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PGR de Peña y Chong sabía de tortura de involucrado en caso Ayotzinapa

Canto Salgado, acusado de pertenecer a “Guerreros Unidos”, fue torturado por presuntos policías ministeriales el 22 de octubre de 2014.

Por Redacción, 2019-06-25 09:00

México.- Documentos en poder del noticiero En Punto, de Televisa, revelan que dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) se supo desde el primer momento sobre la tortura que sufrió Carlos Canto Salgado, detenido tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pese a ello, nunca se hizo nada en contra de los presuntos torturadores.

Canto Salgado, acusado de pertenecer a “Guerreros Unidos”, grupo criminal responsable de la desaparición de los normalistas, fue torturado por presuntos policías ministeriales el 22 de octubre de 2014.

De acuerdo con un reportaje de En Punto, en esa fecha el director de la Policía Federal Ministerial de la PGR era Carlos Gómez Arrieta, quien dejó la PGR en mayo de 2015 y fue nombrado Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, en 2016, pero tras la difusión del video donde se observa la tortura, renunció.

En la grabación aparecen otros dos hombres: uno con uniforme de la Policía Ministerial Federal (PMF) y otro con uniforme camuflado.

La puesta a disposición en poder del noticiero En Punto señala que Carlos Canto fue detenido por elementos de la PMF y la Marina Armada de México (Semar). Aseguraron que lo detuvieron a las 13 horas, cuando caminaba en las calles de iguala, el 22 de octubre de 2014.

En contraste, la ONU documentó que Carlos Canto fue detenido a las 3 de la mañana y no a la una de la tarde; que lo torturaron y que lo presentaron ante un Ministerio Público hasta las 22:30 horas, es decir casi 20 horas después.

Los mandos responsables de la detención fueron el policía ministerial federal Ezequiel Peña Cerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes, quienes ya son investigados por la Unidad Anti Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Marina informó a En Punto que ya investiga la posible participación de sus elementos en esta tortura y que ya contactó al marinero Ariel Agustín Castillo Reyes, quien firmó la puesta a disposición.

La Marina valoró médicamente al detenido que aparece torturado en el video. El certificado médico señala que se realizó el 22 de octubre de 2014 por el cirujano naval y teniente Héctor Rodrigo Cardoso Encino, quien señaló que Carlos Canto se apreciaba:

Sin embargo, 11 horas después de la detención reportada por las autoridades, médicos de la PGR notificaron a las 00:05 horas del 23 de octubre de 2014, que Carlos Canto presentaba huellas de tortura y que requería ser valorado por especialistas en traumatología y ortopedia.

Por esto, la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduria eEspecializada en iInvestigación de Delincuencia Organizada (Seido), solicitó a la Visitaduría General de la PGR investigara a los ministeriales federales y marinos que participaron en la detención, ya que «presumiblemente ejercieron […] actos de violencia física”.

No se conoce las conclusiones de esa investigación, lo que es un hecho es que el policía federal ministerial, Ezequiel Peña Cerda, ahora investigado por posibles actos de tortura, era en 2014 agente federal de investigación. En 2017 fue ascendido a sub oficial y un año después, en 2018, se hizo cargo de la dirección del Área en la Unidad General de Investigación Policial, que hasta la fecha ejerce.

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Brecha salarial en México, la más injusta de Latinoamérica

Las mujeres deben trabajar 5 días más al mes para ganar igual que un hombre.

Por Redacción, 2019-07-22 20:42

México.- México presenta la peor brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina, por encima de países como Guatemala, Honduras y El Salvador. De tal suerte, las mujeres tendrían que trabajar  un mes extra al final del año para igualar el salario que recibe un hombre.

El Segundo Informe del Observatorio de Trabajo Digno, organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reveló que las condiciones laborales son peores para las mujeres, sobretodo cuando son menores de 30 años.

De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana, dijo que se presenta mayor desempleo entre las mexicanas, así como mayor carga de trabajo en servicios de cuidado, que no se ve reflejado en su salario.

«Lo que es notorio es que esa brecha salarial sea la peor de América Latina (…). Eso es una vergüenza», enfatizó Hermosillo al presentar los resultados del informe.

Los datos del Observatorio revelan que el 18% de los desempleados en México son mujeres, mientras que el 8% son hombres. Ello significa que el desempleo afecta a más del doble de las féminas.

María Ayala, encargada el área de Investigación y Datos de la organización, explicó que en México, se presenta más del doble de desempleo, «que es la exclusión del derecho al trabajo. (…) Además hay 20 millones de mujeres que no buscan trabajo porque tienen obligaciones que cumplir en sus hogares».

Indicó que la diferencia salarial es de 16%, es decir, 797 pesos mensuales para ellas. «El salario promedio para las mujeres trabajadoras, con jornada completa, es de 5,029 pesosy un hombre recibe 5,825 pesos», precisó.

Con tal diferencia, las mujeres deben trabajar hasta 35 días para igualar el salario de un hombre.

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Urgen a AMLO a ratificar acuerdo sobre medio ambiente y dd. hh.

Se trata del Acuerdo de Escazú que tienen el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable.

Por Redacción, 2019-07-22 20:29

México.- Expertos de Naciones Unidas de 17 mecanismos de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, de libertad de expresión, de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ratificar el Acuerdo de Escazú “como una cuestión prioritaria”, antes del próximo 27 de septiembre.

En una carta fechada el 15 de julio, los expertos de la ONU resaltaron que, con la ratificación del acuerdo, aplicable a la región de América Latina y el Caribe, México “reforzará su firme compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos”.

Tras destacar que hasta ahora sólo 16 de 33 países de la región han refrendado el pacto, alertaron sobre la urgencia de la ratificación ante un escenario en el que –subrayaron– “las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la región sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes, y en el que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan desafíos únicos que a menudo son impulsados por la intersección de múltiples formas de discriminación contra las mujeres”.

De igual manera, señalaron que el Acuerdo de Escazú “es el primero en su tipo en el mundo en incluir disposiciones específicas y vinculantes para la protección y promoción de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones medioambientales”.

Bajo ese panorama, se solicitó al gobierno mexicano detalles de “los pasos y medidas” que se han tomado para adherirse al tratado, así como el “cronograma” y las “medidas (…) para implementar el Acuerdo una vez que sea ratificado”.

En la misiva enviada a López Obrador, los expertos recuerdan que el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”, negociado bajo el liderazgo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, y se abrió para firma el 27 de septiembre de 2018”.

El tratado regional “no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable”, recalcan.

Y, con el objetivo “fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable”, puntualizan que el Acuerdo fija obligaciones internacionales para “abordar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales”.

Además, pretende “proteger la diversidad cultural de América Latina y el Caribe, y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los grupos vulnerables”, y recuerda que los Estados tienen la obligación de “fomentar la participación inclusiva, combatir la desigualdad y la discriminación, y garantizar la igualdad de todas las personas en los derechos a un medio ambiente saludable y al desarrollo sustentable”.

La carta enviada al gobierno de México fue firmada por los presidentes de los Grupos de Trabajo de Expertos sobre afrodescendientes, Ahmed Reid; sobre derechos humanos, empresas transnacionales y otras empresas, Elzbieta Karska, y sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y práctica, Meskerem Techane.

El documento fue firmado por 11 relatores especiales: sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi; sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas-Aguilar; sobre la cuestión en las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule.

También lo signaron el relator Baskut Tuncak, sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y derechos peligrosos; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Puras; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; sobre los derechos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary; sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intorelarancia, E. Tendayi Achiume, y sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Lëo Heller.

La misiva fue firmada igualmente por tres expertos independientes: sobre la promoción de un orden democrático y equitativo, Livinstone Sewanyana; sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad (sic), Rosa Komfeld-Matte, y sobre los derechos humanos y solidaridad internacional, Obiora C. Okafor.

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Juez suspende condena de Javier Duarte; seguirá en presión preventiva

La resolución del juez de control impide que se decomisen 41 inmuebles propiedad del exgobernador.

Por Redacción, 2019-07-22 20:05

México.- Un juez de control ordenó suspender la condena del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hasta que se resuelva el amparo que tramitó contra su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, sin embargo, no saldrá libre.

El pasado 18 de julio el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, ordenó suspender de oficio la condena de nueve años de prisión, multa por 58 mil 890 pesos y el decomiso de 41 inmuebles.

Esto no significa que el ex mandatario estatal saldrá de la cárcel sino que su estatus jurídico, por el momento, es el de permanecer sujeto a prisión preventiva justificada hasta que el juez de amparo ante el que impugnó su condena, dicte su resolución en la que defina si la sentencia en la que Duarte de Ochoa fue declarado culpable está o no apegada a derecho.

“Se advierte que Javier Duarte de Ochoa promovió amparo directo en contra de los proveídos del once, quince y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictados en la causa penal 97/2016, del índice de este Centro de Justicia, siendo uno de ellos en el que se declaró firme la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho”, indica el acuerdo.

“En tal virtud se ordena la suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho”.