#Suave Patria

PGR tiene pruebas de que Ejército desapareció a un hombre

Cuando el ingeniero Herrera desapareció, su familia rastreó su paradero hasta un cuartel militar.

Por Redacción, 2018-08-19 11:55

México.- La mañana del 24 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera, entonces de 39 años, fue interceptado cuando conducía a su trabajo, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por al menos dos vehículos que lo encajonaron en una avenida y lo obligaron a parar la marcha.

Tal como registraron las cámaras del C4 de la ciudad, de uno de esos autos descendió al menos una persona, que abordó la camioneta del ingeniero Herrera, y luego los tres vehículos partieron, ya con el ingeniero bajo “privación ilegal de la libertad”, para luego perderse, tal como señalan las averiguaciones previas que por separado iniciaron tanto la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, el mismo día de los hechos, como la Procuraduría General de la República, un mes después.

Desde entonces, el paradero del ingeniero Francisco Herrera (empleado de una empresa productora de papel, recién separado, que habitaba en una casa de interés social con una cama y una mesa de plástico como únicos muebles) es desconocido.

Aunque los indicios acumulados en los tres años y medio transcurridos desde el rapto apuntan a un presunto responsable, paradójicamente, las mismas averiguaciones previas emprendidas evidencian omisiones y actos dilatorios por parte de la autoridad investigadora hacia el presunto involucrado, que es el Ejército Mexicano.

 

El rapto

 

Al mediodía del 24 de febrero de 2015, al no tener noticia del ingeniero Francisco Herrera, y al no lograr contactarlo en ninguno de sus dos teléfonos celulares, su familia comenzó a rastrearlo a través del servicio de geolocalización de su teléfono celular, que ubicó las instalaciones del 15 Batallón de Infantería, de Tampico, como último punto en donde su teléfono celular se había activado.

Tal como indicaba el rastreador GPS, el aparato se había activado dentro del cuartel militar a las 9:35 horas del 24 de febrero, es decir, alrededor de dos horas después de que el ingeniero fue raptado.

Con esta información del GPS, los familiares se trasladaron a dicho cuartel, al frente del cual estaba en ese entonces el general brigadier diplomado del estado mayor Jesús Alejandro Adame Cabrera.

Al rendir declaración ministerial sobre los hechos, este militar reconoció haber atendido a la familia del ingeniero Herrera, a quienes “llevé personalmente a la parte donde supuestamente estaba el teléfono, y no había nada, porque no hay instalaciones, es un área verde”.

Para entonces, habían transcurrido más de nueve horas desde que el teléfono se había activado en ese lugar.

Destaca un hecho: este militar subrayó en su declaración que, con la intención de ayudar a esta familia, él mismo les sugirió buscar en la colonia Tancol, que rodea el cuartel, específicamente en “las casas que colindan con la barda perimetral del campo militar”.

La familia no atendió dicha sugerencia, y en cambio acudió a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, para formular ante el Ministerio Público local una denuncia formal por la desaparición del ingeniero.

Según consta en la denuncia ministerial de esta familia, una serie de coincidencias peculiares ocurrieron justo cuando acababan de ingresar a las instalaciones del MP: primero, el teléfono del ingeniero Herrera volvió a dar una señal, y una nueva ubicación de GPS, una casa ubicada precisamente junto al 15 Batallón, colindante con su barda perimetral, tal como había sugerido el encargado del cuartel.

Esta nueva ubicación GPS le fue comunicada inmediatamente al general brigadier Jesús Alejandro Adame, quien informó a la familia del ingeniero que, por voluntad propia y sin notificarles, él había integrado un contingente de 50 soldados para salir a buscarlo en la colonia aledaña al cuartel.
Según el militar, el contingente de soldados acudió rápidamente al domicilio señalado por la familia del ingeniero, pero no encontró nadie que les abriera la puerta.

“Fui a tocar –declaró el militar ante el Ministerio Público– y no salió nadie”. Esa fue toda la búsqueda.

Al día siguiente de la desaparición del ingeniero Herrera, su madre denunció ante el MP que un grupo de al menos cuatro militares estaba vigilando la vivienda de su hijo, y la de otros integrantes de la familia.

Aunque vestían de civil, la familia pudo constatar que se trataba de militares ya que, al detectarlos, se comunicaron al 15 Batallón para denunciar que personas extrañas estaban haciendo rondines en sus viviendas, ante lo cual, el general brigadier Jesús Alejandro Adame les confirmó que se trataba de soldados que realizaban investigaciones para apoyar la búsqueda.

Cabe destacar que, según el marco legal mexicano, el Ejército no está facultado para realizar ningún tipo de investigación relacionada con la comisión de delitos del orden común ni violaciones a derechos humanos cometidas por sus integrantes, facultad exclusiva de las autoridades civiles.

Al rendir declaración ministeral, el encargado del 15 Batallón subrayó que en todo momento los militares actuaron de buena fe, para apoyar en la búsqueda. Sin embargo, de su misma declaración se desprende que la información que admite haber recabado el Ejército, luego le fue ocultada a la familia y a las autoridades judiciales.

En el reporte interno titulado “Urgente. No. PTN.INF.333”, el general reporta que entró en contacto con la encargada del C4, para que personal militar realizara “una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, para identificar el momento, lugar y forma en que fue privado de la libertad el ingeniero Herrera.

Ese rastreo en los archivos del C4, realizado por los militares, permitió identificar el momento en que fue interceptada la camioneta del ingeniero Herrera, y éste raptado.

No obstante, tal como informó el encargado del 15 Batallón, una vez que las imágenes fueron recabadas y llevadas al cuartel “ahí las dejé, en el batallón, porque no tenía yo ningún objeto (sic) de mandárselas a nadie”, y luego añadió: “esas imágenes no se las mostré a la familia Herrera”, bajo la lógica de que ellos, por su cuenta, “en algún momento iban a pedir esa información” al C4.

Esos videos también revelaron que el contingente de vehículos en el que iba secuestrado el ingeniero Herrera se detuvo, por unos minutos, en una gasolinería.

Esa gasolinería tiene ocho cámaras de seguridad, por lo que, según la declaración ministerial del general brigadier, al lugar acudieron elementos de la Policía Militar Ministerial, cuyo nombre y grado afirmó no recordar, para confiscar los videos del día del secuestro, cuyo contenido no ha sido incluido enteramente a la investigación, porque el Ejército, hasta la fecha, sólo ha entregado a la PGR fragmentos editados.

Dos días después del rapto, el mismo encargado del 15 Batallón elaboró un informe interno, en el cual concluyó, sin aportar ningún elemento de prueba, que el ingeniero Herrera es “parte de algún grupo de la organización delictiva Cartel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de la misma organización delictiva”.

Con eso, el Ejército dio por concluida su participación en la búsqueda, y se deslindó de cualquier responsabilidad.

Tres semanas después del rapto, el general brigadier Jesús Alejandro Adame Cabrera fue relevado de sus funciones al frente del 15 Batallón de Infantería en Tampico, y reubicado por el mando militar en Badiraguato, Sinaloa.

 

Campo Militar Número 1

 

Los peritajes elaborados por la PGR revelaron que el 28 de febrero de 2015, cuatro días después del rapto del ingeniero Francisco Herrera, los dos teléfonos celulares que portaba consigo registraron actividad, y la señal de uno de estos aparatos pudo ser rastreada mediante sistemas de geolocalización hasta un lugar preciso: latitud 19º, 26″, 14′ Norte, y longitud 99º, 14″ 20′ Oeste, coordenadas que corresponden exactamente con la ubicación del Campo Militar Número 1, en la frontera entre la Ciudad de México y el municipio mexiquense de Naucalpan, el cuartel central del Ejército Mexicano.

Tal como consta en la averiguación previa, la PGR no hizo ninguna diligencia para saber por qué el teléfono de esta víctima de desaparición emitió una señal, cuatro días después de su rapto, desde el principal cuartel militar del país.

Cuando el ingeniero Francisco Herrera fue raptado, los perpetradores también se llevaron consigo su camioneta, un Jeep Grand Cherokee con 14 años de antigüedad.

La versión oficial indica que este vehículo fue localizado cinco meses después, tras un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado ocurrido en el rancho “El Perro”, del ejido Ruiz Cortines, en el municipio de González.

No obstante, la versión oficial, sin embargo, queda desmentida con la misma averiguación previa.

La dueña del rancho El Perro, por ejemplo, declaró ante el MP que su propiedad no se encuentra en el ejido Ruiz Cortines, y que en su rancho nunca hubo enfrentamientos entre fuerzas oficiales y grupos del crimen organizado.

Asimismo, aclaró que tampoco era un lugar llano y despoblado, como fue descrito por la autoridad, sino que es un rancho en constante producción agrícola, con permanente presencia de trabajadores y comercializadores.

Por su parte, la bitácora del servicio privado de grúas convocado, revela que la solicitud para la remoción del Jeep Grand Cherokee se dio en un municipio distinto al señalado por las autoridades.

Según la bitácora, el vehículo tenía las llaves, aunque le faltaba una de las llantas delanteras, por lo que no se explica cómo llegó la camioneta hasta el lugar de donde fue remolcada, un camino de terracería custodiado por militares.

El vehículo fue entregado en el Hotel Miramar, de Ciudad Madero, a un teniente de infantería del 15 Batallón, aunque terminó en un corralón de la PGR.

Dentro de la camioneta fue reportado el hallazgo de un uniforme de la Secretaría de Marina, que pudo ser vinculado a un marino que estuvo asignado a Tamaulipas entre 2012 y 2013, es decir, un año antes del rapto del ingeniero Herrera.

Según la declaración de ese marino, él entregó su uniforme gastado en 2013, una vez que concluyó su asignación en Tamaulipas y salió del estado, al cual, desde entonces, nunca fue nuevamente destacamentado.

 

Las puertas

 

La última prueba que destaca, de entre el cúmulo de indicios recabados en tres años y medio de investigación judicial de este caso, es un conjunto de llaves y llaveros encontrados por la Procuraduría de Tamaulipas en la vivienda ubicada junto al cuartel del 15 Batallón de Infantería, en Tamaulipas, en donde el teléfono del ingeniero Herrera pudo ser geolocalizado por segunda ocasión el día de su rapto.

Se trata, explica el peritaje realizado, de un inmueble adyacente a la barda del cuartel, que estaba pintado con el mismo color que las instalaciones militares.

Según el peritaje, el inmueble estaba deshabitado, aunque en una repisa fueron encontradas las llaves y llaveros, entre los cuales la familia del ingeniero Herrera pudo reconocer el llavero de la víctima.

Luego de ese hallazgo, la Procuraduría estatal dejó pasar 48 horas para acudir a la vivienda del ingeniero Herrera, a verificar si esas llaves abrían las puertas, lo que permitiría comprobar que la víctima, o sus captores, sí habían estado en el inmueble aledaño al cuartel militar.

Finalmente, cuando la Procuraduría estatal acudió al domicilio del ingeniero, a verificar si las llaves abrían las puertas, se encontró con que los sellos de aseguramiento habían sido quebrantados, y las chapas destruidas, lo que impidió realizar la comparación.

Curiosamente, el objetivo de violentar las chapas de las puertas no fue robar la vivienda, ya que la televisión, el aparato de aire acondicionado y el equipo de sonido del ingeniero, los únicos objetos de valor dentro del inmueble, aún permanecían ahí.

La Procuraduría estatal no realizó ningún acto orientado a rastrear huellas dactilares de las personas que destruyeron las chapas.

Ante ese escenario, la familia propuso una segunda forma para verificar si las llaves encontradas en el inmueble adyacente al cuartel militar pertenecían al ingeniero Herrera: compararlas con el juego de llaves de la vivienda de la víctima, que la misma familia había entregado al MP cuando esta autoridad puso su casa bajo resguardo.

Sin embargo, la Procuraduría estatal les informó que tampoco podían realizar dicha confronta, ya que esa copia de las llaves de la casa del ingeniero (que la familia había entregado al MP) se extraviaron.

 

El presente

 

A lo largo de dos años, la PGR requirió al Ejército (a través de una decena de oficios) que entregara la lista del personal que estaba asignado al 15 Batallón el 24 de febrero de 2015, así como los partes de novedades y la bitácora del cuartel, sin obtener respuesta.

Finalmente, en enero de 2017, el Ejército anunció oficialmente a la PGR que no entregaría esa información (aunque la ley obliga a todas las instituciones de gobierno entregar al Ministerio Público la información que se les requiera como parte de sus investigaciones), bajo el argumento de que está “reservada por comprometer la Seguridad Nacional”.

Parapetándose en esa respuesta del Ejército, la PGR informó a la familia del ingeniero Herrera que no había logrado recabar información suficiente y que “no es posible acreditar la probable responsabilidad de elementos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional” en el rapto.

Además, les notificó y que este caso no puede ser investigado como una “desaparición forzada de personas”, ya que dicho tipo penal exige la participación, directa o indirecta, de agentes del Estado. Lo anterior, a pesar del cúmulo de pruebas recabadas por la PGR, empezando por la geolocalización de los teléfonos de la víctima en dos cuarteles militares, de forma posterior a su rapto.

El argumento de la PGR con el que descarta la participación de agentes del Estado en el rapto es contradictorio, ya que en la misma notificación aclara que no puede investigar al Ejército en este caso, pues “autoridades del fuero común también pudieran estar implicadas en la desaparición de Francisco Herrera”.

Tal como muestran las averiguaciones previas estatal y federal, las autoridades investigadoras no han realizado ninguna acción orientada a determinar si, además del Ejército, otras autoridades locales “también” están implicadas en esta desaparición.

Para conocer la postura del Ejército en torno al rapto y desaparición del ingeniero Francisco Herrera, Animal Político solicitó una entrevista con un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que se obtuviera respuesta.

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Lenguas originarias pueden ser rescatadas a través de la música

México es uno de los países que cuentan con mayor diversidad cultural, así como una de las ocho naciones en las que se concentra la mitad de los idiomas del mundo.

Por Redacción, 2019-02-23 12:56

México. Notimex.- En el país existen 25 millones de personas que se reconocen como indígenas, de los cuales siete millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que hay en México, y aunque varios de esos idiomas están en riesgo de desaparecer, la música se ha convertido en una herramienta clave para preservarlas.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó desde hace años sobre el riesgo de desaparición que enfrentan 40 por ciento de las siete mil lenguas originarias que se hablan en el mundo, por lo que decretó este 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. y cada 21 de febrero para conmemorarlo.

En este contexto, la música es una de las vías de reproducción y transmisión no sólo de ideas, emociones y la cultura misma, sino una forma de volver inmortales las lenguas indígenas, y en territorio nacional no es la excepción pues existen diversas propuestas que luchan por mantener vivos estos idiomas a través de los sonidos.

México es uno de los países que cuentan con mayor diversidad cultural, así como una de las ocho naciones en las que se concentra la mitad de los idiomas del mundo, ya que sin considerar variantes dialectales, existen 68 lenguas indígenas, de las cuales alrededor de 23 están en riesgo de desaparecer.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), lo anterior puede ser derivado de las condiciones adversas en las que se han dado sus relaciones con la sociedad no indígena.

Así, las leguas que enfrentan mayor amenaza son cakchiquel, chichimeca jonaz, chocho, chuj, cochimí, cucapá, guarijío, ixcateco, ixil, jacalteco, kekchí, kicapú, kiliwa, kumiai, lacandón, matlatzinca, mocho, pa ipai, pápago, pima, quiché, seri y tlahuica.

Algunas de las condiciones que limitan la reproducción del conjunto de lenguas indígenas son la exclusión en la mayor parte de los dominios públicos e institucionales, la disminución de su uso en los ámbitos comunitario y familiar, su ausencia en los medios de comunicación y un menor prestigio con respecto al español.

Por ello Yune Va’a o Alfredo Díaz, originario de Santa María Pápalo, Cuicatlán, Oaxaca, busca enaltecer su identidad indígena y mantener vivas sus raíces al ritmo del hip hop, el funk y hasta huapango, con canciones que fusionan la lengua materna con el español.

Con un fonograma “Dbaku”, que se desarrolló con base en un proyecto de composición de música contemporánea, Yune Va’a, que significa “Casa del Viento” en lengua cuicateca, también pretende rescatar su lengua materna, el cuicateco que está en riesgo de desaparecer, pues según datos censales hay solo 12 mil hablantes.

Además, existe el movimiento musical bats´i rock, que son creaciones musicales interpretadas en bats´i k´op, es decir, en lengua tsotsil de Los Altos de Chiapas. En la actualidad existen agrupaciones como Yibel jme’tik banamil, Vayijel, Slajem K´op, Lumaltok, Hektal y Sak Tzevul.

También existe una propuesta de música fusión en mayo, interpretada por la banda Isaac Montijo y Los Buayums. Desde el sur de Sonora, estos músicos pertenecen a la cultura yoreme o mayo, el proyecto fue iniciado por Isaac, oriundo del poblado de Los Buayums, municipio de Navojoa, Sonora, y sus interpretaciones buscan resignificar y difundir las tradiciones de su pueblo.

“Los cantos al monte” es la primera producción de esta banda cuyo sonido se caracteriza por los arreglos que integran instrumentos tradicionales como jirukiam, una especie de raspador, y seenasom que es un tipo de sonaja, así como congas, cajón flamenco, bajo eléctrico y guitarra electroacústica.

La agrupación fusiona la música yoreme con géneros y estilos de procedencia y características como salsa, cumbia, corrido, rap, son cubano, norteño, country, ska y jazz, y para las letras emplean su lengua materna, el mayo, en ocasiones intercalada con letras en español, para cantar temas relacionados en su mayoría con la vida cotidiana y el pensamiento mayo.

Otra manera de conocer los sonidos de México es la aplicación de la Fonoteca Nacional, “Musiteca.mx”, que reúne una selección de música de concierto, música de las culturas indígenas y música de las regiones de México.

La plataforma, disponible para dispositivos móviles Android y IOS, cuenta con un apartado de música de las culturas indígenas con audios, fotografías, publicaciones y videos de 55 de los 69 grupos etnolingüísticos registrados en México, así como otras secciones para conocer a profundidad los sonidos que nacen de las tierras mexicanas.

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Odian a AMLO miles de mexicanos, rumoran

Aunque el presidente alcanzó el 1 de febrero una aprobación del 82 por ciento entre los ciudadanos de México.

Por Redacción, 2019-02-23 11:40

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alcanzó el 1 de febrero una aprobación del 82 por ciento entre los ciudadanos de México, afirmó el columnista Luis García Abusaíd; dejando un país dividido.

El columnista afirma que la evidencia está ahí, la popularidad del presidente AMLO ha sobrevivido a pesar de los descontentos que se han manifestado en los pocos meses que lleva liderando al país.

“La clausura autoritaria del NAIM; la construcción del aeropuerto en Santa Lucía sin planeación ejecutiva; la militarización del país contra sus promesas de campaña; el combate al huachicoleo con desabasto de combustible; la pérdida para el sector empresarial por más de 25 mil millones de pesos debido a los bloqueos de la CNTE en Michoacán; el arbitrario cierre de las estancias infantiles; las críticas maniqueas a los organismos públicos autónomos y la descalificación a la comunidad científica y las OSC.”, son los “descontentos” que el pueblo de México ha soportado y “olvidado” para continuar en aumento la popularidad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Luis García Abusaíd se pregunta “¿Cómo explicar ese amor del 82 por ciento de los AMLOvers que lo blinda contra el 18 por ciento que lo cuestiona?”.

García afirma que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) posee una capacidad de comunicarse con el sector que ha sido excluido durante 38 años por el modelo económico neoliberal.

“(AMLO) no tiene filtros para llegar a ellos, con un lenguaje sencillo, directo y campechano. Entiende sus angustias y temores, al igual que sus odios y resentimientos.”, se lee en la columna de opinión.

También comenta que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utiliza la compresión para empoderarlos al hacerles sentir que como pueblo son buenos y sabios.

“Ellos, les insiste, dejaron de ser los marginados de la sociedad y de la historia para ser hoy, los hacedores de la 4ª Transformación.”, afirma García Abusaíd.

Por eso, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representa para ellos su postergada esperanza de reivindicación y justicia social.

El columnista finaliza preguntándose “¿cuáles serán las consecuencias de esa creciente polarización entre el 82% de AMLOvers y el 18% de AMLOHaters?”.

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Estancias, nichos de corrupción, atención a niños e incertidumbre

La mayoría de los niños, ante padres irresponsables, acuden sin un bocado en el estómago y la única alimentación que reciben es en la estancia.

Por Redacción, 2019-02-23 11:27

México. Notimex.- Del llanto generalizado de principios de ciclo escolar solo quedan unas reminiscencias, los preescolares son revisados cuidadosamente por las maestras, les observan si no tienen golpes y si tienen en su mochila lo necesario para la jornada escolar; las madres esperan con paciencia a que les reciban a los niños para luego, como la mayoría de las madres mexicanas, echar a correr para llegar a tiempo al trabajo.

Educamates Foundation está ubicada en una zona de bajos recursos al sur de la Ciudad de México, los niños que ahí asisten son hijos de madres en condiciones complicadas de vida, desde la hora de entrada, que es poco antes de las 8 de la mañana, se realiza un filtro para revisar cómo llegan los pequeños.

A la salida se realiza esta misma revisión y se informa a las madres el comportamiento, descanso, estado de ánimo y apetito de los niños; en el transcurso del día se desarrollan actividades lúdicas y de socialización con énfasis en aprendizaje de hábitos de higiene, así como periodos de siesta, recreo y juego libre.

El lugar, afiliado al Programa de Estancias Infantiles para madres y padres solos, atiende a poco menos de 30 niños que apenas cuentan con un año hasta los cuatro; Alma Martínez, directora de la institución señala que muchos de ellos vienen incluso sin un bocado en el estómago y la única alimentación que reciben es en la estancia.

En entrevista, la docente expuso que el lugar opera mediante una capacitación inicial que contempla momentos del día que consideran higiene, descanso, alimentación y la manera en que las prestadoras de servicio deben presentarse, es decir, con cofia y cubrebocas, sin aretes ni uñas pintadas y con el cabello recogido, tal y como lo señalan las actuales reglas de operación de la iniciativa.

El lugar cuenta con una cocina en la que una pulcra mujer considera la elaboración de los alimentos con base en el plato del buen comer, se les ofrece desayuno, colación y comida, de no tomar en cuenta estos aspectos y ser detectados tanto por inspectores del DIF, como de la Sedesol, les podrían cerrar el lugar, refirió Martínez.

Dichas revisiones, que son por lo menos una vez al mes, no sólo son para verificar la alimentación de los niños, sino que también se revisan las condiciones físicas de la estancia y las constantes certificaciones a las que debe acudir el personal y que al menos son unas tres al año de manera obligatoria.

Con todo y las modificaciones no pensamos cerrar nuestras puertas, dijo Alma Martínez muy convencida al mencionar que suspender las actividades de la estancia causaría afectaciones a los niños, por lo que una manera de compensar la falta de recursos será pedir a los padres de familia que envíen a sus hijos comida desde sus casas, aunque sabe que muchas madres ni siquiera contemplan aspectos de alimentación nutritiva.

En tanto, responsables de Estancias Infantiles de alcaldías de Tlalpan, Magdalena Contreras e Iztapalapa se han organizado para visibilizar las afectaciones que representarán las modificaciones al Programa y encontrar una solución.

La mayoría vieron una oportunidad de desarrollo personal y de atención a la infancia en esta iniciativa y se sumaron desde hace 12 años, fueron creciendo con ésta y se hicieron de un empleo que además mejoraba las condiciones de sus barrios.

Se trata de al menos unas diez mujeres dedicadas a la atención infantil que en entrevista conjunta señalaron que uno de los riesgos de dejar a los niños al cuidado de las familias, es que podrían incrementar los niveles de violencia hacia la infancia.

Y porqué?, señalan que están enteradas de que la mayor parte de los abusos sexuales a los niños se originan en casa, y que es por ello con el filtro que se les aplica en la entrada es posible detectar y reportar acciones que afecten la seguridad de los niños.

Con preocupación explicaron que en su mayoría, la población atendida en estos espacios vive en condiciones de vulnerabilidad y de manera general los padres de familia se ven en problemas para juntar las cuotas de corresponsabilidad que por lo general son muy bajas pero como pueden las juntan porque saben que sus hijos están bien atendidos.

Con las modificaciones al programa, las estancias tendrán que absorber algunos otros gastos para dar servicios dignos y de calidad, aunado a que no podrían contar con la certeza de cuántos niños recibirían al mes, por lo que tampoco podrían saber cuántos insumos adquirir ni la cantidad precisa de personal a contratar.

Tanto las responsables como el personal a cargo de estos espacios, cuentan con cursos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de protocolos para la prevención de la violencia sexual en espacios educativos, convivencia escolar con perspectiva de derechos humanos, de protección civil y primeros auxilios, entre otros tantos, formación con la que no cuentan los abuelos, dijeron.

Que tienen la capacitación adecuada para la atención a los infantes y cuentan con certificaciones de cuidado y atención por parte de la Sedesol, Cruz Roja, Protección Civil, la Secretaría de Salubridad, un estándar de competencia por parte del DIF y algunas que atienden a niños de más de tres años, de la Secretaría de Educación Pública.

Certificaciones que a decir de las responsables van hiladas, cada una de ellas, y el personal que atiende a los niños debe contar con éstas, sin embargo, mencionaron que incluso algunas tienen asistentes educativos en puericultura, e incluso con formación en educación inicial.

“Tenemos 12 años tomando cursos, algunas responsables tenían preparación y otras no, el programa tiene 12 años y muchas de las que empezamos llevamos ese mismo tiempo tomando cursos y certificaciones, todas las actividades son supervisadas por el DIF con un programa educativo específico, estamos más que preparadas para atender a los niños”, coincidieron.