México.- “Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el presidente que no quiso enfrentar la violencia contra las periodistas. Por el contrario, actuó con todo el poder para silenciar a quien, con la fuerza de su palabra y la evidencia del trabajo periodístico, mostró a la población el tamaño de su avaricia.

Esto nos hereda, el país más peligroso para ejercer el periodismo, el país de las grandes contradicciones, el país identificado a nivel mundial como el más feminicida”.

Lo anterior fue expuesto por Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), cuya asociación civil, realizó una investigación en torno a la violencia que enfrentaron las mujeres periodistas durante el sexenio de Peña Nieto.

De acuerdo con el estudio, de 2012 a 2018 se registraron 448 casos de violencia en contra de las comunicadoras del país; de los cuales, 11 fueron feminicidios.

Tales cifras representan un incremento de 341 por ciento, en comparación con las 131 agresiones que se documentaron en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

El estudio fue presentado hace unos días en la Universidad Iberoamericana Puebla y ahí se detalló que la entidad su ubicó en tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de atentados en contra de las periodistas con un total de 37 casos; de los cuales, uno fue homicidio en 2012.

A Puebla solo la superaron la Ciudad de México que reportó el 17 por ciento de las agresiones y Veracruz con el 13 por ciento.

Las amenazas y hostigamientos contra las reporteras en Puebla, explicó Lagunes Huerta, se dieron en tres momentos trascendentes como fue el inicio de la gestión de Rafael Moreno Valle, con el aumento del robo de combustible y durante el proceso electoral del año pasado.

En este tiempo, se registró una persecución de periodistas por parte de actores políticos y funcionarios, así como espionaje y llamadas intimidatorias en las redacciones para eliminar contenidos, publicación obligatoria de boletines oficiales y censura de fotografías que comprometieran al entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Los ataques, detalló, no dejaron de lado la intimidación, el hostigamiento, las agresiones físicas y la violencia sexual digital.

Cimac también mencionó robos de material de trabajo en las redacciones como computadoras, así como prácticas de espionaje en correos electrónicos, grupos de WhatsApp y ataques al patrimonio de los periodistas como el allanamiento a sus domicilios y acoso judicial.

Tanto en Puebla como en el resto del país, la mayoría de las informantes atacadas cubren la fuente política, quienes además, trabajan temas de corrupción y anomalías del proceso electoral.

En el estudio antes mencionado se precisa que el 73.70 por ciento de las periodistas amenazadas o violentadas en el país cubren la fuente política, el 15 por ciento sociedad, el 4.98 por ciento seguridad, el 3.79 por ciento estados y el 0.71 por ciento cultura y deportes.

Del tipo de medio donde laboran las víctimas, el 57.58 por ciento lo hace en prensa escrita, el 26.54 por ciento en un portal digital, el 9.48 por ciento en radio, el 4.74 por ciento en televisión y el 1.66 por ciento en agencias de noticias.

Las edades, el 26 por ciento tiene entre 36 y 40 años de edad, el 21 por ciento de 41 a 45 años, el 19 por ciento de 31 a 35 años, el 14 por ciento de 45 a 50 años, el 9 por ciento de 26 a 30 años y el 7 por ciento de 51 a 55 años de edad.

De todo el sexenio de Peña Nieto, el año más violento para las profesionistas de la información fue 2018 con el 23.93 por ciento de las agresiones; 2016 con el 18.01 por ciento; 2015 con el 17.54 por ciento y 2014 con el 15.64 por ciento.

Respecto al tipo de violencia destacan los actos de intimidación con el 19.56 por ciento, amenazas con el 13.39 por ciento, hostigamiento con el 11.51 por ciento, agresiones físicas con el 10.15 por ciento, bloqueo informativo con el 8.69 por ciento, campañas de desprestigio 7.22 por ciento y uso desproporcionado de la fuerza pública con el 6.28 por ciento.

Lucía Lagunes resaltó que los funcionarios, servidores públicos y legisladores, son los que más agreden a las féminas comunicadoras; incluso, se ubican por arriba de los narcotraficantes e integrantes de bandas delincuenciales.

En este sentido detalló que del total de las denuncias documentadas, los agresores fueron: funcionario municipal con el 18.48 por ciento, candidato, militante o simpatizante de partido político 16.35 por ciento, funcionario estatal 15.88 por ciento, civiles 8.53 por ciento, grupos armados civiles 6.4 por ciento y funcionario federal 4.74 por ciento.

En este último punto cabe mencionar que hace unos días, la reportera de esta casa editorial y colaboradora de la K Buena de Ciudad Serdán, Evangelina Rosales Gasca, fue amenazada por Julio César Bonilla, asistente del diputado local del partido Compromiso por Puebla, Uruviel González Vieyra, por publicar una entrevista con el legislador en la que reconocía que le interesaría la candidatura a gobernador por dicho instituto político.

El agresor intimidó a la reportera de la fuente política al mencionarle el nombre de la escuela de su hijo y posteriormente dicho sujeto, también amenazó al esposo de Eva, también reportero.

Ante ello, el gremio periodístico y diversas organizaciones civiles condenaron tal acto intimidatorio de la comunicadora que sólo realiza su trabajo.