México.- El “mayor riesgo” en la política social que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante sus primeros 100 días en el poder consiste es que se construyan nuevas “redes de clientelismo político”, mediante la entrega de más de 150 mil millones en efectivo y la poca información que existe sobre el padrón de beneficiarios, advirtió hoy el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.
“Por su cobertura a millones de personas y por el monto presupuestal, es imperativo evitar cualquier sesgo en la selección de quienes reciban transferencias”, insistió el colectivo en un estudio publicado hoy.
Recordó que el llamado “censo del bienestar”, que inició durante el periodo de transición y pretende establecer el padrón de los beneficiarios sociales, “se opera desde una estructura partidista o electoral”, e incluso “viola múltiples disposiciones legales”.
El posible uso clientelar de los programas sociales es uno de los cuatro “riesgos y focos de alerta” que identificó el colectivo durante los primeros 100 días de gobierno de AMLO.
Cuestionó también la decisión de “desmantelar” el programa Prospera –para reducirlo a un “un programa de becas de educación básica para las cuales hay evidencia que carecen de impacto en educación primaria” –, de eliminar el Seguro Popular, de sustituir los subsidios a las estancias infantiles por un apoyo directo a las familias o por la decisión polémica de abandonar los convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, el colectivo aplaudió ocho medidas positivas del nuevo gobierno, entre otras el incremento al salario mínimo –llamó incluso a establecer un plan multianual de incremento gradual–, el enfoque hacia las poblaciones indígenas –que si se logra permitirá reducir la desigualdad extrema–, pero también el establecimiento de una pensión universal para adultos mayores y el otorgamiento de nuevos apoyos para personas con discapacidad y jóvenes.
