México.- Pareciera que a la oposición le urge que los seguidores de AMLO empiecen a desencantarse. No entienden cómo es posible que “a pesar de todo” el aval ciudadano siga a favor del presidente.

Los detractores enarbolan razones que, a su juicio, ya deberían haber decepcionado a la mayoría de los mexicanos que votaron por Morena y, según sus cálculos, por estas fechas estarían en terreno fértil para echar a rodar todos sus recursos a favor de la revocación de mandato, calculado para el 2021.

Me gustaría poner como ejemplo a los dos expresidentes más activos, Fox y Calderón, acérrimos críticos de las políticas públicas de López Obrador y comentócratas agudos, acostumbrados a estar por encima de la ley y al uso de la manipulación mediática para conseguir sus objetivos, porque ambos han tenido su cuota de la nueva realidad. Para empezar, ambos han leído las travesuras de sus hijos en las primeras planas de los principales diarios.

Inevitablemente, Fox comprobó que sin los bots que paga en redes sociales, su poder de convocatoria y su popularidad son nulas. Eso quedó de manifiesto cuando convocó a la marcha anti-AMLO en mayo pasado, donde la masiva convocatoria contaba con el apoyo del Ayuntamiento y también del aparato del gobierno estatal panista, sin embargo, apenas alcanzó a reunir a unas decenas de personas dispuestas a mostrar su rechazo al nuevo gobierno.

Por su parte, Calderón se ha topado con la famosa “Ley del hielo” mexicana en lo concerniente a la creación de un nuevo partido denominado México Libre. Abundan los datos en la red que dan cuenta del estrepitoso fracaso de las asambleas y la incapacidad de reunir las afiliaciones, ambas necesarias para obtener su registro. En esta ocasión no le sirven las copias fotostáticas, como en el fraudulento registro de Zavala a la contienda por la presidencia. Por el contrario, por iniciativa ciudadana, el proyecto Calderón-Zavala reunió, en poco más de dos semanas, 200 mil firmas en contra.

Mientras tanto, la SCJN ha hecho lo suyo para granjearse la antipatía ciudadana. Hoy por hoy, el reclamo más enérgico de la sociedad es contra las tropelías cometidas por el poder judicial, porque la sociedad entiende que están incumpliendo con su responsabilidad.

Por otro lado, México cae nuevamente en el reciente índice de combate a la corrupción (CCC), que califica a los países en su capacidad para disuadir, descubrir y castigar la corrupción. En los rubros de Capacidad legal y Democracia e Instituciones políticas, México está reprobado, sin embargo, en Sociedad civil, medios y sector privado estamos dos puntos por encima, dejando claro que, de nueva cuenta, es en el tejido social donde radica la fuerza para combatir la corrupción. Sin embargo, la ineficiencia judicial y su interferencia política es uno de los principales focos de preocupación. Y esta percepción coincide con el pulso ciudadano.

Ningún esfuerzo es suficiente si no hay un poder judicial con capacidad e interés por castigar a los culpables de cometer actos de corrupción. Uno de los peores escenarios es cuando la sociedad se organiza para investigar, comprobar y destapar redes de corrupción -muchas veces corriendo riesgos que atentan contra la seguridad- y el poder judicial o las instituciones son ineficientes y omisas en la impartición de justicia. Ese es el caso de México y de una manera o de otra, debe cambiar.

A diferencia de la oposición, que está pensando en elecciones y recuperar el poder, la sociedad mexicana está consciente de su peso y del poder que ostentan sus reclamos y está, más que nunca, presionando para que la justicia empiece a ser expedita y eficiente. La sociedad reconoce que hay un ambiente propicio para que sus reclamos sean escuchados y no va a desperdiciar la oportunidad dando cabida a juegos de poder y revanchismos políticos.

Es una cuestión de prioridades.