*Recomienda al gobierno estatal adoptar las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para evitar que las y los periodistas que cubran eventos, situaciones de riesgo o conflicto sean vistos por las autoridades como potenciales testigos en procedimientos judiciales derivados de su labor de cobertura.

*Establecer una política pública integral en torno al ejercicio del periodismo en Guerrero.

*Los días 23 y 24 de marzo de 2015 llevamos a cabo una misión con la finalidad de documentar el estado que guarda la libertad de expresión y en particular las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el estado de Guerrero

Con la finalidad de documentar agravios contra periodistas, conocer sus condiciones laborales e identificar obstáculos para ejercer su actividad profesional, los días 23 y 24 de marzo de 2015, un grupo de representantes de organismos civiles realizaron una misión en Chilpancingo, Guerrero, para entrevistarse con trabajadores de medios de comunicación y autoridades estatales.

Este grupo de organizaciones estuvo conformado por Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, Propuesta Cívica, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Periodistas de a Pie, Casa de los Derechos de Periodistas (CDP).

Otro de los objetivos de la misión fue dialogar con autoridades y actores sociales, relacionados con el ejercicio periodístico para documentar su opinión y externarles la preocupación sobre los riesgos que enfrentan hoy en día las personas trabajadoras de medios de comunicación en el periodo previo a los comicios estatales y federales del próximo 7 de junio, así como conseguir acuerdos y hacer sugerencias sobre rutas de acción.

Las y los integrantes de esta misión entrevistaron a unas 40 mujeres y hombres periodistas que dieron testimonio sobre las condiciones de riesgo en las que realizan su trabajo, las agresiones de las que han sido objeto durante las coberturas informativas, así como otros obstáculos que han tenido que enfrentar en su ejercicio periodístico.

Sostuvieron una reunión con representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), para conocer cómo es su relación con periodistas y con la prensa en general y los protocolos de comunicación y seguridad que implementan con trabajadores de medios de comunicación durante las movilizaciones que realizan.

Se reunieron con representantes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Secretaria de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para conocer las acciones que desde el ámbito institucional estatal se han realizado respecto a las agresiones a periodistas, así como conocer las acciones de gobierno y las políticas públicas que se han diseñado en materia de protección para personas trabajadoras de medios de comunicación.

De las entrevistas realizadas a periodistas y de las reuniones sostenidas con personas servidoras públicas, concluimos que ejercer el periodismo en el estado de Guerrero conlleva el enfrentamiento directo con diversos obstáculos, provenientes tanto de autoridades como de grupos sociales, políticos y económicos, así como del crimen organizado, lo cual se aúna a la falta de políticas públicas para la prevención y protección del ejercicio periodístico, a pesar de que Guerrero es uno de los estados que cuenta con un fondo de apoyo a periodistas.

De acuerdo al monitoreo hemerográfico realizado por Freedom House, durante 2014, encontramos un registro de diversas agresiones a 46 periodistas en el estado de Guerrero, situación que la misión pudo constatar durante su visita a través del testimonio directo de periodistas agredidos y agredidas.

Las agresiones registradas van desde amenazas, hostigamiento, robo a domicilios, agresiones físicas durante las coberturas informativas, secuestro, extorsiones telefónicas y el homicidio de dos periodistas.

De acuerdo a los testimonios recabados con periodistas de Chilpancingo, se pudo corroborar que las agresiones de las cuales han sido objeto provienen en su mayoría de servidores públicos, destacando entre ellos elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, empresas de seguridad privada, Policía Federal, Ejército Mexicano, además de integrantes de la CETEG.

Reporteros sin Fronteras registró que de octubre de 2014 a la fecha han sido agredidos físicamente cerca de una treintena de reporteros durante las manifestaciones realizadas en aquella entidad en el marco de las movilizaciones realizadas por familiares y organizaciones que demandan la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.bs

Algunos reporteros y corresponsales han sido despojados de sus equipos, las imágenes de sus cámaras borradas y su labor informativa obstaculizada durante las movilizaciones.

Según el informe de la organización Articulo19, Guerrero forma parte de las cinco entidades que durante 2014 registró mayores agresiones en contra de periodistas.

Guerrero es uno de los estados que en 2013 firmaron el convenio de cooperación con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, por medio del cual se obligan las autoridades estatales a “garantizar la protección y auxilio a periodistas y defensores de derechos humanos”, sin embargo, no cuenta a la fecha con una política específica de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo a información recabada en Chilpancingo, existen en esta localidad unos cien reporteros y reporteras que laboran en diversos medios de comunicación, entre agencias informativas, medios locales y corresponsalías. La mayor parte, labora en condiciones de suma vulnerabilidad, lo cual se agrava con las condiciones de constantes movilizaciones en el estado y, en otros momentos, los fenómenos naturales que han azotado a aquella entidad como los sismos y huracanes.

Sólo en algunos casos los periodistas cuentan con prestaciones sociales. Otros tienen contratos laborales temporales para evitar generar antigüedad laboral, no cuentan con capacitación en cuestiones legales o de riesgo, no cuentan con un seguro de vida; cubren horarios de 12 a 14 horas y las empresas no les proporcionas herramientas para su trabajo.

Las y los periodistas en Guerrero, así como en otras entidades del país, tienen que financiar sus equipos de trabajo y los viáticos paras realizar sus actividades. La paga que perciben van desde 20 pesos por nota publicada hasta un salario que va de mil a mil 500 quincenales. En Guerrero “no se valora el trabajo periodístico”, indicó un periodista; “Necesitamos el apoyo de nuestros medios para las coberturas”, refiere otro, “porque nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo para las coberturas”.

Por lo general, integrantes del gremio no cuentan con el apoyo de los editores o del medio, salvo algunas excepciones, además cubrir información en el estado se vuelve cada vez más riesgoso. A esto hay que agregar que, en algunos casos, los editores manipulan la información que se publica en el medio exponiendo al reportero o reportera a un mayor riesgo; por ejemplo, el Diario Guerrero publicó un día después de los hechos de Iguala una cabeza que decía: “por fin se hizo justicia”, en referencia a que la Policía Federal había logrado que los estudiantes no tomaran los autobuses, no obstante la interpretación fue otra.

Ahora, los periodistas no solo tienen que cuidarse de la policía, sino de integrantes de movimientos sociales que en ocasiones los agreden porque consideran que están manipulando la información. Para muchos “todos somos iguales”, dice un periodista, “Los maestros están enojados porque dicen que no decimos la verdad”; los periodistas que andan en las calles se enfrentan a “los reclamos que recibimos es ‘prensa vendida’, luego ya no nos quieren dar entrevistas porque dicen que no decimos la verdad. No son los reporteros, porque ellos no son los que marcan la línea editorial”, expresó un reportero durante la entrevista.

Durante la misión se tuvieron varias reuniones con organizaciones de periodistas del estado, cuyos representantes, en su mayoría, coincidieron en señalar una serie de variables estructurales que limitan la libertad de prensa. Éstas se relacionan con la existencia de políticas y programas gubernamentales que si bien en su diseño pretenden incentivar la labor periodística a través de la profesionalización y el otorgamiento de subsidios y/o apoyos materiales a los periodistas para mejorar sus condiciones de vida, en la práctica terminan siendo mecanismos “legítimos”, para restringir y cooptar a periodistas por parte del estado, que podría poner en riesgo la libertad de expresión de quienes acceden a estos “beneficios”, excluyendo a la gran mayoría y generando división al interior del gremio.

En el estado de Guerrero han sido asesinados 12 periodistas entres los años 2002-2014. Dos ocurrieron en este último año. Se trató de Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán, columnista del diario Vértice.

El periodista Marco Antonio López, del periódico Novedades de Acapulco, se encuentra desaparecido (7/06/2011) y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Recomendaciones generales a autoridades en el Estado de Guerrero

1.Establecer una política pública integral en torno al ejercicio del periodismo en Guerrero, basada en un análisis del contexto de la Libertad de Expresión en Guerrero. El carácter integral de la política debe abarcar, al menos, los siguientes aspectos: prevención, protección, acceso a la justicia y reparación.

2.Capacitar a agentes de seguridad del nivel municipal y estatal, sobre el papel de las y los periodistas durante la cobertura de marchas, eventos y conflictos.

3.Adoptar las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para evitar que las y los periodistas que cubran eventos, situaciones de riesgo o conflicto sean vistos por las autoridades como potenciales testigos en procedimientos judiciales derivados de su labor de cobertura.