Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

El zika, un virus cuya propagación en México afectó en sólo cinco meses a 30 mujeres embarazadas, plantea desafíos de resolución urgente para el personal sanitario, pero no sólo en cuanto a atención médica, sino también en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Como lo define el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de la Secretaría de Salud, la infección por virus del zika es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito del género Aedes, que se manifiesta con fiebre, conjuntivitis y artritis, por mencionar algunos síntomas, y para la cual aún no hay una cura.

El primer caso en México sucedió en noviembre de 2015 en el estado de Nuevo León, y luego en Chiapas, la entidad más pobre del país y donde habitan 24 de las 30 mujeres embarazadas que contrajeron el virus.

Gracias a la experiencia de otros países donde el virus llegó desde 2014, se determinó que la infección del zika estaba asociada con un incremento en los males congénitos en las y los recién nacidos, cuyas madres fueron contagiadas durante el embarazo.

Ante la “emergencia global” por zika, calificada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades sanitarias de los países afectados y los organismos internacionales se plantearon diversos cuestionamientos, entre ellos si las mujeres que desean embarazarse deben retrasar su maternidad, o si se debe admitir o no el aborto en caso de que hayan contraído el virus.

Sin embargo, ante la duda de las autoridades sanitarias, la decisión de interrumpir el embarazo debe ser determinada por las mujeres.

Así lo afirmó Carmen Barroso, directora regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), quien consideró en rueda de prensa  que cualquier mujer que dude sobre si está contagiada de zika o de si su producto podría ser microcefálico (con afectación en el desarrollo del cerebro y la cabeza) debería tener la oportunidad de abortar de manera legal.

Y agregó: “No es necesario tener una comprobación de microcefalia para que el aborto sea legal (…); es una situación que cada mujer tiene que decidir si quiere o no seguir con su embarazo porque (el resultado) puede ser una tortura, una amenaza a la vida y la salud del feto”.

Barroso, con más de 40 de años de experiencia en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, abundó que la microcefalia no se detecta sino hasta después de los seis meses de gestación, tiempo que rebasa el límite legal en la Ciudad de México para interrumpir un embarazo.

Mientras, las mujeres se están enfrentando a la poca información que existe sobre las consecuencias de continuar un embarazo cuyo producto pudiera tener males congénitos, y respecto a la posibilidad que poseen de evitarlo o interrumpir legalmente su gestación.

La doctora en Psicología Social enfatizó que en los casos en los que las mujeres decidan continuar el embarazo, requerirán de más apoyo social porque la microcefalia exige mucha dedicación y atención para las y los niños que la padecen.

Recordó que como consecuencia de la desigualdad de género, sobre las mujeres recae el cuidado de las y los menores de edad que nazcan, ya que, como dicta la experiencia, es muy común que los hombres no aguanten la crisis que significa enfrentar estos padecimientos y abandonen a la familia.

“Debería ser permitida la interrupción del embarazo temprano, de cualquier mujer que tenga miedo de tener ‘zika microcefálico’ y que no considere tener las condiciones emocionales, psicosociales y mentales de esperar hasta el nacimiento”, precisó.

Tal consideración coincide con la recomendación que la ONU presentó en febrero pasado para que se respete a las mujeres el derecho de interrumpir su embarazo, incluso en aquellos países donde el aborto no es legal.

Hasta ahora, sólo una de las 30 mujeres embarazadas que presentaron la infección del zika en México ya concluyó la gestación, sin que el producto resultara con un mal congénito.