México.- En octubre de 2018, tres meses después de ganar la elección presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador y su equipo lanzaron a las calles a un ejército de unos 18 mil voluntarios con una misión inédita para alguien que aún no había asumido el cargo: recabar la información personal de los ciudadanos que serían beneficiados con algún programa social una vez que comenzara a gobernar.

A ese ejercicio se le llamó “Censo de Bienestar” y los voluntarios fueron nombrados “servidores de la nación”, quienes ahora son parte del Gobierno y dan seguimiento a la entrega de ayudas económicas. Su labor ha estado bajo el escrutinio de los críticos que consideran todo es parte de un esquema de apoyo político para el Presidente.

López Obrador ha negado cualquier irregularidad u operación política de los servidores para beneficiar a su Gobierno o a Morena, el partido que fundó y que lo llevó a la Presidencia. Una de las promesas permanentes del mandatario es combatir la corrupción y eliminar cualquier práctica irregular como parte de la que llama la “Cuarta Transformación” del país.

Pero el 27 de diciembre, tras una investigación, las autoridades electorales concluyeron que un grupo de esos “servidores” sí había violado la ley al promover al Presidente en la entrega de los programas sociales, algo prohibido por la Constitución mexicana.

El fallo de las autoridades electorales eximió de responsabilidad a López Obrador y a integrantes de su gabinete y sólo se sancionará a coordinadores estatales y regionales de los “servidores”.

El fallo, sin embargo, no ha tranquilizado a los críticos del mandatario, quienes argumentan que las autoridades no indagaron todo lo que debían. Camerino Márquez, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el que denunció ante el órgano electoral el programa, dijo que apelará el fallo y pedirá que se rehaga la investigación.

Para algunos expertos, eran evidente las irregularidades.

“Desde mi punto de vista, cuando comenzaron a recabarse los datos personales de los ciudadanos fue algo ilegal, porque en el periodo de transición aún no eran Gobierno y después, cuando ya eran Gobierno, continuaron usando chalecos y gorras con el nombre de López Obrador, aunque era promoción personalizada”, dijo a The Associated Press María Amparo Casar, analista y presidenta ejecutiva de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción.

Un análisis hecho por la AP a partir de las listas de los “servidores” detectó que casi una cuarta parte de los 18 mil están afiliados a algún partido político o formaron parte de su estructura electoral, sobre todo de Morena.

La revisión se hizo con programas estadísticos para cruzar la base de datos de los servidores, entregada a la AP por la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal, con los padrones de militantes de los partidos políticos. Lo mismo se hizo con el listado de representantes generales y de casilla para la elección presidencial de 2018, el cual fue entregado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La ley no prohíbe a la gente que trabaja para el Gobierno ser militante de algún partido, sin embargo, algunos analistas y expertos en la aplicación de programas sociales consideran que existe un riesgo de que la gente con una afinidad política busque algún beneficio para su organización o líderes.