México.- El programa “Quédate en México” (Remain in Mexico) del gobierno de Estados Unidos somete a niños, niñas y adultos a daños graves y continuos, como el secuestro, la violación, robos a mano armada, extorsión y otros delitos cometidos contra migrantes enviados a México, alertó un informe de la organización internacional Human Rights Watch.
A través de un documento titulado ‘Como si me estuviera ahogando’, se documentó como las personas colocadas en los “Protocolos de protección migratoria” (MPP por sus siglas en inglés) o mejor conocido como “Quédate en México” corren el riesgo de sufrir daños graves en México, que incluyen agresión sexual y otros ataques violentos a menudo a manos del crimen organizado y, en algunos casos, por agentes de inmigración o policías mexicanos.
El informe a cargo de Human Rights Watch, el Programa de Derechos Humanos y Trauma de Salud Mental de la Universidad de Stanford y la Clínica de Defensa Familiar e Infantil de la Universidad de Willamette, señala que dicho programa, en el cual las personas que buscan asilo en EU deben esperar en México y regresar periódicamente a los Estados Unidos para audiencias en los tribunales de inmigración, “es todo menos protector”.
Ello debido a que las autoridades estadounidenses han enviado a personas a algunas de las ciudades más peligrosas de México y las ha expuesto innecesaria y previsiblemente a un riesgo que considerable ha provocado daños graves.
Para realizar dicho informe, se plasmó que las personas entrevistadas, incluidos los niños, describieron ser víctimas de delitos, en muchos casos, se añadió, sus atacantes los atacaron cuando llegaban a México después de su colocación inicial en el MPP o cuando regresaban de las audiencias judiciales, o cuando dejaban los refugios para migrantes donde se alojaban.
En este contexto, se detalló que Human Rights First, una organización defensora de Derechos Humanos ha rastreado más de 1,100 casos denunciados de asesinato, violación, secuestro, tortura y agresión de personas enviadas a México bajo el MPP.
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Asimismo, se destacó que Quédate en México ha sido ineficaz, pues aunque se supone que los funcionarios estadounidenses no deben enviar personas a nuestro país si un oficial de asilo descubre que es probable que enfrenten amenazas a su vida o libertad o si serían torturadas en México.
Exoficiales de asilo han dicho que las autoridades exigen que los migrantes estén vinculadas a uno de los motivos de protección para solicitar condición de refugiado (raza, religión, origen nacional, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular). Mientras que en el caso de la tortura, las autoridades exigen pruebas de que los malos tratos serían cometidos por un agente estatal.
Por lo que, como resultado, miles de personas se concentran en ciudades fronterizas mexicanas peligrosas indefinidamente, viviendo vidas en el limbo, muchas de ellas dependientes de la generosidad de grupos humanitarios y voluntarios para alojamiento, comida y atención médica.
En tanto, se identificó que después de cada audiencia, familias enteras fueron encerradas en celdas de detención de inmigrantes frías, a menudo superpobladas, con hombres y adolescentes separados, a veces durante la noche o más, antes de que los funcionarios estadounidenses los devolvieran a México.
Además de que algunas de las personas entrevistadas dijeron considerar abandonar sus casos de asilo porque sus hijos tenían mucho miedo de ser detenidos nuevamente.
Por otro lado, Human Rights Watch advirtió que las localidades mexicanas a lo largo de la frontera con Estados Unidos pueden ser muy peligrosas, especialmente para las personas cuyo comportamiento y habla los marca como recién llegados y que carecen de los recursos para alojarse en hoteles o en alojamientos alquilados en barrios más seguros.
Human Rights Watch escuchó repetidos relatos de familias de migrantes golpeadas, robadas o sometidas a otros daños graves en circunstancias que sugieren que sus agresores los atacaron debido a su origen nacional o étnico.
Las mujeres y las niñas describieron una violación real o un intento de violación u otra agresión sexual, también en circunstancias que sugirieron que fueron atacadas porque no eran mexicanas o porque eran indígenas o transgénero.
Y algunos de los responsables de la extorsión y otros abusos graves parecen haber sido funcionarios del gobierno mexicano: agentes de la policía o de inmigración que se identificaron como tales.
De hecho, algunas familias que recibieron denegaciones de sus solicitudes de ser expulsadas del MPP por motivos humanitarios o por temor a sufrir daños graves en México fueron posteriormente secuestradas cuando se dirigían a un tribunal de inmigración, dijeron los abogados a Human Rights Watch.
Otra de las deficiencias documentadas fue que los agentes de inmigración estadounidenses enviaron a algunas personas a pueblos fronterizos distantes, en algunos casos, hasta un lado opuesto, sin explicación.
Otras personas fueron enviadas a ciudades fronterizas relativamente cercanas a donde cruzaron a los Estados Unidos, pero se les dio audiencias judiciales en otras partes de la frontera. En cualquier caso, estas decisiones exponen a las personas a un peligro adicional al obligarlas a emprender largos viajes a ciudades desconocidas.
Durante los últimos dos años, las autoridades de inmigración de Estados Unidos han enviado a más de 69,000 personas a México mientras esperan sus audiencias de asilo en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, incluidas familias con niños de cualquier edad, algunos de ellos con discapacidades.
Y al 17 de julio de 2020, solo 523 personas habían recibido concesiones de asilo o retención de deportación de casi 44,000 casos de MPP que fueron considerados completados, una tasa de concesión de un poco más del 1% para los casos de MPP concluidos en el primer año. (Fuente original: El Economista)
