La mayor central sindical de Estados Unidos se unió a organizaciones activistas para manifestar que la deportación no es la solución para los centroamericanos que huyen de la violencia, y urgieron al presidente Barack Obama y al Congreso a otorgar un alivio migratorio temporal.

“Estamos pugnando para que nuestro gobierno tome pasos para proteger y no poner en peligro a esta población” dijo Tefere Gebre, vicepresidente ejecutivo de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

Urgió a las autoridades estadunidense a detener las deportaciones y expresó la solidaridad de la central sindical con la coalición de organizaciones Alianza Américas, CARECEN y otros grupos de ayuda comunitaria que promueven ese objetivo.

Gebre apuntó que es una visión simplista asumir que los inmigrantes tienen la fantasía de vivir en Estados Unidos ya que las políticas y los políticos estadunidenses “han hecho casi imposible” para la gente vivir ahí”.

Señaló a los tratados comerciales que favorecen los intereses corporativos y la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica, que han contribuido a las condiciones existentes para que la gente tenga que salir de sus países.

“Pedimos a nuestro gobierno que en lugar de armar a la policía y apoyar los golpes de Estado en Centroamérica, debería crear un plan económico en esos países que impulse a los trabajadores, ofrezca lugares de trabajo seguro, educación y salud”, remarcó el líder sindical.

Gebre que llegó él mismo como refugiado a Estados Unidos proveniente de su natal Etiopía, remarcó que es “inmoral atacar a la gente que llega a este país por (razones) de seguridad”, en tanto no ocurran cambios en la política comercial y exterior estadunidense.

Varios centroamericanos que buscan u obtuvieron asilo, ofrecieron testimonio de las vicisitudes que vivieron en sus países, en particular menores de edad que evidenciaron ser un sector de la población que es blanco creciente de la violencia.

El salvadoreño Joel de 12 años, narró como las “Maras” le exigían dinero fuera de la escuela hasta el punto de golpearlo brutalmente y extorsionar a su familia con amenazas de asesinarlo.

El menor no puedo contener el llanto al recordar las condiciones en que lo mantuvieron los traficantes de personas antes de cruzar la frontera, así como su estadía en uno de los centros de detención en Estados Unidos con condiciones inferiores a los estándares.

Cubriéndose el rostro con ambas manos para contener la emoción, una tensa pausa fue interrumpida por aplausos de los asistentes mientras el pequeño trataba de retomar la compostura.

“Los pandilleros me ponían una navaja y me decía que si no me hacía de La Mara cuando tuviera 10 años me iban a matar”, indicó en su testimonio Anderson que fue enviado por su abuela a Estados Unidos semanas antes de cumplir esa edad.

La madre de Anderson, Geyson Lemus, narró que al buscar asilo para su hijo fue víctima de fraude por parte de un abogado al que le pagó miles de dólares antes de que abandonara el caso, previo a la fecha en que se tenía que presentar en la corte.

“Las deportaciones dejan efectos grandes (...) familias y comunidades divididas, mientras en el aspecto laboral favorecen que los empleadores sigan explotando el estatus y se aprovechen del miedo”, dijo por su parte, Yanira Merino representante del sindicato de la construcción en Estados Unidos.

Representantes de Alianza Américas, organización que protege las comunidades hispanas en Estados Unidos, y CARECEN que ofrece servicios legales, entre otros, subrayaron la necesidad de que el gobierno ofrezca protección temporal a los refugiados.

Los activista buscan que se ofrezca a los centroamericanos que emigran por la reciente crisis de violencia, en específico, un programa similar al llamado Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite residencia legal y permiso de trabajo a los inmigrantes.

Notimex