Tixtla, Ometepec y Cutzamala del Pinzón solicitan la intervención del Legislativo para bajar más recursos para poder cubrir demandas laborales perdidas y deudas diversas adquiridas por administraciones pasadas

Tres ayuntamientos de Guerrero solicitaron al Congreso del estado aumento del presupuesto de ingresos o partidas presupuestales extras que equivalen a más de 134 millones de pesos, con el fin de pagar laudos laborales, o juicios de distintas índoles.

En la sesión ordinaria de este martes se informó al pleno del Congreso que fueron girados oficios por representantes de los ayuntamientos de Tixtla, Ometepec y Cutzamala del Pinzón en donde se piden aumentos en sus presupuestos de ingresos, o intervenciones tanto del poder Ejecutivo, como del Legislativo para poder subsanar juicios de diversas índoles que se acumularon en anteriores administraciones.

El caso más grave es del municipio de Tixtla, en donde el presidente municipal, Hossein Nabor Guillén, solicitó un aumento en el presupuesto de ingresos para “liberar a la administración municipal del endeudamiento que heredamos de anteriores administraciones municipales, que asciende a la cantidad de 105 millones, 196 mil 877 pesos”.

De acuerdo con el oficio girado por el presidente municipal, marcado con el número HATG-HNG-PMC-185/2016 el endeudamiento “está distribuido en juicios ejecutivos mercantiles, procedimientos contenciosos administrativos y laudos laborales, los cuales están en etapa de requerimiento de pago y en ejecución de medidas de apremio dictadas por juzgados de distrito y tribunales colegiados de distrito, consistentes en arrestos, multas, como consecuencia terminarán en juicio político en contra de la representante legal y el presidente municipal en turno”.

En el documento se detalla que los juicios que se encuentran en etapa de requerimiento de pago están solicitando los descuentos a las cuentas que son asignadas al municipio, los cuales están destinados a la realización de obras. “Ahora estamos en riesgo de que la sociedad tixtleca paralice las actividades del ayuntamiento ante la falta de obra y de servicios públicos por la obligación de cumplir con las prestaciones que exigen los demandantes en los diferentes juicios incoados (iniciados) en contra de la administración municipal y que la falta de interés  y atención de anteriores ediles provocó este grave daño al municipio”.

En el caso del municipio de Ometepec, el presidente Omar Estrada Bustos, y la síndica procuradora Alejandra Bobadilla Toledo, enviaron un oficio al Congreso para solicitar su intervención ante el titular del poder Ejecutivo del estado para les consideren recursos extras por un monto de 27 millones 13 mil 834 pesos. Según se especifica en el oficio, estos recursos serían para pagar laudos labores, los cuales ya fueron resueltos en tribunales de Conciliación y Arbitraje.

El municipio de Cutzamala del Pinzón solicitó a través del síndico procurador, Raúl Sosa Serrato, la intervención del Congreso del estado para que les sean asignados 2 millones 21 mil 400 pesos, con la finalidad de cubrir los requerimientos de pago de laudos emitidos por el tribunal de conciliación y arbitraje, así como de juzgados de distrito.

En total, los tres municipios están solicitando recursos extras por 134 millones, 232 mil 11 pesos para el pago de juicios laborales, o mercantiles que se acumularon en diversas administraciones anteriores. Las solicitudes fueron turnadas a la Comisión correspondiente para su análisis.

Aprueban licencia de síndica de Pungarabato En otro punto del orden del día, los diputados dieron segunda lectura y aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, en el que se otorga licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo a la síndica procuradora del municipio de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade, quien había requerido la separación de desde el pasado 3 de febrero, obligada por la delincuencia organizada.

La diputada Rosa Coral Mendoza Falcón, quien preside la Comisión de Asuntos Políticos y gobernación, fundamentó el dictamen, y consideró que a manifestación expresa de la síndica, Rosalba Rendón Andrade para separarse del cargo de manera indefinida, la Comisión determinó concederla, lo cual fue respaldado por el Pleno.

Una vez aprobado el dictamen, el cabildo de Pungarabato deberá llamar a Lucila Benítez Brito, quien en su calidad de suplente asumirá el cargo en tanto esté con vigencia la licencia de la titular.

Exhorto a Relaciones Exteriores El Pleno también aprobó un punto de acuerdo presentado por los integrantes de la Comisión de Turismo con la finalidad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal exhorte a la Embajada de Estados Unidos de América para que haga una revisión de la alerta, y la advertencia de viaje a Guerrero, y especialmente al puerto de Acapulco, y para que la misma embajada retire las alertas.

El diputado Ernesto González Pérez, quien preside la Comisión de Turismo, expuso que entre 2008 y 2012, cuando la violencia por la disputa entre grupos delincuenciales empezó a afectar la ciudad, los visitantes extranjeros “se esfumaron de Acapulco”.

Refirió que hasta 2009, Acapulco recibía alrededor de 30 mil estudiantes estadounidenses conocidos como Spring Breakers quienes ocupaban las habitaciones de una decena de hoteles. Dijo que para 2011, el número de visitantes “cayó de forma dramática a apenas 500 y al día de hoy es difícil ver a un grupo importante”.

El diputado achacó que la disminución de visitantes estadounidenses a Acapulco disminuyó debido a la inseguridad, y a las alertas emitidas por el Departamento de Estados Unidos, las cuales fueron emitidas por los análisis de riesgo a situaciones difíciles.

No obstante que las cifras de asesinatos de Acapulco siguen por arriba del promedio nacional, y que diversos organismos lo colocan como uno de los sitios más inseguros del país, el diputado aseguró que “en la actualidad la situación de seguridad en la ciudad ha pasado a un nivel preventivo. Las autoridades competentes en materia de prevención del delito y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno se mantienen en estrecha coordinación; y, adicionalmente, se han tomado las medidas necesarias para fortalecer la seguridad del turismo en la ciudad y municipios colindantes.

Señaló que que dado los esfuerzos que se han hecho en los sectores de seguridad pública, es oportuna la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para exhorte a la Embajada de Estados Unidos de América, para que revise los avances en materia de seguridad pública en la entidad, y como consecuencia retire la alerta y la advertencia de viaje para  Guerrero, y especialmente para el puerto de Acapulco.