Acapulco, Guerrero.- El aumento de cobros en licencias de funcionamientos, así como cuotas a comercios, tema que fue denunciado por diversas organizaciones empresariales, se debió a "un error por parte de la administración municipal", informó la presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo.

En conferencia de prensa, el cabildo encabezado por la presidenta municipal dio a conocer el motivo por el cual se realizó un incremento en el cobro de diversos rubros para negocios que operan en el puerto.

Previo a la conferencia de prensa, los funcionarios municipales se reunieron con representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y otras asociaciones de empresarios de Acapulco a quienes les explicaron la razón del aumento.

La semana pasada la Coparmex condenó el aumento en las licencias y otros cobros para negocios en Acapulco, en tanto que la Canaco exigió a la alcaldesa dar marcha atrás con el aumento de los impuestos.

En su intervención, Román Ocampo, quien presume conocer las leyes por su trabajo como magistrada, dijo que fue un error el aumento de tarifas y aseguró que ningún empresario ni negocio pagó el aumento.

"Pero también por la falta de información, se mal interpretó la Ley de Ingresos".

"Hoy se dispersaron dudas y quedó claro que esta ley no lesiona al pequeño comerciante, a partir de esta ley van a pagar muchos que no pagaban antes", dijo la alcalde.

Por su parte, la secretaria de Finanzas, Soraya Benítez Radilla negó tajantemente que sea real el aumento denunciado por las diversas cámaras y asociaciones de comerciantes en el municipio.

"No existe ese incremento en la Ley de Ingresos en las licencias, en nuestras áreas tuvimos una mala interpretación, estamos corrigiendo y estamos citando a los compañeros para darles nuevas tablas", dijo la funcionaria municipal.

La presidenta municipal de Acapulco, quién se ha negado hablar sobre la inseguridad en el municipio, reiteró que el aumento se trató de "un mal entendido" del cual los empresarios no tuvieron la culpa.

"El ayuntamiento tuvo la humildad de reconocer que se equivocó y llamó de manera urgente a empresarios, restauranteros, dueños de farmacias y otros sectores, quedó aclarado que se había aplicado de manera equivocada el artículo 113 porque querían cobrar de manera equivocada", sentenció.