México.– Petroleros disidentes de Veracruz exigieron a la Cámara de Diputados iniciar de manera inmediata un juicio políticocontra Carlos Romero Deschamps, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ya que la petición está pendiente y sólo será válida hasta el próximo 31 de agosto.

En un posicionamiento, trabajadores de las 36 secciones sindicales recordaron que está por vencer el término para promover el juicio político contra el líder petrolero y otros funcionarios del gremio, quienes “violentaron durante el periodo de su encargo nuestra Carta Magna y relativos laborales, administrativos y contractuales con Petróleos Mexicanos”.

La solicitud para enjuiciar a Romero Deschamps se interpuso desde que éste se desempeñaba como Senador y trabajadores petroleros adscritos a la Sección Número 10 de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, lo ratificaron en octubre de 2018 ante la Cámara de Diputados.

“El juicio político como recurso legislativo contra Carlos A. Romero Deschamps y otros, por los ilícitos laborales, administrativos y constitucionales que concatenaron a partir del uno de diciembre de 2012 cuando CARD inició como Senador y los otros como Diputados Federales, es procedente, porque es el recurso-proceso para investigar y/o sancionar a cualquier servidor y/o funcionario que haya ocupado un cargo que lo haya investido de fuero Constitucional”, destacaron.

Por ello, los trabajadores afirmaron que con la “absurda” decisión del Ejecutivo de judicializar el caso “como cualquier delincuente callejero” se indica que el tema se trató como una “acción ex profesa para una negociación entre él y quienes le apersonan en la Cuarta Transformación”.

“Carlos A. Romero Deschamps, burdamente con sus personeros de la 4T, cambiaron la forma por el fondo y es lo que hasta hoy lo tiene vigente y ni siquiera indiciado”, agregaron los petroleros.

Ante dicha situación, insisten en que si el líder sindicalista ya hubiera sido cometido a un juicio político o si se logra este cometido antes del día 31 de agosto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo podría inhabilitar en Petróleos Mexicanos (Pemex).