México, (Reuters).- El enfrentamiento del presidente peruano Martín Vizcarra con el Congreso sobre los planes de reforma política en la lucha contra la corrupción podría desencadenar una crisis constitucional en una de las economías de mayor crecimiento de América Latina.

Salvo un sorpresivo giro, la propuesta de Vizcarra de adelantar las elecciones va camino directo al archivo y con ello la posible respuesta de un cierre del Congreso, abriendo un nuevo episodio de incertidumbre política en el país minero.

Vizcarra acusa al Congreso de distraer su labor con varias interpelaciones a sus ministros y de empujar a la renuncia a miembros de su gabinete, con el voto mayoritario del partido de Keiko Fujimori, excandidata presidencial que perdió por escaso margen los comicios del 2016 y ahora está detenida por sospechas de lavado de dinero.

El Congreso de mayoría opositora ha dado ya varias señales de que no aceptará la iniciativa de recortar un año la gestión del Legislativo y la del mismo Vizcarra, quien busca salir de lo que llama una crisis de gobernabilidad en medio de una continua y encarnada pugna entre ambos poderes.

Algunas calificadoras de riesgo y el propio Gobierno ya han revisado a la baja su estimado de crecimiento económico de Perú, principalmente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero con una cierta dosis de dudas que implicaría un adelanto del cronograma electoral.

Vizcarra, quien planteó a fines de julio su propuesta, ha afirmado que confía y que esperará hasta fines de septiembre que el Congreso apruebe su iniciativa para acabar con un entrampamiento que dice que no lo deja gobernar.

El presidente ha emprendido una maratónica campaña con viajes frecuentes al interior para presionar al Congreso y advertir a la población que los legisladores están dilatando el debate del tema. Un sondeo publicado recientemente, dijo que un 78% de los peruanos avala un adelanto de elecciones y un porcentaje similar considera obstruccionista al Congreso.

A continuación, algunas de las alternativas que podrían ocurrir frente al plan de Vizcarra de acudir a las urnas un año antes de lo programado y elegir un nuevo presidente y nuevo Congreso para un mandato de cinco años desde julio del 2020:

Aprueban iniciativa

Si el Congreso de 130 miembros concede el adelanto de elecciones, Vizcarra convocaría en noviembre un referéndum para ratificar el cambio del calendario electoral. Con ello, llamaría a elecciones generales el 19 de abril, según la propuesta. El plan considera incluso una segunda ronda electoral en junio.

Un nuevo Congreso ayudaría a Vizcarra a enfocarse en reformas para combatir la corrupción y en medidas para impulsar las inversiones de grandes proyectos públicos y privados, especialmente en el clave sector minero y energético.

Rechazan proyecto

La propuesta de Vizcarra es cuestionada principalmente por el conservador partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. Lo más probable es que Fuerza Popular, con 54 bancas, reúna alrededor de 80 votos para rechazar o archivar el proyecto junto a otros grupos opositores, según legisladores.

La negativa o dilación del plan llevaría a Vizcarra a recurrir a un recurso constitucional: la “cuestión de confianza”. La Constitución establece que el presidente puede presentar este recurso ante el Congreso para que su consejo de ministros sea respaldado. Y si un gabinete es rechazado dos veces, el mandatario puede disolver el parlamento y llamar a elecciones legislativas.

Un reciente fallo del Tribunal Constitucional dejó abierta la puerta para que el presidente pueda invocar “la cuestión de confianza” sobre cualquier proyecto de ley o política de Estado, según analistas, una decisión que le daría mucho más fuerza a la figura presidencial.

El Congreso ya ha rechazado un voto de confianza bajo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo del año pasado en medio de acusaciones de corrupción. Vizcarra, su vicepresidente, tomó las riendas del país para completar el mandato de cinco años. Las diferentes interpretaciones -incluso entre los propios miembros del Tribunal Constitucional- sobre un voto de confianza han generado una polémica que podría terminar en manos de la máxima corte.

Ni uno ni el otro

El Legislativo bien podría otorgar el voto de confianza al gabinete de Gobierno pero rechazar el plan de adelantar comicios. También podría remitir al Tribunal Constitucional el pedido de confianza para definir si es legal y dilatar el debate.

“La Constitución le reconoce al presidente la facultad de presentar iniciativas legislativas de reforma constitucional y esa competencia termina cuando la presenta. Pero la tarea que le corresponde al Congreso es analizar esa iniciativa, aprobarla o desaprobarla”, afirmó a Reuters Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional.