Guerrero.- El pleno del Congreso local aprobó en junio reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y a la Ley del Sistema de Impugnación en Materia Electoral con las que se reconoce la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Las reformas permitirán sancionar la violencia política contras las mujeres en razón de género en el proceso electoral de Guerrero que inició la semana pasada, y los partidos políticos podrán ser sancionados con la reducción de hasta el 50 por ciento del financiamiento público si incumplen las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres.

 

La reforma establece que cuando se trate de casos graves y reiteradas con dicha conducta serán sancionados con la suspensión de su registro o acreditación en el estado.

Se considera violencia política contras las mujeres en razón de género a toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de las esferas públicas o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.

El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidatura, funciones o cargos públicos.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, y puede ser perpetrada por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos, precandidatos, candidatos o particulares.

En la reforma se enlista conductos que podrán ser consideradas violencia política durante el proceso electoral: obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o filiaciones políticas; ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades.

Proporcionar a las mujeres que aspiren u ocupen un cargo de elección información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro; obstaculizar las precampañas o campañas políticas de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condición de igualdad, entre otras.

En relación con la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia se establece que serán indemnizadas, restitución inmediata en el cargo al que haya sido obligada a renunciar, así como la aplicación de medidas de seguridad para asegurar el ejercicio del cargo y no repetición.