Ciudad de México.- La Ley de Amnistía aprobada de forma urgente desde el 20 de abril para ayudar a despresurizar los penales del país ante la pandemia del coronavirus no se aplica hasta la fecha. ¿La razón? No se ha podido crear la comisión que la ley contempla como primer paso para recibir las solicitudes de los reos que quieran acceder al beneficio.

Problemas burocráticos surgidos a partir de los recortes al presupuesto por las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han retardado la instalación de esta comisión, luego de que originalmente se prometió que el proceso sería rápido y no se agotarían los plazos legales.

Mientras tanto los niveles de sobrepoblación en las cárceles del país se han agravado. En mayo el número de personas en reclusión superaba las registradas al cierre del año pasado. La pandemia ha enfermado ya a cerca de 450 internos y 68 de ellos han perdido la vida. Según especialistas las cifras podrían ser mayores, pero existe opacidad en los registros oficiales.

La Ley de Amnistía fue aprobada por el Senado el pasado 20 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo mes. Pero un día después, el 23, se publicó el decreto de las medidas de austeridad firmado por el presidente, con recortes de 75% en los presupuestos de diversas dependencias.

Maïssa Hubert, subdirectora Ejecutiva de Equis Justicia, organización promotora de la referida ley ante el gobierno, dijo que aunque la norma plantea un plazo de 60 días para crear la comisión, había el compromiso político de no agotar este ni otros plazos para que la ley pudiera tener un impacto en el contexto de la pandemia.

Sin embargo, ya transcurrieron dos terceras partes de dicho periodo y la comisión no existe. El problema, explica Hubert, es presupuestal, ya que en los artículos transitorios de la Ley de Amnistía se ordenó la transferencia de recursos a la misma.

“Hay un borrador del acuerdo para crear la comisión de amnistía en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que está bloqueado por un tema que es presupuestal. Los transitorios marcaban que tenía que haber recursos, pero luego vino el decreto de austeridad y ahora no saben cómo darle salida al tema. Está bloqueado y no hay señal de que se mueva”, señalo en entrevista.

La Secretaría de Gobernación confirmó que la intervención de Hacienda ha detenido el proceso. Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de dicha dependencia, detalló en una conferencia en línea organizada por la organización Reinserta el jueves pasado el escollo presupuestal.

“Por cuestiones burocráticas para instalar la comisión, Hacienda nos pidió dar un reporte de suficiencia presupuestal de INMUJERES y del IMPI que no tienen que ver en la operación, sino que solo son integrantes de la comisión de Amnistía. Entonces hemos subsanado desde hace dos semanas este requerimiento y estamos al pendiente de la respuesta de Hacienda para poder terminar con el trámite y poder hacer la instalación”, dijo la funcionaria.

La tardanza en la implementación de la Ley de Amnistía federal también ha impactado negativamente en la posible implementación de dicha medida a nivel de los estados. Hubert explicó que hay 19 entidades con proyectos iniciales para crear sus normas.

“Pero están viendo que a nivel federal no se puede avanzar ni en lo mas básico que es la comisión, lo que ha despertado dudas sobre el modelo que se quiere implementar”, dijo.

Inútil contra pandemia y hacinamiento

Mas allá de los retrasos en su puesta en marcha, expertas en temas de seguridad y justicia advierten que la Ley de Amnistía, por sí sola, es una herramienta inútil para disminuir los riesgos de la pandemia en el sistema penitenciario, tanto por los tiempos que conlleva así como por su limitado alcance.

En su intervención en la conferencia en línea organizada por Reinserta, Catalina Pérez Correa, investigadora de la Universidad de Stanford, explicó que aun cuando se logre poner en marcha la comisión, lo que sigue es un periodo de presentación de solicitudes y el análisis de una por una, procedimiento que puede tomar otros cuatro meses al menos.

“Hay que separar a la Ley de Amnistía de la epidemia de COVID. La ley de Amnistía no es una respuesta para COVID. Los tiempos que requieren no dan para eso. Aunque se le rescató en ese contexto de la pandemia, la amnistía es mas bien una respuesta al uso excesivo que estamos haciendo del derecho penal y del sistema carcelario”, dijo.

Pérez Correa y la doctora en Derecho Ana Laura Magaloni coincidieron en la sesión en que la ley manda un mensaje correcto ,al contemplar que ciertas personas no deben estar en prisión, como una mujer que es acusada de practicar un aborto o un sujeto de bajos recursos detenido por narcomenudeo.

Esta información fue publicada originalmente por Animal Político