Ciudad de México.- La bancada del PAN y legisladores de Morena, PRI y PRD se sumaron ayer al rechazo que organizaciones civiles han manifestado en contra de la iniciativa que crea la Ley General de Salud Mental que se pretende aprobar mañana en el Senado.

La propuesta, impulsada por el grupo parlamentario del PT en esa Cámara, se encuentra prevista en la agenda del periodo extraordinario a desahogarse mañana.

Mejor conocida como Ley Bañuelos, debido a que su promovente es la senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora de la fracción petista, la iniciativa también motivó un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pide al Poder Legislativo modificar el dictamen porque el actual vulnera diversos artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas igualmente envió una carta al Senado en la que alerta que el internamiento involuntario que la propuesta de ley avala es contrario a los compromisos internacionales a los que México se ha adherido.

Las organizaciones Documenta AC, Disability Rights International (DRI), Human Rights Watch, Sin Colectivo, Voz Pro Salud Mental y YoTambién advirtieron que la aprobación de esta iniciativa “sería un grave retroceso y un enorme obstáculo ante la urgencia de construir una política de salud mental moderna y con garantías de seguridad y acceso equitativo a servicios de salud mental”.

Sostienen los activistas de estas agrupaciones que tratan de regular la salud mental en una legislación separada de la Ley General de Salud “refleja una visión anticuada sobre el tema, cuando la aspiración del Estado mexicano debiera ser la inclusión y el reconocimiento a la diversidad humana”.

Cuestionaron las organizaciones el hecho de que la legisladora Bañuelos insista en aprobar esta ley con un dictamen fast track, sin haber realizado una consulta previa y amplia a personas usuarias de servicios de salud mental ni a las organizaciones defensoras de derechos de personas con discapacidad.

En tanto, Mauricio Kuri, al frente de la bancada del PAN, solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, que el dictamen no sea votado en la sesión de mañana y que el tema sea sometido a Parlamento Abierto, en tanto la consulta obligada no se hizo aún.

En el mismo sentido, Germán Martínez, senador de Morena, planteó en un escrito a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, su “total repudio” al dictamen en tanto resulta violatorio de derechos humanos y es una propuesta inscrita en “una lógica asistencialista”.

Otros legisladores como Miguel Mancera (PRD), Claudia Ruiz Massieu (PRI) y Emilio Alvarez Icaza (sin partido) también adelantaron a los activistas de las organizaciones sociales que no apoyarán la propuesta.