Tlachinollan, Guerrero.- En una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores, los parlamentarios europeos expresaron su preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, llamando la atención sobre los datos del informe de la Red TDT “La esperanza no se agota”. Este informe documenta 106 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras y 81 desapariciones forzadas, entre otras graves agresiones cometidas durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto contra quienes defienden los derechos humanos en México.

Además, los diputados del Parlamento Europeo llamaron la atención sobre el Estado de Guerrero y, particularmente, sobre la grave situación de riesgo que viven los familiares de personas desaparecidas, las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada por la violencia, así como las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan.

Los parlamentarios destacaron especialmente la falta de garantías para la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organizaciones con sede en Guerrero, así como la falta de canales de participación efectiva para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en Guerrero.

La carta, resultado de acciones de incidencia por parte de las organizaciones que suscriben este comunicado, fue promovida con anterioridad a los hechos[2] ocurridos en la comunidad de La Concepción, en el municipio de Acapulco, el día 7 de enero cuando se produjo el asesinato de cinco miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), así como la detención arbitraria de 32 personas defensoras incluyendo los Sres. Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Al menos seis personas detenidas han sido víctimas de actos de tortura y/o malos tratos.

En este contexto y ante la intensificación de la evidente crisis para la defensa de derechos humanos en el Estado de Guerrero, el Observatorio, la Coordinación alemana y la Red TDT instan a las autoridades mexicanas y guerrerenses a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos en Guerrero, incluyendo el establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos. Además, como parte del establecimiento de garantías debería asegurarse la investigación efectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Guerrero incluyendo, entre otros, casos emblemáticos de la situación como los recientes hechos en Acapulco o la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista[3] hace más de seis años.