Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa


Ciudad de México, (Cimacnoticias). La Procuraduría General de la República (PGR) debe garantizar, sin apelación y en un plazo máximo de cuatro meses, la reparación integral del daño para la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien fue acusada indebidamente y luego encarcelada por el secuestro de seis policías federales en 2006.

Esta sentencia llega 10 años tarde y “no estoy contenta porque la reparación del daño no me regresa todo el tiempo que no estuve con mis hijos, con mi familia (…). ¿De qué me va a reparar si no puede regresarme los tres años? (…) La reparación del daño ni con dinero se paga”, declaró Jacinta Francisco en conferencia de prensa hoy en esta capital.

El pasado jueves 19 de mayo, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la PGR debe reparar el daño moral y patrimonial a Jacinta.

La reparación consiste en una indemnización económica y en que la Procuraduría difunda la inocencia de Jacinta usando sus propios recursos y a través de los mismos medios de comunicación en los que exhibió a la mujer como culpable de un delito que no cometió.

Al respecto, la indígena –que estaba acompañada de su hija Estela Hernández Jiménez y su esposo, Guillermo Prisciliano– dijo que desde su encarcelamiento ha aprendido mucho, ha participado en movilizaciones sociales y se ha dado cuenta de que las personas en su comunidad y en la cárcel padecen abusos, por lo que su exigencia de una reparación del daño no es por motivos económicos, sino como una forma de terminar con la injusticia en el país.

Por su parte, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y que acompañó a Jacinta, precisó que aún queda pendiente la resolución del mismo Tribunal para el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas junto con Jacinta por los mismos hechos.

El defensor recordó que hasta ahora ningún funcionario ha sido sancionado, lo que “es un claro mensaje de impunidad”.

Patrón señaló que el Tribunal dictó cuatro meses como máximo para garantizar esta reparación del daño, y destacó que la sentencia es inapelable, por lo que no queda más que cumplir conforme a derecho, para lo cual –adelantó– ya ha habido diálogo con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, y ahora solicitan audiencia con la titular Arely Gómez.

En 2006, Jacinta, una indígena otomí comerciante en el mercado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, fue acusada junto con las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, de haber privado ilegalmente de la libertad a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que ingresaron al mercado vestidos de civil para realizar un supuesto operativo por “piratería”.

Jacinta fue encarcelada en el Centro de Readaptación Social Femenil San José Alto, en Querétaro, donde permaneció hasta 2009 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se revocara la sentencia y declarara a las tres indígenas inocentes por falta de pruebas que comprobaran el delito.

Si bien las mujeres quedaron en libertad, la PGR se negó desde entonces en más de una ocasión a reparar el daño que provocó en sus vidas por haberlas difamado, y mantenerlas encarceladas ilegalmente durante tres años.

En 2010, ya en libertad, Jacinta presentó una “reclamación por restitución patrimonial” para exigir la reparación integral del daño, y que se reconociera su inocencia, a lo que la PGR se negó. En 2013, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) atrajo el caso y en 2014 concluyó una sentencia a favor de las indígenas.

Sin embargo, en ese mismo año la PGR apeló la sentencia en el caso de Alberta y Teresa, cuyo nuevo fallo por parte del Tribunal sería esta semana, previeron los abogados.