México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sanción por 1.3 millones de pesos para el PRI por la afiliación indebida de personas, así como la multa por casi 370 mil pesos para Margarita Zavala por las irregularidades en sus ingresos y egresos como candidata presidencial.

La Sala Superior ratificó las tres resoluciones que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE), en las que determinó que se vulneró el derecho de afiliación de 31 ciudadanos que fueron afiliados al tricolor sin su autorización.

Por la afiliación indebida de 15 personas, el Consejo General multó al PRI con 724 mil 114 pesos; por otras dos personas que fueron registradas desde 2012 lo sancionó con 83 mil 216 pesos, y por otras 14 personas, algunas afiliadas desde 1980, 1990 y 2000, se le multó con 583 mil 475 pesos.

Por otra parte, la Sala Superior confirmó la sanción por 369 mil 631 pesos que el INE le impuso a Margarita Zavala por las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos durante su campaña.

Por unanimidad, los magistrados electorales estimaron fundados algunos agravios relacionados con el registro contable de operaciones en tiempo real dentro del periodo normal, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, pero no envió el asunto al INE para la reindividualización de la sanción, porque la candidata independiente renunció al financiamiento público, razón por la que “procede revocar la sentencia”.

La Sala Superior también declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización en contra de los partidos integrantes de la coalición Todos por México y de su candidato presidencial, José Antonio Meade, porque no se acreditó el presunto traslado de personas a la sede nacional del PRI, con la finalidad de entregar recursos en efectivo en beneficio de su candidato presidencial.

Morelos.- Durante la ceremonia oficial por el 106 aniversario del Ejército Mexicano, el comandante de la 24 Zona Militar en Morelos,  General Armando Gómez Mendoza, dijo que con el cambio de gobierno federal los soldados de México refrendan su lealtad a su Comandante Supremo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Históricamente se vive un momento que permitirá refrendar el compromiso de este instituto armado con los mexicanos en todo el territorio nacional con la finalidad de lograr la seguridad que cada uno de los ciudadanos se merece. A 106 años de su surgimiento y gracias al esfuerzo cotidiano y a la lealtad demostrada a la nación, a sus instituciones y al pueblo de México, el Ejército Mexicano ha logrado ser considerado como una de las instituciones de mayor reconocimiento en nuestra sociedad mexicana.

“Por ello, ante el cambio de gobierno el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos refrendan el compromiso con el Comandante Supremo y el pueblo de México de mantenerse siempre leales y actuar conforme a los lineamientos constitucionales para salvaguardar a la sociedad”, dijo el mando castrense.

A la ceremonia realizada en las instalaciones de la 24 Zona Militar, en el norte de Cuernavaca, asistieron como invitados el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, parte de su gabinete y diputados locales y federales.

“El personal del Ejército y Fuerza Área mexicanos están convencidos de que si se trabaja en coordinación con la ciudadanía y el gobierno se logrará alcanzar una significativa transformación, la cual coadyuvará al fortalecimiento de la vida personal, familiar y colectiva.

“El instituto armado siempre tendrá la vocación para servir al gobierno de México y coadyuvar al cumplimiento de los intereses de la patria, actuando con valores hacia el presidente y hacia sus instituciones, con lealtad, honor y compromiso, seguiremos cumpliéndole a México y al estado de Morelos”, dijo Gómez Mendoza.

En la ceremonia el coordinador general de grupos de autodefensas de la zona oriente de Morelos, J. Inés Martínez López, entregó un reconocimiento al comandante de la Zona Militar por coadyuvar con ellos en las estrategias de seguridad de la región.

“A nombre de una región del estado de Morelos me permito hacer entrega de un reconocimiento y le voy a dar lectura. En este mundo moderno las batallas se ganan utilizando la mejor estrategia. Seguridad Ciudadana Región Oriente Asociación Civil entrega el presente reconocimiento al General de Brigada Diplomado Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, Comandante de la 24 Zona Militar, por su alta entrega y constancia en las estrategias utilizadas con los grupos organizados de la región oriente del estado de Morelos.

“Muchas gracias General por la sensibilidad que has mostrado con una parte de la población del estado de Morelos y a nombre de ella hago entrega de este reconocimiento”, dijo el coordinador.

México.- Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de los sitios donde la violencia provoca el abandono de casas.

Es un problema grave que puede profundizarse: según datos oficiales, en México existen al menos cinco millones de casas abandonadas, y no se sabe qué va a pasar con ellas.

En muchos casos sus propietarios las desalojaron para huir de la violencia. Pero en otros las viviendas se construyeron en zonas inadecuadas o no se les proporcionaron servicios básicos. Además, las autoridades no saben dónde se encuentra todas las casas abandonadas ni tampoco se sabe cuántas son en realidad.

El dato de las cinco millones de viviendas abandonadas corresponde a un censo de 2010, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pero después se han realizado diagnósticos similares. Así, el problema puede ser aún más serio, reconocen las autoridades.

“Ha sido uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado”, dice Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu). “Es un tema vinculado al abandono del espacio público, a la delincuencia. Es como una bolita de nieve que se va acumulando”, sostiene.

¿Por qué se acumuló la cifra de casas abandonadas? Son varias razones, coinciden especialistas y autoridades. Desde 2000 los distintos gobiernos aplicaron una política de construcción de viviendas en todo el país. En México hay más de cinco millones de casas abandonadas como ésta, en Jalisco.

Muchas viviendas en fraccionamientos gigantescos, como este en Jalisco, están en el abandono.

Pero muchas veces sin tomar en cuenta todos los elementos necesarios para estos desarrollos, dice el secretario Meyer: “Desde una lógica plenamente financiera se colocaron de forma masiva un número importante de viviendas”.

“Pero a final de cuentas carecían de los temas muy básicos como la cercanía a los trabajos, equipamientos, usos mixtos, espacios públicos”, explica. En otros casos los conjuntos habitacionales se edificaron en zonas totalmente inadecuadas, como pantanos.

“Muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió haber puesto una piedra”, reconoce Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Se hicieron desarrollos que no cuentan, hasta la fecha, con servicios básicos como agua o electricidad”, reconoce.

En Tabasco los grandes desarrollos de viviendas han sufrido de inundaciones en época de lluvias.

Estos conjuntos de casas no debieron construirse, dicen especialistas, pero fueron autorizados por gobiernos estatales y municipales.

El resultado: miles de familias abandonaron las casas ante las dificultades para seguir ocupándolas. Otra de las razones para el alto número de casas deshabitadas es el desplazamiento masivo de personas por la violencia.

De acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, hasta 2017 más de 345.000 personas “tuvieron que desplazarse de manera forzada en el interior del país debido a la violencia o a conflictos territoriales”.

Los desarrollos inmobiliarios en muchas ocasiones no han previsto los servicios básicos necesarios. El secretario Meyer asegura que éste problema es particularmente serio en el norte del país.

Pero Louise David, coordinadora de la organización Alianza para la Regeneración Urbana, recuerda que hacen falta datos para asegurarlo pues no hay un censo o estudio reciente sobre las viviendas abandonadas. Lo que sí se conoce es el impacto del problema y la cadena de acciones que desata.

“Hay un círculo vicioso alrededor de la vivienda abandonada”, explica a BBC Mundo. “Si hay una casa deshabitada se suma otra y luego una tercera”.

Así, los vecinos que permanecen en los barrios empiezan a sentir un ambiente de inseguridad, sobre todo cuando las casas deshabitadas se invaden. Muchas casas abandonadas por la violencia se encuentran en zonas rurales.

Hasta ahora no está claro qué va a suceder con estas casas. La Sedatu empezó un nuevo estudio para saber, primero, la ubicación precisa de las viviendas.

Y luego se pretende conocer las condiciones específicas de cada desarrollo habitacional, sobre todo determinar si pueden ser recuperadas.

Es parte de una estrategia contra la violencia, sobre en zonas con alto número de casas deshabitadas por el problema, como Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Parte del proceso de pacificación del país pasa a través del ordenamiento del territorio y una adecuada política de vivienda”, dice el secretario Meyer.

México.- “Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el presidente que no quiso enfrentar la violencia contra las periodistas. Por el contrario, actuó con todo el poder para silenciar a quien, con la fuerza de su palabra y la evidencia del trabajo periodístico, mostró a la población el tamaño de su avaricia.

Esto nos hereda, el país más peligroso para ejercer el periodismo, el país de las grandes contradicciones, el país identificado a nivel mundial como el más feminicida”.

Lo anterior fue expuesto por Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), cuya asociación civil, realizó una investigación en torno a la violencia que enfrentaron las mujeres periodistas durante el sexenio de Peña Nieto.

De acuerdo con el estudio, de 2012 a 2018 se registraron 448 casos de violencia en contra de las comunicadoras del país; de los cuales, 11 fueron feminicidios.

Tales cifras representan un incremento de 341 por ciento, en comparación con las 131 agresiones que se documentaron en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

El estudio fue presentado hace unos días en la Universidad Iberoamericana Puebla y ahí se detalló que la entidad su ubicó en tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de atentados en contra de las periodistas con un total de 37 casos; de los cuales, uno fue homicidio en 2012.

A Puebla solo la superaron la Ciudad de México que reportó el 17 por ciento de las agresiones y Veracruz con el 13 por ciento.

Las amenazas y hostigamientos contra las reporteras en Puebla, explicó Lagunes Huerta, se dieron en tres momentos trascendentes como fue el inicio de la gestión de Rafael Moreno Valle, con el aumento del robo de combustible y durante el proceso electoral del año pasado.

En este tiempo, se registró una persecución de periodistas por parte de actores políticos y funcionarios, así como espionaje y llamadas intimidatorias en las redacciones para eliminar contenidos, publicación obligatoria de boletines oficiales y censura de fotografías que comprometieran al entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Los ataques, detalló, no dejaron de lado la intimidación, el hostigamiento, las agresiones físicas y la violencia sexual digital.

Cimac también mencionó robos de material de trabajo en las redacciones como computadoras, así como prácticas de espionaje en correos electrónicos, grupos de WhatsApp y ataques al patrimonio de los periodistas como el allanamiento a sus domicilios y acoso judicial.

Tanto en Puebla como en el resto del país, la mayoría de las informantes atacadas cubren la fuente política, quienes además, trabajan temas de corrupción y anomalías del proceso electoral.

En el estudio antes mencionado se precisa que el 73.70 por ciento de las periodistas amenazadas o violentadas en el país cubren la fuente política, el 15 por ciento sociedad, el 4.98 por ciento seguridad, el 3.79 por ciento estados y el 0.71 por ciento cultura y deportes.

Del tipo de medio donde laboran las víctimas, el 57.58 por ciento lo hace en prensa escrita, el 26.54 por ciento en un portal digital, el 9.48 por ciento en radio, el 4.74 por ciento en televisión y el 1.66 por ciento en agencias de noticias.

Las edades, el 26 por ciento tiene entre 36 y 40 años de edad, el 21 por ciento de 41 a 45 años, el 19 por ciento de 31 a 35 años, el 14 por ciento de 45 a 50 años, el 9 por ciento de 26 a 30 años y el 7 por ciento de 51 a 55 años de edad.

De todo el sexenio de Peña Nieto, el año más violento para las profesionistas de la información fue 2018 con el 23.93 por ciento de las agresiones; 2016 con el 18.01 por ciento; 2015 con el 17.54 por ciento y 2014 con el 15.64 por ciento.

Respecto al tipo de violencia destacan los actos de intimidación con el 19.56 por ciento, amenazas con el 13.39 por ciento, hostigamiento con el 11.51 por ciento, agresiones físicas con el 10.15 por ciento, bloqueo informativo con el 8.69 por ciento, campañas de desprestigio 7.22 por ciento y uso desproporcionado de la fuerza pública con el 6.28 por ciento.

Lucía Lagunes resaltó que los funcionarios, servidores públicos y legisladores, son los que más agreden a las féminas comunicadoras; incluso, se ubican por arriba de los narcotraficantes e integrantes de bandas delincuenciales.

En este sentido detalló que del total de las denuncias documentadas, los agresores fueron: funcionario municipal con el 18.48 por ciento, candidato, militante o simpatizante de partido político 16.35 por ciento, funcionario estatal 15.88 por ciento, civiles 8.53 por ciento, grupos armados civiles 6.4 por ciento y funcionario federal 4.74 por ciento.

En este último punto cabe mencionar que hace unos días, la reportera de esta casa editorial y colaboradora de la K Buena de Ciudad Serdán, Evangelina Rosales Gasca, fue amenazada por Julio César Bonilla, asistente del diputado local del partido Compromiso por Puebla, Uruviel González Vieyra, por publicar una entrevista con el legislador en la que reconocía que le interesaría la candidatura a gobernador por dicho instituto político.

El agresor intimidó a la reportera de la fuente política al mencionarle el nombre de la escuela de su hijo y posteriormente dicho sujeto, también amenazó al esposo de Eva, también reportero.

Ante ello, el gremio periodístico y diversas organizaciones civiles condenaron tal acto intimidatorio de la comunicadora que sólo realiza su trabajo.