#Opinión política

¿Quién saquea a quién en México?

El mexicano debe evitar ser como sus políticos carroñeros y saqueadores

Por Redacción, 2017-01-05 08:38

Por Alfonso Juárez


Acapulco Guerrero.-En el México violento, corrupto y del hartazgo, las manifestaciones injustificadas del saqueo por el gasolinazo llaman a la reflexión y a la pregunta ¿quién saquea a quién verdaderamente en este país?

Y es que tenemos una clase política señalada constantemente de corrupta; un gobierno federal manchado desde sus inicios con una casa blanca, opaco, sin transparencia, con abuso del poder.

Un presidente de la república endeble, cínico y sumiso ante la embestida de las pruebas que desnudaron a un Enrique Peña Nieto auspiciado por una mafia de amigos empresarios detrás de él, que se hinchan con sumas millonarias en contratos sin claridad en su administración federal.

También tenemos a gobernadores prófugos de la ley – pactadas o no pactadas sus huidas- con montos millonarios que lastiman al solo cuantificarlos.

Javier Duarte de Veracruz y Tomás Yarrington de Tamaulipas son solo una pizca en el mar de la sal podrida en la que se ha sazonado la política mexicana.

No se diga de los diputados federales y locales, senadores, todos estos que aprobaron –por algún dinero- leyes a su conveniencia pero no a la de sus votantes.

Ahora los vemos –a los legisladores- en las calles en protesta, con sus vehículos de lujo que tanto gastan gasolina que ni ellos pagan.

También los hay en la alcaldías y los mismos regidores corruptos en cualquier municipio del país, ahí están, solo bastaría observarles, pedirles cuentas claras.

Este es el saqueo que constantemente se nos hace a los mexicanos, un robo que queda impune, sin delincuentes, sin vándalos tras las rejas. Bueno, algunos cuantos los exhiben para después sacarlos por la puerta de atrás.

Hay pues un hartazgo de la clase social que indebidamente se traslada a las calles con la rapiña. El robo, el hurto que han enseñado los políticos a los mexicanos no es la salida para manifestar la indignación por el abuso en el alza en los precios de los combustibles.

Sin embargo, esta manifestación espejo es la que se debe evitar, repetir los esquemas de la clase más vil de nuestra sociedad no nos deja bien.

Mejor, deberíamos hacer un llamado a evitar repetir patrones de lo absurdo y mirar hacia la pacificación de nuestro país, buscar mejores herramientas legales así como fiscales para evitar que gobernadores y gobiernos sigan saqueando a la nación.

Aplaudo todas las manifestaciones de paz y de lucha constante pero no aprobaré nunca que seamos saqueadores como lo son nuestros gobernantes.

#Guerrero

OPINIÓN | Media vida para acceder a la justicia

Estas historias densas, sumamente dolorosas, son parte de un movimiento de mujeres y hombres que se vieron obligados a salir de sus comunidades para tomar las calles y entrar a las procuradurías, con el fin de exigir justicia.

Por Redacción, 2018-06-19 09:19

En Guerrero hay mujeres que pasaron toda su vida luchando para alcanzar justicia. Muchas de ellas como Tita Radilla se han entregado en cuerpo y alma para encontrar a su padre Rosendo Radilla, quien fue desaparecido por el ejército en 1974.

Más de media vida Tita sigue con la frente en alto encarando a las autoridades civiles y militares para que den cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana que ha emplazado al estado mexicano a investigar el paradero de su padre.

En los años recientes, desde el 26 de septiembre del 2014, 43 madres y padres no han encontrado reposo ante la desaparición de sus 43 hijos, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. No han dejado pasar un minuto en estos 44 meses sin dejar de buscarlos.

No han cejado en su lucha para exigir a las autoridades federales que cumplan con las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); que investigue al ejército y a los policías federales, que detengan y procesen a los policías de Huitzuco, que investiguen el trasiego de droga a Estados Unidos y que amplíen la investigación de la telefonía celular de los implicado en el caso Ayotzinapa.

Estas historias densas, sumamente dolorosas, son parte de un movimiento de mujeres y hombres que se vieron obligados a salir de sus comunidades para tomar las calles y entrar a las procuradurías, con el fin de exigir justicia. Son los nuevos sujetos del cambio, que están dispuestos a dar su vida para que el ciudadano común acceda a la justicia y termine la pesadilla de la simulación y la mentira del gobierno.

Este primero de junio fuimos testigos de un caso paradigmático. Después de 16 años, Valentina Rosendo Cantú alcanzo la cima de la justicia. Es una historia escrita con mucho sufrimiento por una menor de edad que fue víctima de tortura sexual, por miembros del ejército. Cuando la niña Valentina Rosendo Cantú se encontraba lavando ropa sobre un arroyo de Barranca Bejuco, fue sorprendida por ocho efectivos del ejército que llevaban a una persona amarrada con visibles huellas de tortura. Con la típica actitud prepotente, interrogaron a Valentina, la rodearon y con sus armas largas la amenazaron.

Por el simple hecho de no contestar a sus preguntas la golpearon. Valentina no contestó porque no hablaba español y mucho menos lo hizo porque se encontraba atrapada por sus metrallas. “¿Quiénes son los encapuchados?” le preguntaron, al mismo tiempo le presentaron una lista con nombres, para que dijera quiénes eran esas personas.

El miedo y el silencio de Valentina fue interpretado como una postura irreverente para los “guachos”. Como es su costumbre de hacer hablar, por las buenas o las malas a las personas que detienen, con la culata de sus armas la golpearon y la tiraron sobre la corriente de agua. De forma cobarde procedieron a ultrajarla.

¿Qué significó para Valentina padecer esta infamia en condiciones sumamente adversas, al encontrarse totalmente indefensa frente a ocho militares armados? ¿Cómo juzgar las actuaciones de los militares en un contexto donde la vida de las mujeres está sometida y controlada por los hombres? En la montaña los gobiernos en turno han condenado a las mujeres a dar a luz a sus hijos sobre los pisos de tierra, en viviendas precarias, donde ni siquiera cuentan con un foco de luz eléctrica.

Son las mujeres que se levantan en la madrugada para moler maíz en el metate y preparar el nixtamal. Por la indolencia y la corrupción de los gobernantes las familias indígenas tienen que caminar varias horas para acarrear agua limpia.

Las mismas mujeres se ven obligadas a lavar la ropa en los arroyos porque el gobierno les ha negado sistemático el derecho de acceder al agua dentro de sus viviendas. Tanto las abuelas, como las madres y las hijas tienen que caminar varias horas para cortar leña y cargarla bajo sus hombros, porque sólo de esa manera pueden preparar sus alimentos. En muchas viviendas la precariedad es extrema, al grado que muchas mujeres tienen sus fogones al ras del suelo.

Valentina, como la mayoría de niñas en la Montaña no tuvo la oportunidad de estudiar ni concluir la primaria, porque no hay escuelas ni maestros. Muchas niñas y niños como Valentina tienen que caminar más de 2 horas en las cimas de la montaña con el estómago vacío. Para las autoridades nunca hay dinero que pueda satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de las familias indígenas. No hay presupuesto para construir escuelas ni edificar clínicas.

Los gobernantes se lucen diciendo que la norma oficial mexicana reza que las comunidades que no cuentan con más de dos mil habitantes, no se les puede asignar un médico. Esa es la forma burda de negar a los pobres un derecho constitucional. Las personas que se enferman tienen que resignarse a encontrar en los remedios caseros la única forma de curarse.

Cuando la situación se agrava, no tienen otra alternativa que caminar más de 10 horas de sus comunidades a la cabecera municipal de Ayutla. Este pesado viacrucis se torna más cruento por el trato discriminatorio y displicente del personal médico, que no está capacitado para brindar un servicio de salud apropiado a las personas que hablan una lengua originaria. No solo las maltratan, sino que les niegan los servicios gratuitos y hasta las medicinas del cuadro básico.

El mundo de Valentina y de muchas mujeres de la Montaña es un mundo que tienen que cargar por las carencias que les ha impuesto un régimen racista que busca desaparecer a los portadores de las culturas primigenias. Es una vida sin derechos, predestinada a enfrentar todo tipo de adversidades y a soportar las ofensas y los desprecios. Se les conmina a vivir en el sometimiento y la semiesclavitud. Quedan a merced de quienes ejercen el poder.

En el caso de Valentina fue la tropa quien la sometió. Los elementos castrenses usaron sus armas para perpetrar la tortura sexual. Para la Corte Interamericana se trata de una “violencia institucional castrense, en la que por la vía de los hechos, los militares implantan una política de terror, erigiéndose como una fuerza destructora. Estas atrocidades son encubiertas por las autoridades civiles, quienes se resisten a investigarlas y más bien se supeditan a los mandos castrenses.

En lugar de llamarlos a rendir cuentas por violentar los derechos humanos, no pierden la oportunidad para rendirles tributo y cubrirlos de loas. Se tornan en cómplices de quienes son los causantes de esta crisis de gobernabilidad, porque se erigen como autoridades que están por encima de nuestro marco constitucional.

El primero de junio, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra dos militares, por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en febrero 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Dicha resolución les impuso una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además a reparar los daños. Es una sentencia histórica que marca un hito en esta larga travesía de Valentina por acceder a la justicia. La juez le dio un valor pleno a sus declaraciones.

Utilizó criterios jurisprudenciales que respaldan el valor central de los testimonios de la víctima por tratarse de hechos que por su naturaleza se realizan sin que medien testigos. Resalta el término de “asimetría de poder” para señalar la vulnerabilidad en que se encontraba Valentina Rosendo frente a sus agresores.

Manifiesta que se aprovecharon del entorno de coacción por ser miembros del ejército. La agresión sufrida dentro de este contexto es considerada como tortura. Se redimensionó su pertenencia a un pueblo indígena, se valoró su narrativa en lengua materna y su situación de vulnerabilidad.

A Valentina le costó media vida para que las autoridades mexicanas escucharan su clamor de justicia y para que un tribunal le diera pleno valor probatorio a su palabra de mujer, que demostró ante la Corte Interamericana hablar con la verdad.

Este lunes escucharemos de nueva cuenta la voz nítida y profunda de Valentina en la ciudad de México. En el club de periodistas dará una conferencia de prensa, donde estará acompañada por Alda Facio, una gran defensora de los derechos de las mujeres que hoy forma parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y la práctica. Estarán también arropada por Jan Jarab, el Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la abogada Marcia Aguiluz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) cuya organización funge como representante legal de Valentina ante la COIDH quien enviará un mensaje desde Costa Rica.

Tania Reneaum, Directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía internacional hará patente su compromiso mostrado a lo largo de estos 16 años, para acariciar este sueño de justicia de Valentina. Por Parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que también fue co-peticionario ante el sistema interamericano nos honrará con su presencia el subdirector Santiago Aguirre, así como personal de este Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan.

Media vida le ha significado a Valentina pelear con el corazón por delante en medio de tantos peligros, siempre con sus hijas en sus brazos. Luchando con todo y contra todo para alcanzar la justicia negada que hoy se cristaliza en una justicia materializada en una sentencia. Una justicia que ha conquistado a lo largo de 1­6 años desde el momento en que ella salió de su comunidad para alzar la voz. Valentina es el rostro radiante de la justicia. Es el emblema de la dignidad de una mujer que ha encarnado en su mismo nombre la historia de su gran osadía. ¡Es Valentina a toda honra!

#Opinión política

El tigre somos todos los mexicanos | OPINIÓN

Los mexicanos hemos soportado hasta el hartazgo a una clase política abusiva y déspota; estamos heridos por los fraudes, desfalcos, triangulaciones, por la obscena corrupción del gobierno.

Por Lucía Deblock, 2018-03-16 19:00

México.- Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en la 81 Convención Bancaria en Acapulco dieron lugar a otra gran tergiversación pública, como pasó antes con el tema de la Amnistía.

Veamos, AMLO dijo: “Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy a Palenque, y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, yo ya no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral, así de claro, yo por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean libres y limpias; y que decida el pueblo quién será el presidente.”

Al margen de la metáfora de “El tigre” de Porfirio Díaz, estamos hablando de un pueblo cansado de la corrupción, la violencia y la impunidad. Los mexicanos hemos soportado hasta el hartazgo a la clase política abusiva y déspota; estamos heridos por los fraudes, desfalcos, triangulaciones, por la obscena corrupción del gobierno; nos hiere profundamente la impunidad del día a día y más aún, casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Allende, sólo por mencionar las más recientes matanzas a manos del Estado.

Quienes acusan a López Obrador de agitador, quieren olvidar los 234 mil homicidios dolosos, a los 32 mil desaparecidos, quieren pasar por alto que cada dos horas una mujer mexicana es asesinada con lujo de violencia, que hay más de 6 mil niños y niñas que han sido arrancados de sus hogares.

Quienes quieren acusar a López Obrador de llamar a la violencia son los mismos que se han beneficiado de la Estafa Maestra, el fraude de OHL, del viaducto Bicentenario, La Casa Blanca, Odebrecht, los gobernadores que compran agua destilada como tratamiento para el cáncer y que fraguaron los más recientes esquemas de defraudación descubiertos por la ASF por más de 6 mil 879 millones de pesos.

Por si no hubiera motivos suficientes, esta semana la SCJN, encabezado por el ministro Láynez, ha coartado los derechos humanos y la presunción de inocencia de todos los mexicanos, al permitir a la policía inspeccionar a personas y vehículos de acuerdo a su criterio. Sí, a los cuerpos policiacos que no aprueban los filtros de confianza, que no están capacitados, que muchas veces están liados con el crimen organizado, les han permitido interrogarnos y revisarnos “si les parecemos sospechosos” sin una orden judicial de por medio.

También esta semana la PGR se desistió de ejercer acción penal en contra del ex gobernador priísta César Duarte por los posibles delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, echando por tierra cualquier posibilidad de saber cuánto dinero del estado de Chihuahua fue desviado a las campañas del PRI.

Mientras tanto, en Río Blanco, Veracruz, se presume la ejecución extrajudicial de dos niñas, de 14 y 16 años, y después de sembrarles armas, el gobernador del estado, el panista Miguel Ángel Yunes, ha justificado el actuar de la policía al relacionarlas con criminales, debido a que ostentan el tatuaje de un revólver. Al mismo tiempo que en instancias internacionales, la ONU exhibe al gobierno mexicano como torturador al inspeccionar el caso de los detenidos por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

La impunidad en México crece: sólo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados. ¿El motivo? Tenemos la mitad de policías que como mínimo se necesitan, hay déficit de fiscales que indaguen delitos y hay 4 veces menos jueces que el resto del mundo, según datos de Animal Político. Y lo que tenemos está muy lejos de ser eficiente.

Los mexicanos tenemos motivos de sobra para estar profundamente enojados. El tigre somos todos. No importa por quién vayas a votar. No importa si eres de izquierda o de derecha. No importa que seas hombre o mujer. El tigre somos todos los mexicanos víctimas de la crisis del Estado de Derecho que se vive en México. El tigre somos todos aquellos que vamos a ejercer nuestro derecho a elegir un gobierno diferente.

Cuando escuches a alguien decir que aún no ha decidido su voto, o que sus motivos para no votar son tan superficiales como que el candidato no es bilingüe o que es un naco (sic), recuérdale que tenemos muchos motivos de peso para votar.

Comenta estas cifras y estas situaciones o aquéllas que más te motiven para tomar una decisión el primero de julio. En la medida en que estemos mejor informados y seamos capaces de solidarizarnos con el dolor y las injusticias que han sufrido nuestros vecinos, amigos o compatriotas, seremos capaces de desmentir a los incautos que dicen que un candidato está llamando a la violencia a los mexicanos.

#Opinión política

Meade y Anaya, la corrupción y la impunidad | OPINIÓN

“los mexicanos contemplamos el uso faccioso de la procuración de justicia que, de manera parcial y sesgada, golpea a los enemigos y libra a los amigos”.

Por Lucía Deblock, 2018-03-02 19:32

México.- Once días después de ser señalado de participar en operaciones de lavado de dinero, Ricardo Anaya sigue sin poder sacudirse las acusaciones que pesan en su contra. Mientras más explican, el propio Anaya y su equipo, más evidente resulta el carácter fraudulento del candidato: miente en su 3 de 3, usa prestanombres, hace negocios turbios que incluyen lavado de dinero y empresas fantasmas, niega a sus amigos y miente a nivel nacional sin ningún empacho. Si es cierto que hasta ahora la PGR no tiene ningún proceso en su contra, la forma en que se conduce Anaya en lo personal, deja mucho que desear para un candidato a la presidencia.

Los escandalosos desvíos de Sedatu y Sedesol por mil 311 millones de pesos, derivado de las auditorías de la ASF, siguen sin ser formalizadas por la PGR, dejando al candidato José Antonio Meade libre de cualquier señalamiento legal, pese a su evidente participación. Su mejor defensa es la omisión o negligencia, es decir, el encubrimiento.

Por otro lado, una juez federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, en la investigación que lleva a cabo por lavado de dinero y cohecho. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, también se ha visto favorecido por la PGR al ser absuelto del delito de ejercicio indebido de funciones.

El gobierno mexicano tiene nuevos hallazgos sobre el paradero de los 43 normalistas gracias al seguimiento de sus teléfonos, pero no pueden ser revelados en audiencia pública, según el fiscal. Pero sí revela videos y detalles de investigaciones en curso de sus oponentes políticos.

Así, los mexicanos contemplamos el uso faccioso de la procuración de justicia que, de manera parcial y sesgada, golpea a los enemigos y libra a los amigos. Los actores políticos se levantan para defender y atacar a sus oponentes. Es un error considerar que estos hechos son exclusivos debido a los tiempos electorales, porque si bien, las campañas sirven como megáfono, en México reina la impunidad y la corrupción.

Como ciudadana me indigna que los candidatos a la elección presidencial estén involucrados en asuntos ilícitos y fraudulentos. Me molesta que gobernadores y secretarios de Estado evadan la justicia gracias a triquiñuelas legales.

Me duele que cada cuatro horas se asesine a una mujer con lujo de violencia y que a los políticos sólo les preocupe maquillar cifras sobre feminicidio. Me lastiman las desapariciones forzadas que recién empiezan a documentarse en Veracruz, pero que no se acuse formalmente a los ex gobernadores priistas Fidel Herrera y Javier Duarte.

Me molesta que los políticos gasten millones en publicitar su imagen y no en programas educativos y sociales. Pero los políticos no responden directamente ante las acusaciones, ante las referencias concretas. Ellos se defienden señalando a otros como responsables, acusándolos de delitos peores, en el mejor de los casos, alegando que la PGR no les ha fincado responsabilidad legal.

Esas no son las explicaciones que merecemos los mexicanos. Esas nunca serán las respuestas correctas. Por eso debemos aprender a organizarnos como ciudadanos, para exigir responsabilidad a nuestros políticos.

Sin embargo, lo más penoso es que la conducta irresponsable de los políticos se replique en la discusión ciudadana. Si en lugar de investigar, documentarnos, informarnos y reflexionar para tener un voto razonado y conversaciones políticas inteligentes, respondemos vilmente, acusando de otro delito, tal vez peor, al candidato de nuestra preferencia, o justificando con indolencia actos arbitrarios, sólo imitamos la conducta de aquellos a quienes criticamos.

Hace unos días una persona de Guanajuato respondió a mi argumento sobre los 234 mil homicidios dolosos de los últimos 12 años, de la siguiente manera: “Todos esos muertos, todos, incluidos los 43 angelitos, son gente relacionada al narcotráfico”.

Por supuesto, me di cuenta que no había forma de dialogar con una persona que, de antemano, esgrime prejuicio e indolencia en sus argumentos, además de un cinismo flagrante. Justificar las ejecuciones sumarias es, además, un rasgo de insensibilidad.

Que los mexicanos tengamos opiniones y posturas políticas siempre será bueno. Estamos ante unas elecciones muy importantes que definirán el futuro que queremos para México, si comprendemos que participando podemos cambiar la ruta, todos ganamos.

Evitar los temas políticos entre familiares, amigos y vecinos para salvaguardar relaciones, debería ser innecesario. Debemos aprender a plantear puntos de vista sin agresiones, mostrar referencias con respeto y justificar ideologías sin descalificar; sólo así conseguiremos un diálogo que construya ideas para mejorar nuestro país, sobre lo que debemos exigir a nuestra clase política.

La sociedad organizada ha conseguido influir en la conformación de políticas públicas y la transformación de leyes. Incluso cuando lo entendamos diferente, hablar de México nos beneficia a todos.