Guerrero.- Hace nueve años, el 26 de noviembre de 2009, la Fundación para el Debido Proceso Legal (Due Process of Law Foundation), la Comisión Internacional de Juristas y Fundar, y el Centro de Análisis e Investigación, A.C, se entrevistaron con organizaciones y autoridades del estado de Guerrero, entonces como ahora, pero hoy más grave aún, los expertos constataron “la preocupante crisis de seguridad y de justicia en la que se encuentran la sociedad guerrerense y sus instituciones, provocada, entre otras causas, por deficiencias estructurales de las instituciones de procuración y administración de justicia”.

Desde entonces, a la fecha, el deterioro de la aplicación de una justicia pronta, eficiente, y sobre todo creíble, se ha acrecentado más. Como ha quedado demostrado por denuncias de los propios trabajadores del Poder Judicial, existe una mafia criminal compuesta por magistrados y jueces que se reparten casi 500 millones de pesos al año, en sueldos y prestaciones, sin importar su notoria ineptitud. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), creado hace casi treinta años, en 1995, sólo ha sancionada de forma leve a siete funcionarios judiciales de esta entidad. El Poder Judicial, en manos de funcionarios judiciales corruptos, sin ninguna supervisión, funcionan como si fuera otro grupo criminal más, pero mejor organizados, pues en sus manos está la aplicación de la ley sin dar explicaciones a nadie.

El análisis de la grave crisis de procuración de justicia que padece Guerrero, fue presentado al entonces presidente del Tribunal, Edmudo Román Pinzón, por la delegación conformada por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo de España. Susana Villarán, ex Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (Lima, Perú). José Zeitune, Consejero jurídico para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra, Suiza). Cécile Lachenal, Investigadora y Responsable del Proyecto de Acceso a la Justicia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México, D.F.). Mirte  Postema,  Coordinadora  del  Programa  de  Rendición  de  Cuentas  y Transparencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso Legal (Washington, DC, EEUU).

Parte del informe Parte del informe

La Comisión, expone que se reunió en ese entonces con al presidente del TSJE, el encargado de despacho de la Procuraduría, Albertico Guinto Sierra, y su equipo, el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, el Secretario de Seguridad Pública, el presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, a ninguno de estos les importó la advertencia del deterioro de la justicia en Guerrero.

Así, durante el periodo que va del 13 de marzo de 2009 al 13 de marzo de 2011, según un informe del CJF, señala que se había sancionado de forma menor a siete jueces de Guerrero, pero a ningún magistrado.  Esto a pesar de que la mayoría tienen señalamientos graves de corrupción, tráfico de influencias, relación con jefes de grupos criminales, nepotismo y, algunos, hasta han amenazado a reporteros, como fue el caso del magistrado Emiliano Lozano Cruz.

Las causas por las que fueron sancionados estos jueces no son específicas, pero según este informe, se encuadran en algunas de las siguientes conductas: falta de profesionalismo; dilación en el proceso; dilación en la resolución; notoria ineptitud; notorio descuido; ejercicio indebido de funciones; abandono de funciones; deshonestidad; hostigamiento laboral; disposición de numerario para su beneficio; hostigamiento sexual; y abuso de poder.

El poder Judicial de Guerrero lo componen fundamentalmente 24 magistrados, sin excepciones, todos en alguna parte de su carrera, han sido acusados de torcer la ley, de deficiencias, de corrupción y de abuso. Cientos de casos fallidos por análisis malamente sustanciados y superficiales, basados en simples informes periciales improbables, así como la aplicación de la ley por consigna, han dejado una larga secuela de injusticia que ha hecho aborrecer el sistema de justicia en esta entidad; los jueces encarcelan hasta por 15 años a ciudadanos por delitos menores, mientras dejan en libertad, en dos o tres meses, a ‘trabajadores’ de grupos criminales.

Mafias que se autoprotegen Mafias que se autoprotegen

Desde hace nueve años, se advirtió y constató la falta de independencia y transparencia del Poder Judicial. La delegación de la Fundación para el Debido Proceso Legal, observó “la falta de un sistema claro, transparente y basado en los méritos para el nombramiento y promoción de los funcionarios.

Los principales rezagos se encuentran en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en la ausencia de un análisis exhaustivo de los candidatos propuestos para magistrados por parte del Poder Legislativo, en la concentración de poderes y en la discrecionalidad con la que actúa el Poder Ejecutivo estatal en este sentido”, señala el organismo en su informe de 2009, cuando el presidente del TSJE era Edmundo Román Pinzón, un magistrado con señalamientos de nepotismo y mediocridad que asumió el cargo por recomendación del repudiado exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

La falta de transparencia para nombramiento y promoción de los funcionarios judiciales quedó manifiesta en la protesta que realizaron trabajadores del Poder Judicial el 7 de abril de 2015, siendo presidenta del TSJE la magistrada, Lambertina Galeana Marín, acusada por el movimiento de Ayotzinapa de ocultar y perder los videos de la noche del 26 del septiembre en Iguala; los trabajadores dieron a conocer una larga lista de familiares que los magistrados y jueces han nombrado como parte del Poder Judicial.

Los hijos gamers de un magistrado

Pero de entre todos los señalamientos por nepotismo dados a conocer por trabajadores, destaca el del magistrado Edmundo Román Pinzón, siendo quien recibió el diagnóstico hace nueve años del grave deterioro y corrupción en el TSJE, pero en lugar de tomar medidas, simplemente lo ignoró y le agregó un poco más de agravios, pues con pruebas fundadas lo acusan de haber colocado a sus dos hijos: Edmundo Jehu Román Serrano y Michelle Román Serrano, en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam).

Edmundo Jehu Román, es un joven que en su perfil de facebook se dedica a compartir sus experiencias en juegos de computador; egresó en el 2010 de la licenciatura en derecho del Colegio Hipócrates. En su perfil asegura que trabaja en el Tribunal.

El hijo, el padre y la vocación El hijo, el padre y la vocación

El Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), debería ser una instancia especializada, pero a decir de los trabajadores, es el lugar a donde los magistrados y jueces mandan a sus hijos que no saben qué hacer con ellos, sumando deficiencias a la respuesta de justicia.

También, el 17 de agosto del año pasado, este mismo magistrado Pinzón, fue señalado por representantes legales de la empresa Acapulco diamantes S.A de C.V, de intervenir de manera directa para favorecer a Cristina Díaz Chávez, acusada por el delito de despojo de acuerdo a las causas penales número 03/2015-ii por el delito de fraude procesal y el expediente 190/2013-i ante el juzgado cuarto del distrito judicial de Tabares.

Edmundo Román pinzón, según denuncia, intervino de manera directa para favorecer a Cristina Díaz Chávez, en la resolución,  sin haber hecho un análisis exhaustivo del caso, ni haber elementos, torciendo la aplicación de la ley y actuando por consigna.

También fue Román Pinzón el magistrado que llevó la causa penal del líder de los comuneros de Cacahuatepec, Marco Antonio Suástegui, encarcelado de injustamente por señalamientos falsos. En agosto de 2015, el centro Robert F. Kennedy Human Rights, le envío una carta al magistrado pidiéndole dictar una resolución apegada a derecho para restituir la libertad a Marco Antonio, previendo que actuara por consigna como se acostumbra en esos casos.

Qué bonita familia

El movimiento de los trabajadores denunció que magistrados, funcionarios y hasta políticos colocaron a familiares, amigos y parejas sentimentales en cargos jurisdiccionales, relegando a los trabajadores que llevan varios años trabajando en el Poder Judicial y que a pesar de que reúnen el perfil profesional, siguen desempeñando funciones administrativas.

Encabezaba la lista en ese momento, la presidenta del TSJE, Lambertina Galeana Marín, actualmente presidenta de la Judicatura de Guerrero, el órgano disciplinario de magistrados y jueces, quien metió a su hija Paloma Oviedo Galeana como su secretaria particular y a Kenia Oviedo Galeana como proyectista de la sala Familiar. También colocó a su sobrina, Lorena Benítez Radilla, como juez de Primera Instancia de lo familiar del Distrito Judicial de Hidalgo.

El magistrado Julio Lorenzo Jáuregui García, metió a su esposa Azucena Pineda como juez de justicia para menores. También designó a su ahijado, Edgar Mendoza Falcón como juez de justicia para adolescentes, y a su hija Berenice Jáuregui Alarcón, como secretaria de acuerdos.

Adela Román, beneficiaria de la corrupción Adela Román, beneficiaria de la corrupción

El magistrado con licencia y ex presidente del TSJE, Jesús Martínez Garnelo, colocó, según los trabajadores, a varios de sus familiares y amigos en diferentes áreas. Uno de ellos es su sobrino Ever Natanael Rodríguez Martínez, juez de Primera Instancia en materia de justicia para adolescentes.

La magistrada perredista, Adela Román Ocampo, metió a su sobrino Víctor Román, como proyectista de la Segunda Sala Penal en donde ella es la responsable. “El joven es un recién egresado y no cuenta con ningún mérito”, definieron los trabajadores que lo cuestionan.

El magistrado Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco recomendó a su hija Leslie Ávila. No se menciona las funciones que realiza.

La magistrada Yadira Icela Vega Nava, colocó a dos de sus hijos en el TSJE: Lucio Felipe Ortega Vega, juez de Primera Instancia del Ramo Civil en el Distrito Judicial de Tabares (Acapulco), sin la capacidad para desempeñar ese cargo. El otro es Óscar Ortega Vega, proyectista del Consejo de la Judicatura.

La magistrada Gabriela Ramos Bello colocó a su esposo Eduardo Manuel del Real Huerta, como encargado del departamento de obra del TSJE.

El magistrado Vicente Rodríguez Martínez, tiene a su hijo, Christian Américo Rodríguez como secretario de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo (Chilpancingo), y a su hermano, Alberto Rodríguez Martínez, en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo (Ometepec).

La magistrada María Elena Medina Hernández, colocó a su hermano Óscar Medina Hernández, y la esposa de éste, Ana Aurora López Ocampo, en el TSJE, pero no se especifica en qué área ni el cargo.

El consejero de la Judicatura, Francisco Espinoza Grado, metió a trabajar al TSJE a su hijo Francisco Michelle Espinoza Larios, en esa misma área.

La magistrada de la Tercera Sala Penal, Antonia Casarrubias García, colocó a su hijo Víctor Manuel Alarcón Casarrubias, como proyectista de esa misma sala. Otro de sus hijos, Alejandro Alarcón Casarrubias, es oficial administrativo del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito de Hidalgo. Además la hijastra de la misma magistrada, Viridiana García Brito, es oficial administrativa del Juzgado Segundo Civil del Distrito de Hidalgo y Alejandro Arriera, yerno de la magistrada, cobra como oficial administrativo del Juzgado Primero Penal de ese distrito.

El magistrado de la Tercera Sala Penal de Iguala, Félix Nava Solís, designó a sus sobrinos, Ever Fernández Nava como juez de juicios orales, y a Iván Fernández Nava, como oficial administrativo del juzgado penal. A un tercero, Carlos Nava Tapia, lo colocó en la oficialía administrativa adscrita al Distrito de Hidalgo.

Los trabajadores también denunciaron que el diputado federal del PRD, Sebastián de la Rosa, pidió al exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, que su hermano Andrés de la Rosa Peláez, fuera designado secretario técnico del Consejo de la Judicatura, sin que antes hubiera trabajado en el Poder Judicial.

El caso más reciente de nombramiento de magistrado sin méritos, ocurrió apenas en octubre del año pasado, cuando con el respaldo del PRI, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, y PAN, el Congreso de Guerrero aprobó el nombramiento de Paulino Jaimes Bernardino como magistrado del TSJE, pese a no tener carrera judicial y su evidente relación con el tricolor.  Jaimes Bernardino trabajaba como asesor de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Flor Añorve Ocampo, señalada de ejercer de manera irregular el presupuesto del Poder Legislativo.

Descomposición real y vigente

El artículo 92, numeral 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero establece que el Poder Judicial del Estado garantizará el derecho a una efectiva impartición de justicia en materia civil, penal, familiar y para adolescentes por medio de magistrados y jueces independientes, imparciales, especializados y profesionales. En tanto que, los artículos 93 y 160 de la misma constitución local, disponen que corresponde al Consejo de la Judicatura, la administración, vigilancia, disciplina y profesionalización de los servidores públicos del Poder Judicial.

En consecuencia, a nombre el Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García presentó el 15 de abril de 2015, al Congreso local, una solicitud de juicio político contra 23 magistrados y contra Lambertina Galeana, presidenta del Consejo de la Judicatura; Julio Lorenzo Jáuregui, magistrado consejero; Ricardo Salinas Sandoval, juez consejero, y Francisco Espinosa, consejero externo, por violentar la Ley orgánica del Poder Judicial,  el reglamento del sistema de carrera judicial, el artículo 163, fracciones III, VII y XI, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, entre otras disposiciones legales. Hasta la fecha, la denuncia sigue archivada por los diputados locales. El Consejo de la Judicatura en manos de la misma indiciada no se dio ni por enterado.

Paulino Jaimes, de empleado a magistrado Paulino Jaimes, de empleado a magistrado

Luego entonces, la observación de la Fundación para el Debido Proceso, hecha hace nueve años, sobre “la falta de un sistema claro, transparente y basado en los méritos para el nombramiento y promoción de los funcionarios del TSJ en Guerrero”, es real y sigue vigente.

Así como también el señalamiento que hizo sobre “la integración del Consejo de la Judicatura, órgano en el que cuatro de sus cinco integrantes son nombrados directa o indirectamente por el Poder Ejecutivo estatal, sin escrutinio público, y no garantiza su independencia”.  De ahí que ninguno de los jueces y magistrados acusados haya sido siquiera amonestado, ¿cómo podría hacerlo?, si su presidenta ha sido multiacusada por actos de corrupción y agravio social. El Poder Judicial es el gran pacto entre ladrones.

Adicionalmente, dice  Fundar, “la sujeción del Consejo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, órgano que concentra todas las decisiones, produce una severa limitación en las funciones de nombramiento y rendición de cuentas en la función judicial. También se observó que se mantiene un sistema de sanciones leves para faltas graves, principalmente en los casos de soborno”.

Los más corruptos

En 1997, mientras ocupaba el cargo de juez Noveno de Distrito en Jalisco, el magistrado Amado López Morales exoneró al exlíder del cártel de Sinaloa, Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero”, de los cargos por narcotráfico. López Morales sólo sentenció al narcotraficante a seis años de prisión por el delito de portación de arma de fuego. Amado López Morales fue acusado ante la Judicatura Federal,  pero nunca fue sancionado.

Fue hasta el 2008, tras una denuncia por acosar sexualmente a una colaboradora cuando ocupaba una magistratura de circuito en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo en Guerrero, que ameritó una amonestación del CJF.

Pese a las pruebas, la Judicatura Federal, determinó ponerle como sanción un cambio de oficina de Chilpancingo al puerto de Acapulco. Actualmente, López Morales se desempeña como magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco.

Pero este magistrado no ha dejado de cometer actos indebidos, desde su cargo maniobró para ingresar a Alma Lucero Ángeles Ibarra, hija de su secretaria particular, Irene Ibarra Cortés, como coordinadora técnica administrativa, denunciaron trabajadores.

Casarrubias, todo se lo debe a Ángel Casarrubias, todo se lo debe a Ángel

Magistrado de grupo político

El magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, es un hecho insólito, luego de ser candidato a la alcaldía de Chilapa en 2008 por el PRD, ganarla y perderla en el Tribunal Electoral al mismo tiempo, es promovido como magistrado por el grupo del exsenador y actual diputado federal perredista, David Jiménez Rumbo, cuando Ángel Aguirre fue gobernador.

Casarrubias Vázquez no disimula su colusión con el grupo de poder fáctico al que pertenece, incluso realiza favores desde su cargo para beneficiar a sus aliados en franca violación a la ley de responsabilidad de servidores públicos. Pese a todo, el año pasado fue ratificado como magistrado junto con otra perredista, Adela Román Ocampo, por el actual gobernador Héctor Astudillo.

El año pasado, ante la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, fue Raymundo Casarrubias quien propuso a su compañero, Alberto López Celis para dicho puesto. La medida fue avalada por unanimidad y López Celis ahora ejerce funciones al frente del TSJ, por segunda vez.

Robespierre Robles

Ante denuncias por irregularidades en su cargo como magistrado, y tras ser criticado en redes sociales, Robespierre Robles, solicitó un permiso temporal, bajo el argumento de problemas de salud.

Frivolidad y desmadre Frivolidad y desmadre

En una sesión que él mismo convoco, la licencia de Robles Hurtado fue aprobada por los 23 magistrados del Poder Judicial local.

De acuerdo a Proceso, la noche del sábado 15, Zurayma Ajuria Marbán, esposa del representante del Poder Judicial en Guerrero, Robespierre Robles Hurtado –y autodenominada presidenta del voluntariado del TSJ–, presumió en redes sociales una selfie donde posa sonriente con su marido durante el concierto de la artista canadiense Céline Dion, en el exclusivo casino-hotel Caesar´s Palace. (Cada boleto para la audición costó entre 163 y mil 183 dólares, es decir, de 3 mil a 23 mil pesos en promedio).

El costo de los magistrados

El presupuesto anual del Poder Judicial en Guerrero es de 533 millones 222 mil pesos, más del 20 por ciento se destina al pago del salario de 23 magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Los sueldos que los magistrados se autorizaron rebasan los 5 millones de pesos al año, un monto estratosférico si se considera la pobreza de Guerrero y los sueldos que perciben los demás trabajadores de ese Poder Judicial, sumado a la ineptitud y corrupción que impera.

El salario de un magistrado desglosado es de la siguiente manera: 140 mil pesos de salario mensual más un bono de 200 mil pesos; 300 mil pesos por concepto de aguinaldo y dos bonos vacacionales que suman un millón 500 mil pesos.

El salario de los magistrados ha sido calificado como insultante y contrasta con el sueldo de los trabajadores administrativos del TSJ, que asciende a 5 mil 600 pesos mensuales.

De acuerdo a un escueto informe financiero del TSJ del año pasado, en el rubro de gastos de funcionamiento que incluye los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, se erogo la cantidad de $ 490´779,141.42 al cierre del tercer trimestre del 2017, casi el total de lo que se le asignó, de todo ese dinero no hay más registro porque no existe ningún órgano fiscalizador que se lo exija por ser un poder autónomo.

Para el TSJ la trasparencia sólo existe como anuncio en su sitio web. Hay ahí una ventana que solo lleva a algunos artículos que se refieren a la transparencia, pero no a ningún documento, lista de proveedores, facturas, pagos, etc., ni informes de rendición de cuentas. Pero incluso, el sitio está tan mal hecho, por ser de bajo costo, que algunas de sus páginas están caídas, todo el dinero que según el TSJ invierte en capacitación y tecnología no es cierto, pues el sólo hecho de tener un página web deficiente, sin información, ni servicios, pone en evidencia que los recursos para este rubro también se los han robado.

 

El caso del magistrado Lucio Leyva Mena

El magistrado federal Lucio Leyva Nava, es una ficha aparte. Se le acusa no sólo de nepotismo, sino de orientar resoluciones de acuerdo a sus propios intereses. Aunado a señalamientos inmorales como el acoso dado su torcida inclinación sexual.

A Leyva Nava también se le acusa de colocar a familiares en cargos en diversas adscripciones en el Estado de México, Tabasco y Guerrero.

Uno de los casos es el de la hermana Mónica Leyva Nava, quien es actuaria judicial en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco.

Cabe mencionar que el pasado 9 de octubre del 2018 en el comunicado número 24 el Consejo de la Judicatura Federal emitió un boletín a medios de comunicación en el que aseguran investigan las relaciones de familiares al interior del PJF.

También favoreció a la Juez de Distrito, del Poder Judicial de la Federación (PJF), Nancy Ortiz Chavarría, quien armó su equipo de trabajo con familiares

Hermanos y sobrina, quienes nunca habían trabajado en la administración federal judicial, pudieron colocarse gracias a la Juez.

Desde abril de 2016 ocupa el cargo de Juez de Distrito, su primera adscripción fue en el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero.

Fuentes de esa dependencia revelaron, que a partir de su llegada al puerto se las ingenió para acomodar a tres familiares directos en distintos órganos en Acapulco.

Una de las primeras en ser acomodada es Candy Ortiz Chavarría, quien actualmente ocupa el cargo de Coordinadora Técnica Administrativa en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región.

El salario mensual de Candy, es de un aproximado, de 35 mil pesos.

Mientras que el hermano, Israel Ortiz Chavarría, es secretario particular de Juez de Distrito en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región.

El caso de la sobrina, Arizbet Magaña Ortiz, ella estudia actualmente la licenciatura en Derecho en línea, ocupa el cargo de Oficial Administrativo en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

Cabe mencionar que Magaña Ortiz puedo ingresar gracias al apoyo del magistrado Lucio Leyva Nava.