Chilpancingo, Guerrero.- Pese a la crisis que enfrentan los reclusorios de la entidad por la sobrepoblación que padecen, y que motiva en la mayoría de los casos autogobiernos y hechos de violencia en su interior, el Congreso local no consideró el incremento de 200 millones de pesos que los propios diputados propusieron para la Secretaría de Seguridad Pública, destinados a mejorar la situación de las cárceles guerrerenses.

El 5 de diciembre el pleno del Congreso aprobó por mayoría de votos un total de 55 mil 522 millones 54 mil 200 pesos para el ejercicio fiscal de 2018, de los que dos mil 58 millones 911 mil se etiquetaron a la Secretaría de Seguridad.

El monto que se destinó a esa dependencia es la misma que solicitó el gobierno del estado en su proyecto de presupuesto, es decir que no hubo modificaciones pese a que el propio titular de la Secretaría de Finanzas, Héctor Apreza Patrón y diputados informaron que se haría un reajuste para incrementar el recurso en Seguridad Pública, encaminado a mejorar las condiciones de los reclusorios.

El pasado 11 de noviembre la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guerrero, presidida por el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, sesionó en privado y acordó solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encabezada por el priista Eusebio González Rodríguez, incrementar 200 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría.

De ese monto adicional, cien millones de pesos serían destinados a mitigar el rezago estructural de los reclusorios de la entidad, y los otros cien para la renovación y adquisición de equipos de tecnología para la Secretaría.

Durante su comparecencia ante el Congreso, el 14 de noviembre, el titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes manifestó que entre los factores por los que el gobierno del estado no ha logrado erradicar el problema de violencia e inseguridad en Guerrero es la insuficiencia financiera de la dependencia.

Cuatro días después, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza dio a conocer que, junto al Congreso, se realizaba un análisis del presupuesto a fin de realizar un reajuste en los números de la SSP, con la intención de destinar más recursos a las acciones de seguridad, pero ni la propuesta de los diputados ni la del funcionario se concretaron.

El 15 de diciembre reos del penal de Las Cruces se amotinaron y retuvieron al director de la cárcel y al jefe de seguridad por el traslado de ocho reclusos a otros centros penitenciarios. La situación provocó disparos de arma de fuego dentro y fuera del lugar, así como protestas de familiares y transportistas.

Por hechos como este la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han emitido recomendaciones al gobierno guerrerense para atender las deficiencias que enfrentan las cárceles de la entidad.