Ciudad de México.- La Jueza de Distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo, admitió un amparo contra la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de reconocer el carácter de víctima de la organización Tojil (del maya, lo justo) en el caso del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, figura por la que busca coadyuvar en el proceso para evitar impunidad.

“La decisión de que los ciudadanos podamos intervenir y evitar irregularidades en el caso Lozoya se encuentra en manos del Poder Judicial Federal”, informó la organización civil cofundada por las abogadas Adriana Greaves Muñoz y Estefanía Medina Ruvalcaba. “Pese a que el Fiscal General [Alejandro Gertz Manero] muy brevemente ha informado a la sociedad del avance del caso, esto no es suficiente para que las víctimas de corrupción vigilen el actuar de las autoridades a cargo y colaboren en que se cumplan con los derechos de verdad, justicia y reparación“.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) también les negó en 2018 el carácter de víctima en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), por lo que se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El expriista fue detenido en 2017 en Guatemala. Luego de ser extraditado se le detuvo en el Reclusorio Norte, sin embargo, logró el acuerdo de procedimiento abreviado a cambio de una reducción de la pena, razón por la que Tojil pidió intervenir al tratarse de una red de corrupción.

La abogada Adriana Greaves expuso que si Tojil obtiene el carácter de víctima para coadyuvar con el Ministerio Público (con pruebas, peritajes, control judicial) e impiden que la Fiscalía dé el criterio de oportunidad a Lozoya Austin (por colaborar con información), alcanzaría una sentencia de 20 a 25 años acorde al daño que hizo al erario público.

Lozoya y la caja de pandora de la podredumbre peñista

De lo contrario, si se comprueba la información que ha otorgado a la Fiscalía sobre más implicados, se le exoneraría, “lo cual se nos hace gravísimo, porque no fue una herramienta, sino que planificó y se vio directamente beneficiado por este daño”. Su esposa, la heredera de Grupo Eckes-Granini, Marielle Helene Eckes, adquirió una residencia con vista al mar en el condominio exclusivo Quinta Mar en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por 1.9 millones de dólares a través de un abogado en 2013. Ella, al igual que su hermana Gilda Lozoya, son buscadas por la justicia por complicidad. Su madre Gilda Austin está en prisión domiciliaria en la Ciudad de México.

La semana pasada, el Fiscal Alejandro Gertz insinuó que la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, sigue presa en el Reclusorio Sur porque no ha aceptado señalar a los otros implicados en la triangulación de recursos públicos a universidades estatales y empresas fantasma. En sus palabras, “no ser solidaria con el Estado Mexicano”.

Tojil junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por la posible comisión de delitos de corrupción cometidos por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Sedatu y particulares revelados por la Estafa Maestra.

La organización Tojil impulsa el carácter de víctima, ya que, explicó la abogada Greaves, los recursos públicos a los que todos contribuimos por impuestos deben ser administrados de manera correcta para que el Estado preste servicios públicos de justicia, salud, educación, desarrollo y economía de manera eficaz.

“Los delitos de cohecho (sobornos) y de corrupción no afectan a una persona en lo individual, sino a la colectividad, a los que no les llegan programas sociales, medicinas, escuelas, transporte público o seguridad. Todos nos vemos afectados por la corrupción”, dijo.

Por lo que esperan que los jueces concedan el amparo en el caso Lozoya, que la Fiscalía no lo recurra, como pasó en el caso Duarte, y puedan participar activamente para darle la transparencia y seguimiento que se merece para evitar irregularidades. “Sin embargo, si la Fiscalía sigue cerrando la participación ciudadana, nos iríamos hasta las últimas instancias”, estimó Greaves.