México.- Más de mil 390 millones. Esa es la cifra por la renta y el mantenimiento de dos edificios para la Fiscalía General de la República tendrá que pagar en los próximos años y que la administración de Enrique Peña Nieto ha legado a la de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a una investigación, los dos contratos se firmaron en 2018 y tienen vigencia hasta 2022.

El primer contrato fue acordado en enero de 2018 por el antiguo oficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República, Pedro Navarro, con Corporativo Redondel, S.A. de C.V. Por 16 millones 467 mil 128 pesos al mes acordó la renta del edificio en Insurgentes número 20.

El motivo fue que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, las oficinas originales en Paseo de Reforma supuestamente quedaron inservivibles y se hizo necesario trasladarlas. Poco después, en abril de 2018, se firmó un contrato con la empresa Rouz Bienes Raíces, S. A. de C.V., para rentar un edificio en Río Pilcomayo, de la alcaldía Miguel Hidalgo, por un monto mensual de 10 millones 848 mil 154 pesos.

Cuando presentó su informe por los primeros 100 días al frente de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero aseguró que se estaba tratando de cerrar los contratos de los edificios innecesarios para optimizar los recursos. De acuerdo al fiscal, en la anterior administración había una injustificada “falta de control” en la infraestructura inmobiliaria.