corrupción, la impunidad y la falta de una rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones”.

“La violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano y el que se empezara a asumir como parte de nuestra normalidad los homicidios, desapariciones y el recuento de extorsiones, secuestros, robos y otros delitos de los que día a día dieron cuenta los medios de comunicación”.

Reiteró que “ante la falta de respuestas por parte de las distintas autoridades, los familiares de desaparecidos, emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos, evidenciando la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, las cuales han delineado una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en nuestro país.

El saludo eufórico que dieron las autoridades del estado a la entronización del rector de la UAGRO, Javier Saldaña (quien repite en el cargo), contrastó con la noticia principal del diario El Sur, al cabecear que Guerrero ocupa el primer lugar nacional con 195 fosas clandestinas. Esta cifra escalofriante pone al descubierto el problema de la violencia que nos desquicia. A solo seis días del informe anual del Ombudsman, la CNDH publicó su informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México. En su análisis señaló que “los estados de Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí fueron omisos en dar respuesta a los requerimientos de la CNDH”. En Guerrero las autoridades no solo no proporcionaron la información solicitada, sino que hubo serias inconsistencias en los datos obtenidos. Los órganos de procuración de justicia adujeron que esta información era de naturaleza reservada y confidencial, para negarse a facilitar el trabajo y seguir ocultando realidades que nos tienen en la gran fosa de la impunidad. A pesar de los obstáculos que enfrentaron, la CNDH logró tener una radiografía de lo que acontece en nuestra entidad en cuanto al gran número de personas desaparecidas y al grave problema de las fosas clandestinas. Para colmo de males Acapulco aparece como la ciudad con mayor número de fosas, con 56, en Taxco de Alarcón se registraron 32, Chilapa 17 y Chilpancingo 16.

La CNDH señala que en nuestro país existe un problema estructural en la atención de los casos de desaparición de personas derivado de varios factores, entre otros, la falta de una ley en la materia; las inconsistencias jurídicas; la falta de profesionalización de los funcionarios que atienden esta problemática. Todo ello aunado a la conjunción de la impunidad, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la colusión de diversos servidores públicos con la delincuencia organizada. Esto se agudiza con las condiciones de desigualdad, pobreza y pobreza extrema que impiden un desarrollo social horizontal en un estado donde la ley del revólver ha suplantado el estado de derecho.

Los gobiernos caciquiles y la militarización que vinieron a desencadenar una serie de graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo los casos de desaparición forzada que se dieron con la guerra sucia, son el antecedente funesto que arrastramos como estado y que ahora quedamos evidenciados con el número de fosas clandestinas. Los crímenes atroces fueron sepultados para que nadie pudiera desenterrarlos. Sin embargo la persistencia de las familias han podido más, porque ahora su lucha es parte de la agenda pública y uno de los temas de mayor preocupación internacional.

Esta delicada situación confirma que la desaparición de persona es una práctica sistemática que existen en el país y que se debe a un patrón de impunidad, sobre todo a esa colusión que se ha extendido entre corporaciones policiales, miembros del ejército y la marina que han trabajado con organizaciones criminales. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotinapa es un claro ejemplo de esta macrocriminalidad que impera en el país, donde las fuerzas represivas del estado se coluden para desencadenar toda su furia contra jóvenes a quienes consideran como un peligro para los intereses facciosos de los grupos políticos.

Para una debida atención de los casos de personas desaparecidas la CNDH ha pedido que se contabilice el número de casos y se distinga el tipo de desaparición. También demanda que se expida con urgencia la ley general sobre desaparición de personas tomando en cuenta los más altos estándares en la materia. Es lamentable que los mismos diputados y senadores, a pesar de que han prometido en diferentes momentos la expedición de la ley general de desapariciones forzadas, la tengan en la congeladora y le den más importancia a la ley de seguridad interior que empezó a impulsar la SEDENA en diciembre de 2016.

Esta situación es oprobiosa para los familiares de las víctimas, porque saben que para la clase política no les reditúa políticamente una ley que implica atacar a fondo vicios de los órganos investigadores y todo el aparato de seguridad que son parte del problema de los desaparecidos y la proliferación de las fosas clandestinas.

Para la CNDH en los casos de desaparición de personas y en el hallazgo de fosas clandestinas, las autoridades actúan con omisión, insuficiencia, falta de inmediatez y falta de asesoría jurídica. Son los vicios acendrados que no se han querido desterrar, más bien se sigue simulando y manteniendo una práctica nociva que no ataca el problema de fondo.

Se deben implementar las acciones necesarias para realizar un intercambio permanente de información sobre hallazgos de fosas clandestinas, exhumaciones y levantamiento de restos humanos e indicios, con el fin de facilitar la identificación y localización de personas desaparecidas. Se debe generar a los familiares las garantías necesarias para denunciar una desaparición de personas en cualquier agencia del ministerio público con independencia del lugar donde se suscitó la desaparición. Por otra parte, deben de fortalecerse las estrategias para recuperar la seguridad ciudadana y generar condiciones que eviten la desaparición de personas.

La CNDH recomienda a las autoridades que deben implementar programas específicos de prevención del delito con especial atención en las zonas con mayor índice de criminalidad. También urge realizar acciones que permitan la autonomía de los servicios periciales a fin de generar confiabilidad y asegurar imparcialidad en la realización de los dictámenes.

Es imprescindible que las autoridades realicen un análisis del contexto de lo que está pasando en las diferentes regiones del estado, para poder identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan las condiciones para la comisión de delitos, entre ellos la desaparición de personas. Para hacer frente este complejo flagelo se tiene que derrumbar el muro de la impunidad y atacar de fondo la corrupción. No se puede hacer nada relevante si no se escuchan las necesidades de las víctimas.

Las autoridades deben de revisar lo que realmente está pasando en el estado. No pueden seguir evadiendo su responsabilidad sin tomar acciones concretas. Deben de redoblar esfuerzos y redimensionar las acciones que no están atendiendo el reclamo de las víctimas de la desaparición forzada de personas.

Hay una gran deuda con decenas de familias que han dejado de confiar en las autoridades porque no ven resultados y porque más bien se les revictimiza al no brindarles el apoyo necesario ni respetar su dolor. Es muy preocupante que la gente no encuentre protección, mucho menos respaldo en la búsqueda de sus hijos. Por el contrario, tienen serios temores de que está lucha les traiga consecuencias funestas. Saben que todo el aparato gubernamental está colapsado, y por lo mismo no está siendo un factor que ayude a establecer una estrategia general de trabajo y una ruta del tiempo real para la atención de este problema. Las familias agraviadas no ven que las autoridades quieran invertir recursos para establecer áreas especializadas conformadas por policías capacitados en investigación, búsqueda y desaparición de personas desaparecidas. Todo lo quiere improvisar y mantener la misma estructura, sin depurar las corporaciones policiales, mucho menos en profesionalizarlas.

El anuncio ostentoso que hicieron las autoridades del estado este viernes, de blindar las zonas turísticas para garantizar seguridad a los vacacionistas, se ensombreció en la madrugada del sábado al darse un enfrentamiento armado en Ixtapa-Zihuatanejo, donde murieron 4 personas y 3 quedaron heridas. La manera indolente de responder a esta trágica realidad, por parte del vocero de seguridad fue que entre los muertos “no había ningún turista” y que además fue “un enfrentamiento entre integrantes de un grupo criminal”. En síntesis, no hay de qué preocuparse, porque mientras no sean turistas los muertos, la fiesta puede seguir con los homicidios al alza y con el descubrimiento de fosas clandestinas.

Lo indignante es ver cómo se regodean las autoridades en medio de la tragedia. No están atendiendo los informes que realizan las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Hay una tendencia a querer ocultar la realidad y a mostrar a fuerza de propaganda el Guerrero que no experimentamos los guerrerenses de a pie. Para el presidente Enrique Peña Nieto la crítica realidad que enfrentamos existe sólo en la mente de unas personas. Esa percepción golpea más a quienes luchan por encontrar a sus hijos y que no es por un problema mental sino porque existen autoridades de oropel que no sienten el dolor de las víctimas. Las miles de familias que exigen verdad y justicia son las que han desenmascarado las mentiras de un gobierno que se niega a aceptar su gran responsabilidad por el gran número de personas desaparecidas y el alto número de fosas clandestinas.

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OPINIÓN|Los artífices de la justicia desde abajo

Agustina García de Jesús forma parte del pueblo tu’un savi, donde las mujeres forjan su identidad en la cima de la Montaña.

Por Redacción, 2017-03-04 10:08

Tlachinollan, Guerrero.- Aprendí a caminar con las organizaciones que defienden los derechos del pueblo. Así como le hacen los niños y niñas pequeñas que con dificultades dan sus primeros pasos. Poco a poco perdí el miedo y logré sostenerme con el apoyo de ustedes. Mi vida cambió totalmente cuando encerraron en Almoloya a mi esposo Arturo. Le pasó lo mismo que a Nestora. Lo acusaron de cometer 45 secuestros, de robar al ayuntamiento de Ayutla y de pertenecer a la delincuencia organizada. Todo por apoyar a la policía comunitaria del Paraíso. Fue un duro golpe en mi corazón, porque el gobierno es como un monstruo que te ataca sin compasión por ser indígena. Me quedé sola con mis seis hijos pequeños, sin casa, porque me la quemaron. Querían verme morir. Acabar no solo con Arturo, sino con su familia.

Han pasado más de tres años y aquí estoy luchando junto con mi pueblo. Ahora aprendí a caminar con ellos por las veredas de la justicia, que tienen muchas espinas. Con ellos y con mis compañeras de la Montaña aprendí a hablar el español y a distinguir cuál es la justicia del gobierno y cuál es la justicia del pueblo. La justicia de los licenciados tiene precio, por eso nos persigue y nos encarcela, porque no le gusta que los de abajo también tengamos nuestra justicia. Esa justicia es la que practicaron nuestros antepasados, la que nació de abajo, como los grandes árboles que hay en el río y que tienen raíces profundas.

Por esa justicia lucho, por la justicia que trabaja parejo. La que no discrimina a los indígenas y que no le quita el dinero al pobre. Lucho por la justicia como todas las mujeres de la Montaña, sembrando maíz, lavando ropa y haciendo la limpieza en las casas. Atiendo a mis hijos y los llevo a la escuela. A pesar de que vivo en el cerro y muchas veces no tengo qué comer, ningún día he dejado de exigir la libertad de mi esposo. La fuerza son mis hijas y mis hijos. Ellos y ellas con su risa y con su cariño me levantan y me guían. Son la luz y mi esperanza.

Agustina García de Jesús forma parte del pueblo tu’un savi, donde las mujeres forjan su identidad en la cima de la Montaña. Donde las madres, en cuclillas y apoyadas de una silla de madera, dejan caer en manos de la partera a sus criaturas recién nacidas. Saben que el señor fuego y la señora lumbre, que habitan en el bracero, las protegen. Su vida es al ras del suelo en las hondonadas del olvido, donde no hay médicos ni maestros, sino puro guacho que las acecha cuando acarrean agua de los arroyos. Aprendieron a caminar en el Tlacolol y forjaron su espíritu recio cargando leña por las escarpadas montañas.

Agustina hasta los 26 años bajó a la ciudad, pero no viajó para recorrer sus calles, sino porque ahí se encontraba el penal de alta seguridad donde refundieron a su esposo Arturo Campos Herrera. En Almoloya de Juárez estuvo recluido 19 meses y el mismo tiempo lleva en la cárcel de Ayutla de los Libres. Se desempeñó como consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la casa del Paraíso y asumió un papel relevante en la conformación de esta casa de justicia enclavada en una región militarizada, donde el 7 de junio de 1998 el ejército masacró a 11 indígenas del pueblo Tu’un savi. Dentro de una escuela primaria en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla.

La lucha de Agustina, que ha sido acompañada por las familias de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, así como por el comité nacional por la libertad de las y los presos políticos, ha logrado resquebrajar un sistema de justicia que se niega a reconocer el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación, que en la Montaña de Guerrero tienen su expresión más nítida en el sistema de seguridad y justicia comunitaria conocido popularmente como la policía comunitaria.

El pasado 9 de febrero de 2017, el juez sexto de distrito de Acapulco consideró que no está acreditado el delito de secuestro, al tiempo que reconoce la legalidad y legitimidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), así como la obligación del sistema judicial de respetar su sistema normativo como parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta determinación judicial concede la protección de la justicia federal a Arturo Campos Herrera para que la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro.

Los artífices de la justicia desde abajo son los hombres y mujeres que viven en el México olvidado y ensangrentado. Es la justicia que se gesta en las regiones asediadas por el Ejército que hoy exige una Ley de Seguridad Interior a modo, para imponer a los pueblos indígenas de la Montaña su propio paradigma de seguridad. En estas regiones agrestes y en medio de tantas adversidades, los pueblos indígenas de Guerrero están demostrando que es posible construir comunitariamente un paradigma de justicia y seguridad centrado en la defensa de los derechos de los pueblos.

Arturo, Gonzalo y Samuel, los tres presos de la CRAC-PC acusados injustamente de delitos que no cometieron, han demostrado en los mismos tribunales federales su inocencia y con la fuerza y pundonor de Agustina, Ausencia y Beatriz, esposas y madre de los detenidos, han vencido a un sistema de justicia estatal que criminaliza a los defensores comunitarios y estigmatiza al sistema de justicia de la CRAC-PC que por la vía de los hechos es una alternativa para construir la justicia desde abajo.