El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional el Artículo 214 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que prohibe bloquear el tránsito en vialidades primarias de circulación continua.

Los ministros también validaron el aviso que particulares dan a las autoridades sobre la realización de manifestaciones o marchas, con el objeto de que se tomen las providencias y den los apoyos necesarios de manera oportuna, pero aclaró que la presentación de este aviso es optativo, pues no es un permiso que deba ser solicitado.

En tanto, aprobaron la prohibición de ocupar vialidades primarias, entendidas estas como las que tienen carriles confinados, de acceso restringido, con laterales y sin semáforos.

La corte concluyó el análisis sobre la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en el cual resolvieron diversos temas que conciernen al uso de vialidades para realizar manifestaciones, caravanas, marchas, entre otras actividades.

En este sentido el pleno validó la fracciones II y LXIV del Artículo 7, al estimar que las definiciones de “accesibilidad” y “personas con movilidad limitada” no contrarían lo dispuesto en la Constitución, ni en los tratados internacionales en materia de discapacidad, por lo que no transgreden los principios de igualdad y no discriminación.

Además, fue invalidada la fracción II del Artículo 69, la cual establecía la negativa de reexpedir licencias o permisos para conducir a personas con incapacidad mental o física, cuando no comprueben mediante certificado médico haberse rehabilitado.

Los ministros consideraron que la norma era discriminatoria y no producía seguridad jurídica.

Asimismo, validaron el Artículo 212, que prevé dar aviso por escrito a Seguridad Pública, con 48 horas de anticipación, sobre la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración.

Los ministros señalaron que dicho aviso no se trata de un permiso, el cual estaría sujeto a una respuesta por parte de la autoridad con el fin de otorgarlo o negarlo.

Solamente tiene por objeto que la autoridad informe de manera oportuna del evento a la ciudadanía, para que tome las procedencias del caso, y así se respeten en la medida de lo posible los derechos de libre tránsito, seguridad y libertad deambulatoria, recalcaron.

A su vez, añadieron, la autoridad deberá ejecutar las medidas necesarias para respetar y proteger el derecho de reunión y de expresión.

Respecto a que las movilizaciones se realicen en las vialidades primarias, la corte validó los artículos 213 y 214 de la ley de movilidad, la cual establece una excepción para las vías de circulación continua.

El pleno interpretó lo que debe considerarse como vialidades primarias de flujo continuo, como las que son de acceso controlado, con intersecciones a desnivel, con carriles centrales y laterales separados por camellones.

Asimismo, a las que para incorporarse o desincorporarse deben utilizarse los carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y 97/2014, promovidas por las comisiones de Derechos Humanos local y la nacional, respectivamente.