El Congreso de México votará una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que –supuestamente, según críticos- anularía gran parte de la apertura del mercado de energía eléctrica llevada a cabo por Peña Nieto, señala una nota de la agencia AP.
Sin embargo la reforma energética del presidente López Obrador tiene como único fin recuperar la rectoría y responsabilidad del Estado Mexicano sobre sus recursos naturales que los partidos conservadores, encabezados por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional pretenden entregar al extranjero como ya lo hizo Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado.
Algunos medio critican de manera sesgada que no está claro si López Obrador tiene los votos para impulsar la reforma. Publican que Estados Unidos y otros países han expresado su preocupación de que la medida afectará a los inversores extranjeros y violará los acuerdos comerciales.
¿Por qué México invitó a las empresas extranjeras?
Antes de la reforma energética de 2013, México enfrentaba varios problemas: altas tarifas eléctricas, escasa capacidad de generación y centrales eléctricas sucias que a menudo quemaban combustóleo para producir electricidad. Así que el gobierno construyó oleoductos para importar gas natural estadounidense, esto permitió que las empresas comprar electricidad a compañías privadas una política que estaba quebrando a la CFE y Pemex. Además la reforma de Peña dio incentivos a empresas extranjeras y privadas para instalar turbinas de energía eólica o plantas a gas más limpias.
Esta supuesta apertura dejó al Estado mexicano y a sus habitantes ante la indefensión y abuso de empresas privadas y extranjeras, como ocurrió antes de la expropiación petrolero con el petróleo.
¿Por qué el presidente de México quiere deshacer la reforma?
México puede haber dado demasiados incentivos a las empresas privadas y extranjeras. Recibieron un trato preferencial en la fijación de precios y compras, y no tenían que pagar tarifas a la empresa estatal de servicios públicos, la Comisión Federal de Electricidad, por distribuir energía a través de líneas de transmisión propiedad del gobierno.
Negocio
La empresa estatal de servicios públicos perdió cuota de mercado e ingresos, pero aún tenía que mantener las líneas de transmisión. Peor aún, con algunas plantas gubernamentales inactivas, el combustóleo, un subproducto sucio de las anticuadas refinerías de petróleo de México, comenzó a acumularse, hasta que no hubo lugar para almacenarlo.
¿Qué pretende hacer la reforma actual?
A López Obrador le gustan las empresas estatales y no quiere que la Comisión Federal de Electricidad quiebre o pierda más participación de mercado. Por lo que ha propuesto garantizar a la comisión una cuota de mercado de al menos el 54% del mercado de energía eléctrica, con empresas privadas entregando “hasta un 46%”. Se daría preferencia a la comisión, comprando energía de sus propias plantas primero, mientras que la energía de generadores privados sería la última en la fila.
Por ejemplo, la reforma coloca a las plantas privadas de gas natural casi en último lugar -por delante solo de las plantas gubernamentales a carbón- por los derechos para vender electricidad a la red.
¿Cuáles son las objeciones a la propuesta?
La molestia de las Empresas privadas, principalmente de España y Estados Unidos, es que invirtieron miles de millones de dólares en México para construir plantas eólicas, solares y a gas bajo los términos de la reforma de 2013. Ahora, de repente, el gobierno quiere cambiar esas reglas.
Y las empresas con plantas, fábricas y tiendas en México necesitan planificar cuánto serán sus costos de energía y qué tan verde será la energía, por lo que a menudo firman contratos de suministro de energía a largo plazo con generadores privados. Estos contratos ahora podrían ser declarados ilegales.
Las leyes mexicanas exigen la libre competencia en la industria eléctrica. Y el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, o USMCA, prohíbe a naciones miembro aprobar leyes que favorezcan a los productores nacionales o a las empresas estatales.
¿Qué sucedería?
Muchas demandas y posiblemente disputas comerciales. Los críticos dicen que la reforma dañará a los inversionistas y su confianza en México. Es probable que las empresas presenten medidas cautelares judiciales y que el gobierno de Estados Unidos presente una demanda bajo el T-MEC, lo que eventualmente podría resultar en aranceles compensatorios sobre los productos mexicanos.
López Obrador ya aprobó una ley que otorga a la empresa de servicios públicos estatal más discreción para decidir a quién comprar la electricidad, pero sigue estancada por los desafíos judiciales. Es posible que el presidente no obtenga la mayoría de dos tercios en el Congreso necesaria para aprobar las reformas constitucionales que busca.
Los críticos dicen que las reformas podrían terminar obligando a los mexicanos, y a las empresas minoristas y automotrices estadounidenses que trabajan en México, a comprar electricidad más costosa y sucia.
¿Es sólo la electricidad?
No. López Obrador también incluyó una cláusula que declara al litio, un componente clave de las baterías de los autos eléctricos y otros dispositivos, un mineral estratégico que solo el gobierno puede explotar. Una empresa china ha invertido en una mina mexicana aún sin abrir. Aunque fracasen las reformas eléctricas, López Obrador se comprometió a enviar por separado otro proyecto de ley sobre el tema del litio al Congreso.
