El secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Francisco Escobedo Villegas, propuso modificar la Ley General de Víctimas con el fin de proteger y resguardar la identidad de éstas y evitar una revictimización.

Expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, levantada por el Inegi, en 2014 se tuvo conocimiento de 22.8 millones de agresiones a mayores de 18 años de edad, así como de 99 mil 747 secuestros en todo el país.

En una iniciativa el legislador priista planteó que se omitan en actas, autos, sentencias, resoluciones o cualesquier tipo de acto jurídico todos los datos personales que pudieran servir para identificar a la víctima por parte de su agresor.

La propuesta es anexar la fracción XIV al Artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a efecto de establecer el derecho de la persona a proteger y resguardar su identidad en delitos o acciones que puedan ocasionar una revictimización.

Escobedo Villegas reconoció que actualmente la ley considera garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas y determina su protección por parte del Estado.

Sin embargo, dijo, “no hay, de manera explícita, ordenamiento alguno que cubra los derechos de las personas a evitar que puedan ser revictimizadas, sobre todo, en el proceso penal”.

El diputado federal recordó que a partir de la reforma en materia de justicia penal de 2008 en el Artículo 21 constitucional se estableció que la seguridad pública es una labor que comprende desde la prevención de delitos hasta su investigación, persecución y sanción.

Ese numeral determina que la actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

También establece que las instituciones encargadas formularán políticas públicas tendientes a prevenir la delincuencia.

Refirió que la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de 2013, instituye dentro de sus principales objetivos acciones y medidas para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

De igual forma plantea poner en marcha los mecanismos para que las autoridades cumplan sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.

Remarcó que, no obstante, en los hechos las víctimas de un delito están expuestas a represalias por parte de sus agresores.