México.– Delegados de comunidades indígenas chontales exigen la destitución de Sebastián Ruiz de la Cruz como representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Tabasco (INPI), y de Cipriano Isidro, quien es supervisor escolar, y al mismo tiempo se desempeña como coordinador regional del INPI, ambas personas fueron denunciadas por usurpación de funciones y actos de corrupción por la comisión de pueblos indígenas que pidió ser atendida por el presidente.
Los representantes de pueblos indígenas chontales, exigen que se consulte de manera democrática a las comunidades originarias de Tabasco para que sean éstas quienes decidan a quién quieren al frente de la oficina del INPI.
Dolores López de la Cruz, de la comunidad de Mazatuepa, explicó que “el motivo de nuestra visita es para informarle al licenciado Andrés Manuel de algunas irregularidades en Tabasco. Aclaró que no podemos decir que el presidente esté haciendo las cosas mal, pero sí hay funcionarios que quizá no están haciendo el trabajo que corresponde”.
El representante indígena denunció la imposición de Sebastián Ruiz de la Cruz como representante del INPI en Tabasco, una acción que, dijo, va en contra del compromiso de López Obrador de que serían las comunidades indígenas quienes van a proponer las autoridades del INPI en los estados y centros regionales. Sin embargo, aclaró, que en Tabasco no se ha hecho así, sino que hay una imposición, “es lo que venimos a dar a conocer al licenciado Andrés Manuel”.
Expresó que viajaron a la ciudad de México para dar a conocer al presidente estos actos de corrupción “porque él solo no puede, necesita de los ciudadanos y sobre todo de las comunidades indígenas que denunciemos estas irregularidades”.
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López de la Cruz aclaró que la única exigencia es que se consulte a los pueblos originarios para que se nombren a los funcionarios del INPI. “El tema esencial es la destitución de los que siempre han ocupado el poder en la delegación indígena en Tabasco”.
Por su parte, Emilio Velázquez García, delegado municipal de la Villa Tamulté de la Sabana, refirió que los nombramientos de Sebastián Ruiz de la Cruz, Cipriano Isidro no fue por consenso de las comunidades. “No fue popular, fue por imposición, dedazo, no sabemos por qué”.
Aseguró que los pueblos chontales originarios van a luchar para que estos funcionarios sean destituidos porque tienen secuestrada la coordinación del INPI en Nacajuca.
“Son como cinco que tienen ese poder, y los programas solo giran con las familias de ellos, con algunas personas de algunas comunidades, son beneficiados cada dos años las mismas personas, y no vemos el beneficio ni que sean involucrados más ciudadanos, siempre han estado los mismos”.
Venimos de Villahermosa a Palacio Nacional para traer esta queja al presidente. Sin embargo, solo los atendió “una tal Gabriela Romero, coordinadora de atención ciudadana” que los remitió con algún funcionario menor del INPI, eran las seis de la tarde y todavía seguían esperando atención.
“Traemos documentos con toda la firma de los delegados; el 85 por ciento somos delegados de comunidades indígenas de Tabasco”, precisó.
Dolores López de la Cruz, dijo que a partir de esta imposición de representantes del INI se están dando actos de corrupción, y usurpación de funciones en Centro Regional de Nacajuca, donde Cipriano Isidro es supervisor escolar y al mismo tiempo se desempeña como coordinador regional del INPI, “y por si fuera poco, también el director de educación indígena de Tabasco, el profesor Aureliano de la Cruz Esteban, está solapando para que Cipriano deje a su cuñado, Marcelino Lázaro, a quien también Cipriano le dio nombramiento como jefe de albergue escolar y al mismo tiempo para que cuide la oficina en la supervisión mientras define para qué lado va ir porque ahorita está usurpando funciones”.
Los representantes indígenas también hicieron un llamado al presidente para que se considere en el catálogo nacional de pueblos indígenas a Tabasco. Esto debido a que en algunos programas con enfoque indígena como 65 y más y el apoyo a discapacitados, no están considerados. “Ninguna comunidad indígena de Tabasco está en esos programas”, dijeron.
Manifestaron que el estado está excluido del catálogo de pueblos indígenas beneficiarios, “no aparece como población indígena de alta marginación. Cuando uno va al gobierno dicen que no aplican esos programas porque no está en el catálogo”.
Nuestra petición no está fuera del marco legal. Incluir a Tabasco para que al llegar el programa 65 y más, puedan aplicarlo al estado.
Derrame petrolero
Desde el 24 de julio un derrame de petróleo y gas afecta las comunidades indígenas de Huatacalca, La Loma, La Cruz, Olcuatitán, Mazatuepa, Tucta y Tecolutla en el municipio de Nacajuca, Tabasco.
La subdelegada municipal de Guatacalca, Bana Lilia Torres Lázaro, explicó que el problema se debe a una tubería dañada de Pemex que ha derramado petróleo y gas que afecta la salud de las personas y el medio ambiente. Afirmó que la afectación “ya se regó por toda la zona”.
Manifestó que han pedido a Pemex que revise para ver qué procede, pero no ha llegado ningún funcionario de importancia sólo algunos trabajadores. Informó que las autoridades municipales están evacuando porque el derrame de gas y aceite está afectando a las personas. Hay animales que ha muerto por esta contaminación, y exigen que algún representante de Pemex explique qué solución van a dar.
En otro tema, el delegado municipal indígena, Isabel Reyes Arias, expresó su desacuerdo con la llamada “ley garrote” que impulsa el gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto López Hernández con el pretexto de poner orden a los chantajes de los que protestan. El dirigente indicó que esa ley les afectará a futuro, “pues nada garantiza que el licenciado Andrés Manuel va estar toda la vida ahí haciendo justicia, porque si no estuviera él ahí no nos harían caso”.
También pidieron se revise el acuerdo del gobierno con la CFE sobre el programa Borrón y Cuenta Nueva, pues aplicaron la tarifa 1F para domicilios pero no para pequeños comercios, “changarritos que son el sostén de las familias, lo cual no es justo que paguen como un comercio grande”.
Indicaron que por esta medida hay inconformidad y esperamos que el licenciado Andrés Manuel tome cartas en el asunto para que se apoye a los pequeños negocios con la tarifa 1F porque no son tomados en cuenta.
